El diputado Daniel Alcalá (Libre) informó sobre la presentación de un proyecto de ley que plantea la revisión urgente de los casos de personas privadas de libertad cuyos trámites para acceder al beneficio del indulto se encuentran paralizados.
“El decreto de amnistía e indulto del anterior gobierno no ha podido ayudar a ninguna persona, debido a que existen alrededor de 3.000 solicitudes ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero ninguna fue respondida porque están de vacaciones”, indicó el legislador.
El 11 de diciembre, la justicia denegó la Acción de Libertad interpuesta por la Defensoría del Pueblo, frente a la dilación del TSJ en la extensión de certificados a privados de libertad para acceder al indulto presidencial.
Entonces, señaló que “a más de un mes las solicitudes de certificado no tienen respuesta hasta la fecha”, por lo que la Defensoría planteó una acción de libertad pidiendo celeridad en la emisión de estos certificados.
El 22 de octubre, el gobierno emitió el Decreto Presidencial N° 5460 destinado a beneficiar con el indulto a los privados de libertad con sentencia condenatoria. El mismo, en el artículo 6 inciso c), refiere que el privado de libertad debe obtener un certificado emitido por el TSJ, que indique si tiene otros procesos o ha sido beneficiado con otra amnistía en los cinco años.
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Alcalá recordó que las autoridades judiciales se comprometieron a trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana; sin embargo, lamentó que “no están dando respuesta a la población”.
“He presentado este proyecto de ley, que ha sido trabajado junto a personas privadas de libertad, porque nos encontramos en una situación delicada. Ellos se sienten mal, ya que consideran que representan un gasto muy fuerte para el gobierno, y lo único que quieren es tener la oportunidad de que se revisen sus casos, muchos de los cuales ya han sobrepasado el límite de tiempo”, sostuvo.
El legislador añadió que existen “muchos” privados de libertad que permanecen más de tres años en la cárcel, entre investigaciones prolongadas y excusas procesales.
También denunció que el sistema judicial se encuentra “prohibitivo”, especialmente en lo que respecta a fiscales, jueces y abogados, por lo que consideró que “es momento de que, como Asamblea Legislativa, se pueda hacer algo”.
“Con la presentación de este proyecto de ley, pido a los diputados y senadores su apoyo para dar un alivio a las cárceles de Bolivia, recordando especialmente que existen personas de la tercera edad y con enfermedades terminales”, afirmó.
