Hemos cerrado la semana pasada una jornada con la compañía de la cooperación internacional descentralizada y gubernamental española; con una compleja ejecución desde Santa Cruz, La Paz, Madrid, Cáceres, Badajoz y Jaén, el resultado nos ha dejado satisfecho a todos por la capacidad de reacción y oportunidad de los ejecutivos del FELCODE, Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, y el FAMSI, Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, con el involucramiento de la Embajada de España a través de su titular, Fernando García Casas.
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Podemos afirmar que tenemos al frente la posibilidad de apoyar la construcción de una Ruta Crítica de trabajo, alentada desde la sociedad civil expresada esta vez por el CEPAD, en tres temas que resultan estratégicos en la agenda política del Estado, el turismo, el ajuste autonómico al denominado 50/50 y el posicionamiento de lo urbano y las ciudades como centros de desarrollo y recepción de migración de áreas rurales.
La cooperación descentralizada española se basa en el denominado «0.7» que los Estados desarrollados destinan del Producto Interno Bruto (PIB), para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1970. España asumió el compromiso en 1991, teniendo cumplimiento irregular hasta que el gobierno del presidente Pedro Sánchez, en 2023, aprobó el alcanzar dicho porcentaje en 2030. En relación a los actores, la propuesta boliviana se sustenta precisamente en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, denominada “Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global”, que reconoce e incorpora como actores de la cooperación además de las instancias centrales del gobierno, a la cooperación descentralizada, la academia, las ONG y las Fundaciones.
El cambio de gobierno en Bolivia, a partir del origen municipalista del presidente Rodrigo Paz, ha modificado radicalmente las líneas y la gestión del desarrollo y también la conducta de 20 años, y ahora es posible incorporar en el Marco Asociación País, MAP, que debe firmarse entre Bolivia y España, temas manejados por los actores bolivianos y la cooperación descentralizada que no eran tomados en cuenta ni priorizados por el anterior gobierno.
La experiencia existente, además de la cooperación española dirigida desde la AECI, ahora entre ayuntamientos, los fondos de cooperación que han creado, la presencia de niveles regionales y de ONGs españolas durante 25 años liderizados por Extremadura y a las que se suman Andalucía, Valencia, Cataluña, Castilla y León o el país Vasco, garantizan un nivel de interlocución privilegiado dejando en evidencia que los instrumentos de cooperación para el desarrollo ajustados en Bolivia, han construido lazos de hermanamiento al más alto nivel y eficacia; el elemento de mayor relieve en la coyuntura, es que el ayuntamiento de Tarija, antes y después de la gestión municipal del alcalde Rodrigo Paz, ha sido beneficiario de la ejecución de programas y proyectos, habiendo participado él mismo, en una misión de trabajo en Extremadura.
Consideramos que las experiencias identificadas, pueden escalar en volumen y calidad aprovechando sinergias y experticias por la oportunidad abierta inequívocamente por las autoridades bolivianas y por el acompañamiento que realiza la Embajada de España en Bolivia. Esta nueva coordinación permitiría que las líneas de trabajo en ejecución, adquieran calidad de política pública a ser ejecutadas por actores territoriales y sin la intermediación perversa que existía en el Ministerio de la Presidencia, esta vez, por demanda del gobierno boliviano. Evaluando la disponibilidad institucional en los territorios bolivianos, encontramos la existencia de instrumentos de gestión con 2 Redes asociativas municipales, FAM, AMB, alianza con redes y otros actores de la sociedad civil, convenios con Universidades que apoyan el desarrollo de estas capacidades, y modelos pilotos y territorios de referencia, con resultados de impacto y en el volumen de los recursos que fueron destinados.
La apertura del gobierno boliviano en sus más altas jerarquías, ha permitido que las dificultades existentes para la ejecución de estas jornadas, sean menores, coordinando las reuniones oficiales el Ministerio de la Presidencia a través de la Viceministro de Autonomías, Andrea Barrientos.
En un momento electoral de reivindicación plena de la autonomía y de los territorios, tenemos derecho a compartir estas buenas noticias y pensar que es posible multiplicarlas.
(*) Carlos Hugo Molina es abogado especializado en Derecho Constitucional y Administrativo, docente e investigador
