El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, aseguró que no está en agenda la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y que la estatal se mantendrá como un actor central del sector energético en el país.
Ante la consulta en Piedra, Papel y Tinta de La Razón sobre una eventual privatización, respondió: “Lo que pasará ahora es que convivirán en una suerte de asociaciones público-privadas (APP); YPFB por un lado, los privados por el otro. Pero la idea es que el péndulo regrese desde el histrionismo en el que estamos ahora a una situación más moderada y YPFB sea un actor principal de toda esta cadena de valor”.
Señaló que, incluso, se plantea una proyección internacional de la estatal, con participación en áreas de exploración fuera del país. Según el ministro, el objetivo es pasar de un escenario marcado por tensiones ideológicas a uno más moderado, con reglas establecidas y mayor competencia.
“Tener verdaderamente un bloque de exploración en Argelia o donde sea que abran estas cosas y que YPFB sea una transnacional más”, explicó.
Aseguró que el Ejecutivo alista una reconfiguración del esquema de subvención a los carburantes y un rediseño integral del sector energético. Incluye nuevas leyes para hidrocarburos, electricidad, energías verdes y litio. El objetivo: ordenar precios, atraer inversión privada y revertir la caída en la producción.
Subvención
En una anterior emisión, el excandidato Antonio Saravia y el economista Alberto Bonadona, plantearon que una de las primeras medidas económicas que debió tomar el Gobierno era levantar la subvención a los combustibles.
Según Medinaceli, desde el punto de vista normativo “es fácil” quitar el subsidio de forma inmediata. Sin embargo, aseguró que hacerlo sin un plan tendría impactos económicos y sociales negativos. Ante esta situación, indicó que el ejecutivo trabaja en un esquema “responsable”, con medidas de corto y mediano plazo. Esto, dijo, consideran toda la estructura de formación de los precios.
Bolivia mantiene una subvención desde 1997, cuando Hugo Banzer Suárez estableció un rango de precios de los carburantes. En 2005 entonces presidente Carlos Mesa fijó el valor de la gasolina y el diésel en Bs 3,74 y Bs 3,72 respectivamente.
En 2010, Evo Morales dispuso la nivelación de estos precios, sin embargo, tuvo que deponer la medida días después.
Pese a que desde 2023, bajo la gestión de Luis Arce, el país sufrió escasez de combustibles debido a la falta de dólares, el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, que inició el 8 de noviembre, decidió, por ahora, mantener la ayuda estatal.
Medinaceli explicó que el precio final de la gasolina y el diésel no responde a un solo componente. Responde a un entramado que incluye márgenes de refinería, transporte, almacenaje, impuestos, regalías, coparticipaciones municipales y costos de importación. Por ello, el Gobierno apunta a un mecanismo de estabilización de precios que ordene el mercado en los próximos cinco años y permita compatibilizar la realidad fiscal, social y productiva del país.
Nueva ley
El ministro indicó que el Gobierno trabaja en una nueva ley de hidrocarburos que introducirá un sistema impositivo diferenciado según el tipo de campo, su ubicación y nivel de riesgo geológico. El objetivo es adecuar la carga tributaria a la realidad de cada proyecto y hacer viables nuevas inversiones.
La propuesta también contempla una nueva tipología contractual. Que distribuya riesgos entre el Estado y el sector privado, y reglas diferenciadas para el mercado interno y externo.
El ministro afirmó que, con el nuevo marco legal previsto para 2026, Bolivia podría salir a captar inversiones en 2027 y empezar a ver resultados entre 2028 y 2029.
El plan gubernamental incluye además una nueva ley de electricidad. Está orientada a transparentar los costos de generación, reducir subsidios cruzados y permitir una mayor participación privada, incluso en proyectos de exportación de energía.
A esto se suma una ley de energías verdes. Regulará actividades como biomasa, etanol e hidrógeno, y establecerá un marco para atraer financiamiento internacional. También avanzar, de forma gradual, en la migración del parque automotor hacia tecnologías más limpias.
En cuanto al litio, el ministro adelantó que el Gobierno evalúa los contratos vigentes y plantea una ley de minerales críticos, que delimitará el Salar de Uyuni como área protegida para el turismo y abrirá el resto a licitaciones internacionales.
Entre 2023 y 2024 el Gobierno de Luis Arce había firmado contratos con la empresa rusa Uranium One Group y la firma china Hong Kong CBC para implementar la Extracción Directa del Litio (EDL).
