Los últimos 25 años marcaron un punto de inflexión para los derechos de las mujeres en Bolivia. Desde la década del 2000, las luchas feministas lograron incorporar reivindicaciones de género en la Constitución Política del Estado y en diversas normativas. Sin embargo, dos décadas después, el panorama presenta luces y sombras. Si bien hay avances concretos en representación legislativa, persiste un machismo estructural que resiste transformarse y emerge una ola conservadora global que pone en riesgo estas conquistas.
«El tema de la participación política de las mujeres nunca ha sido una concesión ni del gobierno del MAS ni de la voluntad explícita del expresidente Evo Morales. Ha sido un arduo trabajo de las organizaciones de mujeres. Sobre todo, de sectores populares que desde la década de 1980 vienen peleando por su subrepresentación», explica Lourdes Montero, doctora en Ciencias Sociales y responsable país de Oxfam en Bolivia. Esta aclaración es fundamental: los avances no fueron concesiones gubernamentales, sino conquistas de movimientos sociales.
El fetichismo legalista: cuando las leyes no bastan
Rocío Estremadoiro, también doctora en Ciencias Sociales y académica boliviana, introduce un concepto central para entender la situación actual: el fetichismo legalista. «Lo que muchas veces sucede en Bolivia es que suelen cambiar las normas, suele cambiar la normativa, la retórica incluso, los simbolismos. Pero siempre se esperan mucho los cambios estructurales reales», señala. Este fenómeno, señala, implica que «se cambian las leyes, incluso la Constitución, pero el fondo, el cambio estructural, todavía se deja esperar».
La composición del poder evidencia esta paradoja. Si bien Bolivia logró paridad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los concejos municipales y en las asambleas departamentales, «las cabezas de los Ejecutivos siguen siendo mayormente figuras masculinas», observa Estremadoiro. Lo que comenzó como un esfuerzo de paridad en ministerios y viceministerios durante los primeros gobiernos del MAS, con el tiempo fue cediendo.
El primer gabinete de Evo Morales, en 2006, incluyó a cuatro mujeres entre un total de 16 ministros. La cifra subió en 2015 a siete entre 21. El primer gabinete de Luis Arce, en 2020, presentó a tres mujeres entre 16 carteras. Por su parte, el actual presidente, Rodrigo Paz, juramentó en el cargo a tres ministras entre 18 espacios disponibles.
Montero identifica dónde está el verdadero desafío: «La brecha o el horizonte de nuestra nueva lucha tiene que ver con los órganos ejecutivos. Es allí donde todavía hay que avanzar, porque no hay leyes que lo obliguen. Las organizaciones políticas toman decisiones privilegiando la representación masculina».
El machismo que persiste
Más allá de las estadísticas de representación, ambas expertas coinciden en que el machismo estructural sigue arraigado en la sociedad boliviana. «A pesar de este cambio de normativas, de mayor inclusión de mujeres en los espacios públicos, de acciones afirmativas, el machismo muchas veces ha continuado imperando, incluso desde las esferas de la misma función pública», advierte Estremadoiro.
La evidencia más dramática de este machismo persistente son las cifras de violencia de género. «Feminicidios todavía impunes, violaciones impunes, violencia de género impune. Hubo casos de autoridades que ejercieron este tipo de prácticas y que han quedado impunes», denuncia la académica.
Datos
Según datos oficiales, en 2025 se registraron 81 feminicidios en Bolivia. Esto marca un descenso desde el pico de 130 hechos de esta naturaleza según las cifras que consigna el Observatorio de la Mujer. 2024 cerró con 84 decesos, 2023 con 81 y 2022 con 95. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubica a Bolivia como el sexto país de acuerdo al indicador de feminicidios per cápita en 2023.
Montero añade una observación preocupante sobre la evolución de esta violencia: «Hemos venido analizando que los feminicidios cada vez se dan con mayor rabia, con mayor dolo. Incluso hemos visto algunos casos en Bolivia, pero no solo en Bolivia, en toda América Latina y el mundo, de, por ejemplo, la violencia vicaria. Esto quiere decir que los hombres deciden hacer daño a los hijos como una herramienta para un castigo ejemplificador para las mujeres».
Un punto que ambas entrevistadas enfatizan es que el machismo no es exclusivo de los hombres. «Lo que hay que admitir es que el machismo es una construcción cultural que puede ser compartida por hombres y por mujeres», señala Estremadoiro. Montero observa que «no son los hombres los que exclusivamente reproducen la desigualdad de género. También hay un conjunto de mujeres que puede estar pensando que los roles de género tradicionales le dan certeza y certidumbre a su vida».
La ola conservadora global y sus manifestaciones locales
Un fenómeno que preocupa a ambas expertas es el resurgimiento de movimientos conservadores a nivel mundial que cuestionan las conquistas feministas. Montero describe cómo «en el ámbito político todavía encontramos resistencia» y cómo esta resistencia se ha volcado hacia «el ámbito de la familia». Ahí, sectores conservadores construyen «esta idea de que hay un desorden social cuando la mujer está en la política, está en la economía. Y que, por tanto, descuida la casa, el lugar y el rol tradicional de la mujer».
Esta reacción conservadora tiene manifestaciones concretas en redes sociales y cultura popular. «Hay toda una tendencia de mujeres que están queriendo romantizar la idea de ama de casa. En TikTok puedes encontrar un montón de señoritas y señoras que hacen de la idea del tradwife (contracción de traditional wife). Es decir, la mujer tradicional ama de casa, como una mujer feliz, como una mujer tranquila», observa Montero. La analista advierte que «el problema es que cada vez ese es un privilegio de clase».
Paralelismos
Estremadoiro establece un paralelismo histórico inquietante. «Cuando yo escucho a estas corrientes que hablan de lo woke o de lo progre, veo una generalización similar a la doctrina de seguridad nacional». Explica que, así como en la Guerra Fría «en la bolsa de comunismo generalizaban cualquier movimiento reivindicativo», ahora «tienen el título de woke, de progre, a todo lo que implique derechos humanos, al feminismo, al indigenismo, a las corrientes reivindicativas de las diversidades sexuales».
Para la académica, este retroceso es particularmente preocupante en pleno siglo XXI. «Es impresionante que a pesar de todo el conocimiento que ostenta la humanidad en este siglo, queramos retroceder hacia ideas que ya deberíamos haber superado. Ideas feudales, ideas esclavistas, ideas machistas, ideas que van contra la diversidad sexual».
El discurso meritocrático como nueva barrera
Ambas entrevistadas identifican otro obstáculo emergente: el discurso meritocrático que invisibiliza las desigualdades estructurales. Montero lo explica indicando que a títulos de que «ya tienen iguales oportunidades, están en las mismas condiciones. Ahora, la mujer más preparada seguramente va a llegar a ser presidenta».
Sin embargo, esta supuesta igualdad de oportunidades ignora las cargas diferenciales. «Una mujer, por más preparada que esté, todavía tiene que responder a una enorme cantidad de trabajo del cuidado (de la familia). Esto la pone en desventaja sobre cualquier hombre político, al que nadie le pregunta dónde ha dejado sus hijos cuando viene a representarnos al Congreso. En cambio, esa es una sospecha permanente sobre las mujeres políticas».
Autocrítica y desafíos pendientes
Las expertas también reconocen errores en las estrategias implementadas. Montero hace una autocrítica importante. «La estrategia que desarrollamos fue insuficiente. Pensábamos que avances normativos iban a cambiar algo que es central, que son los imaginarios sociales. No pusimos suficiente atención en los cambios en ideas, creencias, actitudes, que cambian socialmente mucho más lento».
Estremadoiro coincide en que se necesita ir “más allá de la letra, la retórica y el simbolismo. Hay que seguir también incidiendo para cambios más profundos, más estructurales. Menos letra, menos retórica, menos simbolismo, que es lo que ha abundado en los gobiernos del MAS. Se tiene que insistir con cambios estructurales, en la mentalidad también de la gente, en la educación».
El camino hacia adelante
A pesar del panorama complejo, ambas expertas mantienen una postura clara sobre la necesidad de continuar las luchas. Montero identifica tres ejes fundamentales. «No permitir retrocesos», «discutir cualquier cambio legislativo con quienes han protagonizado estos avances», y «escuchar más y mejor a las jóvenes que vienen con unas agendas tremendamente complejas». Estas incluyen desafíos ambientales y cuestionamientos al sistema productivo.
Estremadoiro es enfática sobre la imposibilidad de retroceder. «No hay que mermar en las luchas, porque la humanidad ya sabe lo suficiente, ya tenemos conocimiento, ya tenemos ciencia. No estamos en la Edad Media». Para ella, «tienen que continuar las luchas feministas, tienen que continuar las luchas por los derechos indígenas, por los derechos de las diversidades, por los derechos de los grupos subalternizados».
El mensaje de ambas es claro: los avances en derechos de género en Bolivia, aunque significativos en lo normativo, requieren de una transformación cultural profunda. Se debe ir más allá de las leyes. Frente a la ola conservadora global, la respuesta debe ser continuar con las luchas. Porque, como señala Estremadoiro, «este tipo de derechos son parte de la evolución humana».
Derechos indígenas: cuando la wiphala no basta
La wiphala ya no ondea con la misma frecuencia en los actos oficiales. Los rostros indígenas han disminuido en el Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa. Y lo que es más sintomático es que no hay un reclamo social significativo al respecto. Dos expertas en ciencias sociales analizan este fenómeno que va más allá de un simple cambio de gobierno y revelan una paradoja: Bolivia mantiene prácticas coloniales bajo la retórica plurinacional, mientras la sociedad confunde las reivindicaciones indígenas históricas con el proyecto político del MAS.
«En Bolivia hemos arrastrado siempre prácticas y mentalidades feudales, no sólo en el siglo XIX, sino también en el siglo XX. Eso se pretendió reivindicar con la nueva Constitución, con el llamado Estado Plurinacional, el reconocimiento de que en Bolivia hay muchos pueblos indígenas», explica Rocío Estremadoiro, doctora en Ciencias Sociales y académica boliviana. Sin embargo, advierte que como ocurrió con la cuestión de género, «mucho quedó en el simbolismo, en la retórica, en la letra».
El fetichismo de la wiphala
El concepto de «fetichismo legalista» que Estremadoiro utiliza para describir los avances de género, también aplica a las reivindicaciones indígenas. «De nada sirve que sean veinte whipalas, que se enarbole la wiphala en cada acto público como acostumbraba ser en el MAS, si en la práctica continúan las prácticas políticas excluyentes, coloniales, continúa la mentalidad colonial», sentencia la académica.
Lourdes Montero, responsable país de Oxfam en Bolivia, traza un paralelismo revelador entre las luchas de género y las indígenas. «Desde 1952, cuando juntos logramos el voto universal, juntos hemos ido avanzando y juntos hemos ido retrocediendo». Ambas expertas coinciden en que los retrocesos en derechos de las mujeres históricamente van de la mano con el retroceso en derechos indígenas.
Cuando el discurso plurinacional choca con la realidad
Uno de los casos más ilustrativos de esta contradicción es el de los pueblos indígenas de Tierras Bajas. Estremadoiro relata el caso de los esse ejja. «Reclaman territorio hace muchos años. Cuatro años han tenido que peregrinar para reunir documentos y demás, que acepten su demanda. El INRA les ha tardado en responder ocho años. Es increíble que le hagan eso a un pueblo indígena ancestral».
La académica resalta la ironía. «No puede ser que el llamado Estado Plurinacional no pueda tener en cuenta algo tan básico cuando se supone que ha reivindicado la diversidad». El problema, explica, es que les han otorgado «territorios dispersos, que no están cerca de los ríos. Y esa es una cultura que vive de los ríos, su cosmovisión está muy ligada a los ríos».
Este ejemplo ilustra una contradicción más profunda: el mantenimiento del modelo extractivista. «Se continúa con el modelo extractivista primario exportador, que es completamente colonial y antiindígena, en el manejo del territorio, en la concepción de lo que significa el territorio, la relación con la naturaleza», señala Estremadoiro. Anota que «ese es un modelo antiindígena, porque es una concepción completamente occidental de la relación entre ser humano y naturaleza. Esto no necesariamente lo comparten los indígenas».
La confusión entre lo indígena y el MAS
Ambas expertas identifican un fenómeno preocupante: la confusión entre las reivindicaciones indígenas históricas y el proyecto político del MAS. «Hay una reacción de asumir lo indígena como sinónimo del MAS. Y como los gobiernos del MAS no fueron un ejemplo de no corrupción y no malos manejos, de alguna manera hay una reacción en la cultura política también antiindígena», explica Estremadoiro.
Sin embargo, la académica es clara. «Por más que los gobiernos del MAS no hayan sido lo que uno esperaba, no debería asumirse lo indígena como una cuestión sinónimo del MAS. De lo que llamamos masismo. La lucha por las reivindicaciones indígenas data de mucho antes en Bolivia por razones obvias: porque somos un país que tiene una gran ascendencia indígena».
Montero describe el mismo fenómeno desde otra perspectiva. «Hay una sensación de que ya los indígenas tenían demasiado, exactamente el mismo argumento nos dicen a las mujeres. ‘Ya tienen todo, ya tienen la (Ley) 348, tienen la (Ley )243, ¿ya qué más quieren?'». Este discurso, advierte, «tiende a esconder las diferencias y las brechas históricas y las desventajas que estos dos actores de la sociedad han tenido a lo largo de la historia».
Entre la cooptación y la estigmatización
Estremadoiro señala un doble problema. «Lamentablemente el MAS cooptó esas luchas para funcionalizarlas a favor de sus intereses partidarios. Las perpetuó, por un lado, y por otro lado también las funcionalizó, a pesar de que continuaron con prácticas coloniales y con mentalidades coloniales».
Ahora, el péndulo ha ido hacia el otro extremo. «Se asume lo indígena como parte de lo progre, de lo woke, y toda esa carga de prejuicios», lamenta la académica. Esta estigmatización ocurre en el contexto de una ola conservadora global que, según Estremadoiro, generaliza de manera prejuiciosa. «Tienen el título de woke, de progre, a todo lo que implique derechos humanos, al feminismo, al indigenismo».
El mensaje de ambas expertas es contundente: Bolivia necesita superar tanto el simbolismo vacío del Estado Plurinacional como la reacción conservadora actual. Las reivindicaciones indígenas no son patrimonio de ningún partido político, sino parte de la evolución hacia una sociedad más justa que reconozca y respete genuinamente su diversidad cultural.
