La noche del pasado martes, el Congreso de la República del Perú destituyó al presidente interino José Jerí mediante una moción de censura aprobada con 75 votos a favor. El mandatario había permanecido en el cargo apenas cuatro meses. Su remoción marca el noveno cambio presidencial en diez años. Al día siguiente José María Balcázar asumió la presidente interina.
Se consolida así una tendencia institucional que ha convertido a la presidencia en la posición más vulnerable del Estado peruano. El poder real se ha trasladado del Ejecutivo al Legislativo donde una coalición parlamentaria fragmentada es controlada por intereses empresariales.
La paradoja es inquietante: mientras la política colapsa, la economía persevera. Perú cerró 2025 con crecimiento de 3,44% anual e inflación controlada. Pero esta estabilidad macroeconómica enmascara una patología institucional profunda que, lejos de resolverse, se perpetúa. De algún modo se han establecido mecanismos que han logrado hacer la inestabilidad política una eventualidad casi predecible y normalizada.
«El poder no pasa por la presidencia en la actualidad, sino por el Parlamento, que termina siendo la mesa de partes, el despacho de grupos empresariales», explica Arturo Ayala, politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su diagnóstico es directo: no se trata de una democracia débil, sino de una captura institucional específica. El Parlamento se ha convertido en la herramienta de élites económicas para vetar cualquier presidencia que amenace sus intereses.
El mecanismo de captura
La pregunta fundamental es: ¿cómo un cuerpo tan fragmentado (20-30 agrupaciones parlamentarias sin que ninguna controle más del 15%) logra tanto poder? La respuesta está en cómo se organiza esa fragmentación. «Hay una serie de élites en Perú que son prácticamente inamovibles, que manejan el Congreso e impiden que los presidentes realicen cambios significativos», señala Ricardo Alonzo Fernández, sociólogo que actualmente doctora en Economía y enseña en Perú. «Estas élites trabajan en banca, construcción y minería principalmente. Tienen cámaras de comercio similares a las que existen en Santa Cruz, como la CAO o Caínco. Pero el poder que tienen como lobby regulatorio no tiene comparación, porque están en el Legislativo».
El mecanismo es sistemático. Un presidente asume sin mayoría parlamentaria clara. Intenta legislar por decreto. El Congreso bloquea. Presentan mociones de censura contra ministros. Acumulan presión sobre el presidente. Si intenta romper el orden constitucional (como Pedro Castillo en diciembre 2022, intentando disolver el Congreso), es inmediatamente vacado. Si cede, es lentamente erosionado hasta su renuncia o censura.
Crisis enraizada
Arturo Ayala profundiza en cómo se institucionalizó este mecanismo. «Esta crisis continúa sostenida aproximadamente desde 2016-2017, cuando la amplia mayoría parlamentaria fujimorista dio el golpe de estado al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En una elección de 130 congresistas, el fujimorismo logró más de 70 parlamentarios, una mayoría abrumadora que utilizó para destruir la poca institucionalidad que quedaba». Esa mayoría fujimorista fue temporal, pero el precedente quedó. Desde entonces, coaliciones cambiantes han usado la estructura institucional para remover presidentes sistemáticamente.
Lo más significativo es que este poder no lo ejerce una mayoría política articulada, sino una dispersión estratégica. Actualmente hay casi cuatro decenas de binomios buscando la victoria en las elecciones generales del próximo 12 de abril. Pero, «en Perú no hay 40 proyectos de país, ni 40 posturas ideológicas distintas», explica Ayala. «Lo que hay es una lucha por el botín del Estado, porque así lo ven la mayoría de partidos políticos. Además, esto son extensiones de intereses empresariales convertidos en partidos políticos». Ejemplifica señalando que «partidos políticos surgen de universidades privadas. Alianza para el Progreso o Podemos Perú son extensiones de conglomerados empresariales universitarios que se convierten en partidos políticos. Aprovechando la estructura de las universidades privadas y defendiendo la privatización de la educación universitaria para beneficiar su negocio».
La fragmentación sistémica
La fragmentación no es debilidad del sistema, sino su fortaleza para mantener el status quo. Fernández describe el círculo vicioso. «El Congreso habitualmente sale ganador en la pugna de poder. Ya han sacado a varios presidentes. Esto demuestra esa disfunción política». Pero esa disfunción tiene un propósito: impedir que cualquier presidente intente redistribuir recursos o desafiar a las élites mineras.
Ayala añade un detalle histórico clave. «Esta situación de fragmentación e inestabilidad es fruto del marco constitucional de Fujimori. Cuando realizó contrarreformas contra los partidos políticos, debilitó institucionalmente a los partidos históricos y avaló la fragmentación y proliferación de partidos independientes. A la larga, esto significó la destrucción del sistema de partidos previamente existente». La ironía es que esta fragmentación, diseñada por Fujimori para mantener control en los noventa, se convirtió en un mecanismo que ahora permite que múltiples élites compitan por usar el Parlamento contra cualquier Ejecutivo que las amenace.
El resultado es un Congreso que funciona perfectamente como distribuidor de veto, pero que carece completamente de capacidad legislativa constructiva. «Si algún nuevo presidente adopta una posición contraria a los grupos empresariales, lo que sucederá es lo que estamos viendo ahora: campañas mediáticas completas contra el presidente y que podrían derivar en una futura censura», advierte Ayala.
El escenario electoral
Con las elecciones generales convocadas para abril de 2026, la fragmentación alcanzará nuevos extremos. Alrededor de 40 candidatos presidenciales han sido inscritos. La pregunta obvia es, ¿por qué tanta dispersión? Fernández responde directamente: «Hay movimientos nacionalistas y movimientos regionalistas en Perú que explican esta desconexión. La gente ha perdido las alternativas que podrían darse». Sin partidos que articulen demandas coherentes, cada candidato es un vehículo personalista sin programa estructurado.
La campaña electoral está geográficamente polarizada. Ayala lo describe con precisión. «Lo que hemos visto es una fragmentación del voto y prácticamente una fragmentación de la propia disputa dentro de cada parte del espectro. Los candidatos de derecha saben que necesitan el voto de Lima. Los candidatos de derecha ni siquiera pueden hacer un mitin abierto en el sur del país; deben hacerlo en algún salón o auditorio. No pueden hacerlo en una plaza pública porque saben que no van a conseguir votos del sur».
«Por el contrario, los candidatos que buscan el voto anti-establishment, el voto de cambio, van a concentrar su campaña en el sur del Perú. En las zonas rurales, atendiendo con un discurso dirigido a estas zonas, mucho más claro y firme, contra el modelo establecido. Así, se fragmenta no solamente la representación, sino los propios públicos electorales».
Perspectivas
Ambos entrevistados coinciden en el pesimismo sobre el potencial transformador de las próximas elecciones. Ricardo Alonzo Fernández es directo. «Yo veo que hay bastante quietismo. La política aquí parece bastante estancada». Añade una perspectiva comparativa: «En Bolivia hay bastante dinamismo. Han cambiado de modelo, han alternado partidos. Incluso en Chile, Argentina y Brasil hay cambios significativos de partido. Pero en Perú, por las propias dinámicas de poder, hay considerable quietismo incluso cuando cambian los rostros políticos».
Arturo Ayala profundiza en por qué las elecciones no resolverán la crisis estructural. «No habrá cambios de fondo ni situación que pueda romper con esta crisis si no hay una mayoría social aplastante que permita realizar y sostener cambios en Perú. Esta situación de fragmentación entre Lima y las regiones, la fragmentación política y consecuentemente parlamentaria con pequeñas bancadas, permite que el poder empresarial, centralista y limeño, maneje el Parlamento a su antojo».
¿Qué se requeriría para romper el ciclo? Fernández es claro: «se requeriría un cambio constitucional para cambiar las reglas del Congreso. Pero como el Congreso se ha llenado de lobbies empresariales, yo esperaría que no cambie muchas cosas. Se puede ser escéptico o pesimista respecto al cambio».
El escenario más probable para 2026 es entonces conocido: un presidente que emerge sin mayoría parlamentaria. El Congreso lo bloquea. Eventualmente, es censurado o renuncia. Un nuevo presidente interino asume. La economía continúa creciendo gracias a rentas mineras exógenas. Las provincias permanecen abandonadas. Las élites limeñas protegen sus intereses. Y Perú perpetúa su paradoja: un país que funciona económicamente pero que está institucional y sistémicamente desarticulado.
Raíces históricas de la inestabilidad peruana
La inestabilidad política que ha caracterizado al Perú en la última década no es accidental ni coyuntural. Es la manifestación contemporánea de divisiones históricas que han permanecido irresueltas desde la época colonial. Entender la crisis de hoy requiere retroceder siglos para comprender por qué una nación fracturada en múltiples clivajes nunca logró integrarlos en un sistema de representación coherente.
Perú proviene del Virreinato de Lima, y esto se ha mantenido inalterable a través de los siglos. Este dato aparentemente histórico es, de hecho, la clave para comprender la política peruana contemporánea. A diferencia de Bolivia, donde la Guerra Federal de 1899 produjo un desplazamiento sísmico del poder de Charcas a La Paz, Perú nunca experimentó una ruptura equivalente que reequilibrara el poder territorial. Las élites limeñas gozan de un largo predominio de forma ininterrumpida.
«En Perú, esta estructura se ha mantenido como una regularidad histórica», señala el politólogo Arturo Ayala. Lima no es simplemente la capital; es el corazón de un sistema de control y dominación que ha perdurado desde la colonia.
La regularidad histórica
La geografía política peruana refleja esta concentración de manera dramática. «Un tercio de la población peruana se encuentra en Lima, dejando muy atrás a las otras ciudades. Si Lima tiene más de 11 millones de habitantes, Piura, la segunda ciudad más grande, no pasa de 1,2 millones», detalla Ayala. Esta brecha no aparece del aire, sino que es producto de políticas de inversión y poder que han mantenido a Lima como centro gravitacional absoluto.
Ricardo Alonzo Fernández complementa este análisis con evidencia empírica. «Casi todas las inversiones se realizan en Lima. Hay una división clara entre el centro de Lima y el resto del país». Y profundiza en las consecuencias espaciales. «La ciudad está muy estratificada. Hace unos años, había barrios completamente divididos del resto mediante muros. Esos muros han estado siendo removidos, pero aún persisten en algunas áreas» de la capital peruana.
Esta concentración genera dinámicas políticas específicas. Las provincias sufren sistemáticamente de carencias estructurales. «Es muy común ir a Arequipa, Puno, Cusco o cualquier otra región fuera de Lima y notar las carencias. Hay falta de inversiones en educación, carreteras, infraestructura en general», subraya Fernández. Hay un tercio de peruanos viviendo en pobreza; la mitad de los colegios en Perú no tienen agua o desagüe.
El clivaje étnico-racial superpuesto
A esta división geográfica se superpone otro clivaje que es igualmente fundamental. «Existen diferencias históricas de carácter étnico-racial entre la costa, la Amazonia y la sierra», señala Ayala. Explica que el centralismo que define la política peruana es también uno que marginaliza a las mayorías quechuas, aimaras y amazónicas.
Esta exclusión tiene consecuencias políticas directas. «Este centralismo define la política peruana de espaldas a las mayorías rurales, quechuas, aimaras y amazónicas. Esto se reflejó claramente en la conflictividad social que surgió tras la caída del gobierno de Pedro Castillo, centrada especialmente en el sur. Las protestas en las comunidades quechuas y aimaras tuvieron un saldo de más de sesenta muertos», asevera Ayala.
Fernández lo contextualiza en términos de identidad colectiva. «Existe racismo y una especie de xenofobia entre limeños y provincianos, que es palpable». Esta fractura no es meramente económica sino profundamente cultural e identitaria.
Estructura política
El resultado es un sistema electoral donde el clivaje Lima-provincias es el organizador fundamental de la competencia política. «En las elecciones siempre hay fragmentación y diferenciación entre el voto de Lima y el voto de provincia», subraya Ayala. «El voto del sur, por ejemplo, es antilimeño en el sentido de que va a votar contrario a los intereses del poder central en la capital».
Esta dinámica permite que candidatos anti-establishment lleguen al poder mediante coaliciones contestatarias a Lima. «Esta es la dinámica de poder interna que tenemos y que hemos arrastrado durante años, permitiendo que candidatos como Ollanta Humala y Pedro Castillo llegaran a la presidencia, gracias especialmente al voto del sur del Perú», puntualiza Ayala.
Sin embargo, una vez en la presidencia, estos candidatos descubren que el poder institucional reside en el Parlamento, controlado por élites limeñas. Son destituidos rápidamente. El ciclo se reinicia.
La paradoja fundamental es que Perú posee clivajes profundos y estructurales —centro-periferia, étnico-cultural, clase— pero carece completamente de canales institucionales que los integren en coaliciones durables o partidos coherentes. Las divisiones son extremas y la incapacidad para resolverlas institucionalmente es mayor aún. Ese es el Perú contemporáneo: una nación dividida que heredó del Virreinato la concentración del poder sin generar instituciones democráticas que pudieran integrarla.
