La Fiscalía confirmó que las siete toneladas de droga incautadas en Chile hace unos días salieron desde el departamento de Santa Cruz y tenían como destino final España.
El fiscal asignado al caso, Julio César Porras, informó que en el marco de la investigación se aprehendió a la representante legal de la empresa exportadora, aunque no dio a conocer su nombre. Sin embargo, dijo que está directamente implicada en el envío del cargamento ilícito.
“Ya se ha aprehendido a una persona que era la encargada de la empresa referente a la exportación y también su representante legal”, explicó Porras en entrevista con DTV.
Droga en Chile
Precisó que la audiencia de medidas cautelares se realizará este martes. La mujer fue imputada por el delito de tráfico de sustancias controladas y el Ministerio Público solicitará su detención preventiva.
El fiscal explicó que la empresa involucrada se encuentra legalmente constituida y cuenta con varios años de funcionamiento; sin embargo, las investigaciones establecieron que su representante legal tenía “pleno conocimiento” del contenido ilícito del cargamento.
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ejecutó el allanamiento de las oficinas de la empresa y procedió al secuestro de documentación original, que ahora es analizada para identificar a otros posibles responsables. “Es un caso complejo por la magnitud y la cantidad de la sustancia, pero la documentación secuestrada nos está dando directrices claras para seguir avanzando”, sostuvo Porras.
Fiscal Porras
En ese sentido, adelantó que en los próximos días se conocerán nuevos avances.
La confirmación del origen del cargamento reavivó el cruce de acusaciones entre el vicepresidente Edmand Lara y el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.
Lara utilizó el caso para insistir en sus denuncias sobre presuntos vínculos del “zar antidrogas” con estructuras del narcotráfico y lo acusó de encubrir a jefes policiales con antecedentes cuestionados.
“Estos hechos demuestran que el narcotráfico sigue operando con protección desde dentro del Estado”, afirmó Lara en declaraciones difundidas en redes sociales, donde volvió a exigir una investigación independiente sobre la actuación de Justiniano.
Investigación
El viceministro, por su parte, rechazó de manera categórica las acusaciones y las calificó como “ataques políticos sin sustento”. Justiniano reiteró que las investigaciones están en manos del Ministerio Público y que su despacho coopera plenamente con la Policía Boliviana. “Aquí no hay protección a nadie. Los hechos demuestran que estamos golpeando estructuras criminales, por grandes que sean”, afirmó.
Mientras la polémica política escala, la Fiscalía aseguró que el proceso seguirá su curso con criterios técnicos y legales, y que se investigará toda la cadena de responsabilidades vinculadas al envío del cargamento desde Santa Cruz hacia Europa.
