El siguiente pasaje pertenece al programa electoral del año pasado del frente Libre: “Debemos tener claro que la inclusión y respeto a la diversidad son solo posibles dentro de un régimen republicano que promueva los mismos derechos y obligaciones para todos –o sea ciudadanía–, sin privilegios ni prerrogativas odiosas, de ninguna clase”.
Como se comprenderá, la aplicación de este principio liberal, “los mismos derechos y obligaciones para todos”, en caso de volver a darse de manera secante, eliminaría la diferencia indígena del mapa legislativo o, para ser más matizados, la desplazaría del plano del contrato social y la relación entre el Estado y los ciudadanos a los niveles superestructurales (Libre habla de “inclusión” y “respeto” de la diversidad, por ejemplo).
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Sin salir del ecosistema de las teorías políticas liberales, se puede plantear que una sociedad democrática debe basarse en la equivalencia de todos sus miembros, sin que importen su origen ni su condición social. Pero esta equivalencia va más allá de la igualdad de derechos, aunque la incluya. Se logra a través del reconocimiento de todos, en particular de quienes, por razones históricas, han sido inferiorizados y racializados.
En una sociedad democrática, todos los ciudadanos deben gozar de al menos tres “prerrogativas” (usemos este término que ha sido puesto en debate): 1) deben ser tratados con respeto por la colectividad, 2) deben poder vivir de la manera en que lo decidan de acuerdo a sus medios de vida y 3) deben poder acceder con facilidad igual a todo lo que sea considerado público, de bien público, en la sociedad en la que viven.
Sabemos que en Bolivia estas tres prerrogativas están inscritas en las leyes formales desde 1967 al menos. Sin embargo, en la práctica, la equivalencia de los miembros de la sociedad está bloqueada, no se realiza completamente.
Las causas de este bloqueo son varias. La más importante es que somos un país poscolonial. Esto significa que, por la herencia social que viene desde la Colonia, todos los que nacen en Bolivia reciben una valoración distinta (tienen prerrogativas disímiles) si son descendientes indígenas o si son descendientes “no indígenas”. O dicho de otra manera: la posibilidad de ejercer derechos depende de la condición de nacimiento de cada quien. Esto puedo demostrarlo empíricamente (cfr. mi libro de 2022 “El racismo en Bolivia”).
Así que para desbloquear las vías de la igualdad liberal, Bolivia necesita, entre otras cosas, romper la actual trasmisión hereditaria, una generación tras otra, de esta jerarquía étnico-racial que proviene del pasado.
Romper esta herencia no es algo que se pueda lograr de manera automática, es decir, esperando que se pase con el tiempo.
Solo se puede romper la herencia anti-igualitaria que las actuales generaciones han recibido mediante acciones afirmativas que ayuden a los descendientes indígenas a equilibrar los derechos y posibilidades reales que tienen ellos, con los derechos y las posibilidades reales que tienen los descendientes no indígenas.
La más importante de las acciones afirmativas que se ha dado en los últimos años ha sido la designación de Bolivia como un Estado Plurinacional. Es verdad que la proclamación del Estado Plurinacional obedeció a una diferente constelación teórica que la liberal. Pese a ello, igualmente ha ofrecido una afirmación simbólica e histórica a los descendientes indígenas.
16 años después de la proclamación del Estado Plurinacional, se puede decir que esta acción no ha dañado la primacía de la nación boliviana. Por otra parte, tampoco ha coartado los derechos de otros grupos sociales.
Un teórico liberal heterodoxo, Michael Sandel, cree que las acciones afirmativas no son injustas. ¿Por qué no son injustas? Porque sirven para constituir una comunidad. Una comunidad debe ser un ámbito protegido y afectivo para sus miembros, en particular para los más débiles. Este es el primer punto a favor de apostar por un Estado Plurinacional como acción afirmativa pro-indígena.
Además de esto, la apuesta por el Estado Plurinacional tiene una ventaja táctica. Impediría que alrededor de tres millones de indígenas se orientaran en contra de un sistema político teóricamente igualitario, pero que en la práctica iguala a los que son desiguales de partida y por eso reproduce su desigualdad. ¿Por qué enajenar a los indígenas de la democracia imponiéndoles de nuevo un sistema político que no tome en cuenta las diferencias históricas entre los bolivianos?
Conservar el Estado Plurinacional ofrece una ventaja constructiva, la constitución solidaria de la comunidad, y una ventaja táctica: una mejor gobernabilidad para el ciclo político que sucederá al MAS.
Sin embargo de esto, muchos de los núcleos dirigentes de la élite política de los sectores no indígenas del país muestran una falta de generosidad y de lucidez impresionantes y se oponen al Estado Plurinacional, así como a otras formas de acción afirmativa pro-indígena.
En lugar de eso, plantean el “retorno a la república” y la “ciudadanía” y al discurso del mestizaje universal. A estos planteamientos se aplica muy bien el adjetivo de “monoculturalismo liberal”.
Tal condición, por cierto, fue superada una década antes del MAS, con la Constitución de 1995, redactada por el neoliberalismo multicuturalista.
¿Por qué la élite hace lo que hace? ¿Es por dogmatismo ideológico, ya que está mentalmente fijada en el liberalismo “puro”? En parte. Pero también lo hace parcialmente por egoísmo, porque quiere construir una nación boliviana exclusivamente en sus términos: “moderna” y con “derechos universales”, un escenario que le convenga absolutamente. Y, también, por racismo.
Varios núcleos dirigentes de la élite política de los sectores no indígenas ni siquiera se plantean ver y escuchar a los “otros”, mucho menos incorporarlos, ya que no los registran en su imaginación del contrato social y, en cambio, los “sienten” como inferiores y –con sus comunidades, territorios, wiphalas, acullicos, corporativismo y falta de blanquitud– como una rémora para el país.
(*) Fernando Molina es periodista
