Temprano en la noche del domingo 16 de noviembre, en un escueto mensaje en la red X, Daniel Noboa reconoció la victoria del «No» en el referéndum convocado por él mismo y realizado poco después de la larga protesta indígena, en un contexto de creciente rechazo a su deriva autoritaria.
El mandatario ecuatoriano eludió la palabra «derrota» y dijo que se fortalecía su decisión de seguir trabajando con las herramientas legales disponibles. En las horas siguientes, sus vocerías, sin pestañear, explicaron que no había habido fracaso alguno porque el presidente no estaba en la papeleta de votación. El lunes se anunció el esperado cambio en el gabinete: básicamente una serie de enroques en los que los ministros rotaron de un puesto a otro. El martes, Noboa abandonó el país rumbo a Estados Unidos sin pronunciar palabra y sin dejar clara su agenda.
¿Qué pasó? La consulta incluía dos preguntas «gancho» para arrastrar a las demás: retirar la financiación pública a los partidos políticos y reducir a la mitad el número de asambleístas en el Parlamento unicameral. Nada más desprestigiado que los partidos y el Poder Legislativo. La pregunta que autorizaba la instalación de bases militares y otros emplazamientos semejantes de fuerzas armadas o de seguridad extranjeras apuntaba a la temática estrella que le ha dado muchas satisfacciones a Noboa: la denodada lucha contra el crimen transnacional y la delincuencia organizada. Basta ya de soberanía y otras paparruchas que protegen a los criminales.
Pero la joya de la corona para el gobierno era la pregunta para habilitar la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución porque la actual, aprobada en 2008, no solo también protegería a criminales, sino que tiene demasiados artículos: 444 es demasiado, solo se necesitan 180. Pero el propio presidente se negó a explicar los lineamientos de la nueva Constitución que impulsaría en caso de ganar el «Sí», y anticipó que podría ser redactada con ayuda de la inteligencia artificial. También anunció que explicaría sus intenciones con más detalle después del 16 de noviembre. Así, pues, en la pregunta más importante, el mensaje era claro: «Confíen en mí». Sin embargo, como señalamos en un artículo anterior, no es tanto la actual Constitución y sus incómodos derechos lo que Noboa quería cambiar, sino aquellas instituciones, como la Corte Constitucional, que no puede destituir y que todavía no puede controlar cómodamente.
La mayoría de encuestas reforzó el triunfalismo de los medios. Con una aprobación de la gestión gubernamental superior a 50 %, el apoyo al «Sí» en todas las preguntas fluctuaba entre 60 % y 70 %. Mientras que la campaña oficialista mostraba claramente una copiosa y centralizada serie de mensajes a favor del «Sí», la campaña del «No» se reducía a pequeños esfuerzos desperdigados entre colectivos, organizaciones sociales y unos pocos partidos políticos. El correísmo, el más poderoso rival electoral del gobierno, casi desapareció como voz unificada en la contienda y solo algunas voces aisladas se hicieron ver en los medios y en las calles. La entrega de bonos en efectivo se multiplicó hasta llegar a unas 400 000 personas durante la campaña, que empezó informalmente con el anuncio de la consulta en los mismos días en que se eliminó el subsidio al diésel, detonante de las protestas.
El «No» a las bases militares superó el 60 % de los votos, al igual que la pregunta relativa a una nueva Asamblea Constituyente, mientras que el rechazo a la eliminación del financiamiento a los partidos políticos sumó 58 %, y a la reducción del número de asambleístas, casi 54 %.
¿Qué es lo que falló en la estrategia oficial? El análisis de los resultados ofrece algunas pistas. La diferencia a favor del «No» es más alta en la Costa que en la Sierra (salvo la provincia de Tungurahua, en el centro) y la Amazonía (con diferencias más estrechas, salvo en el norte, donde ganó el «No» abrumadoramente). En las zonas donde el Paro Nacional fue más fuerte y en las regiones indígenas, la proporción fue abrumadora a favor del «No»: en algunos lugares el rechazo llegó a 90 % y en término medio se ubicó casi en 80 %.
En los barrios más acomodados de las ciudades, el «Sí» se impuso con comodidad. El caso más extremo fue el de Puntilla de Samborondón, donde vive la elite guayaquileña, parte de la cual reside varios meses del año en Miami y Nueva York: allí el voto afirmativo llegó a 85 %. Muy cerca, en la parroquia rural de Samborondón, el «No» se impuso con más de 70 % de los votos. En Quito el clivaje fue similar: en Cumbayá o Iñaquito, el «Sí» ganó con 60 % de los votos, y en los barrios populares de La Ecuatoriana o el Comité del Pueblo, el «No» se impuso con la misma diferencia. Más que un clivaje entre izquierda y derecha, hubo una grieta profunda entre los de arriba y los de abajo. Allí donde las encuestas no llegan, donde los periodistas nunca entrevistan, donde ningún opinólogo profesional tiene amigos con quien charlar, se impuso ampliamente el rechazo a la iniciativa oficial.
Si hubiera que escoger un factor decisivo en un resultado electoral que siempre es multicausal y complejo, la conversión del humor popular y la decisión de ya no renovar el voto de confianza a Noboa se explica en parte por el alza del precio del diésel y la prepotencia en la represión del Paro Nacional. El mandatario próximo a cumplir 38 años, que hace alarde de «enfrentarse a las mafias», no solo había dicho en campaña que no subiría el precio del combustible, sino que anunció que lo rebajaría porque era esencial para el transporte de alimentos y pasajeros, lo que incide directamente en los sectores más pobres. Y a eso se suma el hecho casi incomprensible de haber convocado a una consulta popular el mismo día en que decretó el alza del precio de un bien decisivo para la vida cotidiana de las grandes mayorías.
En sus esfuerzos para justificar la medida, Noboa volvió a acusar a las mafias, la minería ilegal, los contrabandistas y el narcotráfico de ser los únicos beneficiarios del subsidio al diésel. Si antes defendía que esta subvención servía para mejorar la vida de los pobres, ahora los trataba como si fueran todos narcos. Sin despeinarse.
Esa medida profundamente impopular, que motivó grandes rebeliones en el pasado, marcó el fin de las ilusiones en el gobierno reelegido este año. De este modo, se dejó de justificar la ineficiencia en la construcción de obras públicas y se fue perdiendo la paciencia con la crisis del sistema de salud. Planeó el temor cierto de que más temprano que tarde llegaría el fin del otro gran subsidio que persiste y es incluso más importante que el del diésel: el del gas de uso doméstico, cuyo precio actual de 1,65 dólares la bombona de 15 kilos y que podría escalar a 10 dólares si se quitan las subvenciones.
En la Costa, donde el gobierno nunca fue muy popular, el aumento de la criminalidad en el último año dejó de ser disculpado como un alza temporal provocada por los golpes a las bandas criminales, en el marco de la promesa de una mejora futura de la situación, y empezó a ser asociado a un gobierno inútil que no ataca ni la ruta del dinero ilegal ni las causas que contribuyen al reclutamiento de jóvenes desesperados. En el primer semestre de este año hubo un aumento de 40 % en el número de homicidios intencionales respecto de 2024, y se proyecta que 2025 será el año más violento de la historia ecuatoriana.
El alza del diésel y el Paro Nacional fueron efectivamente un punto de inflexión para un gobierno que ahora carece del músculo para imponerse como en el pasado reciente. La señal es clara, aunque el gobierno no haya dado signos de haberla comprendido. Un refrescante baño helado de realidad cayó abruptamente sobre un presidente dependiente de TikTok y la comunicación. Quedó claro que se necesita algún ancla en la vida real para sostener el relato. La expectativa puede durar, pero no para siempre, y el resultado de la consulta muestra que el tiempo de las promesas vacías se acabó.
