La manera en que se financian los servicios del poder, desde la seguridad hasta el mantenimiento del orden y la difusión de las ideas, ayuda a comprender el carácter de los estados. Sin embargo, pocas veces prestamos atención a los sistemas tributarios y menos a la manera en que ellos cambian, lo que limita nuestra comprensión de la historia política y social. Cuánto se carga el peso en la gente y cómo se describe esa carga es esencial. Acá pasamos de la reciprocidad al tributo y eso marcó nuestras percepciones.
Reciprocidad
El concepto de «reciprocidad» es considerado fundamental para entender las relaciones entre las comunidades indígenas andinas, particularmente las aymaras, y las autoridades estatales. Mediante pactos, descritos como intercambios mutuos de obligaciones y beneficios, las comunidades negociaban su pervivencia dentro de los sistemas de poder.
Desde que John Murra tradujo el concepto de ayni como reciprocidad, las relaciones entre el Estado incaico y las comunidades, y entre estas y sus integrantes, han sido descritas con benevolencia, como un pacto de cooperación y soporte, en el que los individuos cedían su trabajo para cuidar el ganado y cultivar las tierras de sus caciques y curacas, del propio inca y sus amautas, así como realizar obras de interés común, como caminos, almacenes y acequias para riego. Los turnos de trabajo y los aportes que realizaban los individuos, por sí y a nombre de su comunidad, eran la mita y la minga. El carácter obligatorio o forzado de esas tareas, y la proporción de tiempo y energía que ellas absorbían, terminaban encubiertos por la idea de que todo ello formaba parte de un sistema redistributivo que protegía a las personas comunes de sequías y desastres naturales o del asedio de sus enemigos. De ahí también que Luis Baudin hablara del carácter socialista e igualitario del sistema prehispánico andino.
Se trata de una idealización del sistema tributario prehispánico. Lo «conocemos» solamente a grandes rasgos por las descripciones que lograron obtener cronistas y visitadores, y adquiere colores todavía más benévolos cuando los estudiosos lo contrastan con el sistema tributario que se impone bajo los gobiernos imperiales y sus delegados virreinales. Lo que se describía como un pacto redistributivo se pasó a describir como un sistema expoliador.
Es evidente que en el proceso de expansión española y de formación de nuevas instituciones se reemplazaron las élites gobernantes y sus sistemas de autoridad. Pero no es menos cierto que eso ocurrió solo parcialmente, ya que se mantuvieron muchas estructuras adaptando su funcionamiento al nuevo orden, comenzando por el reconocimiento de Paullu Inca (hijo de Huayna Cápac y hermano de Huáscar y Atahualpa), como legítimo rey del Perú en 1537 en medio de la guerra civil entre almagristas y pizarristas. Ese nuevo orden fue explícitamente negociado con líderes indígenas como Paullu y su corte a nivel general y con los curacas y caciques en los señoríos locales. Todos sabían que, para permanecer, debía generar la aceptación de la gente renovando sus relaciones con el poder.
El tributo
¿Cómo comparar el peso de los sistemas prehispánico y virreinal? La ausencia de registros documentales impide hacer cálculos precisos. Los quipus podían implicar un sistema mnemotécnico o incluso un mecanismo de inventariación contable, pero solamente quien los anudaba podía interpretarlos y hasta hoy no se recuperaron sus códigos generales, si acaso los tuvieron. Pero de los testimonios puede deducirse que no era ni benévolo ni liviano. Una fórmula general dice que la producción se dividía en tres partes iguales, una de administración directa del poder central (el Inca y sus delegados), otra para las necesidades del culto y solo la tercera parte quedaba con los productores. Es decir, los tributos se llevarían dos tercios del total producido, lo que daría una carga tributaria del 66%.
Esa carga debió ser muy pesada, sobre todo si se toma en cuenta que los niveles de productividad eran muy bajos. La energía humana era la más importante en los procesos productivos, pues en el mundo prehispánico no había animales de carga o labranza, ni ruedas para el transporte de carga y las herramientas no utilizaban metales fuertes a base de hierro. En el mejor de los casos utilizaban madera con refuerzos de piedras, huesos, cuernos o revestimientos de bronce. Esto sostenía una baja presión demográfica sobre la tierra y obligaba a traslados masivos de población hacia nuevas zonas si se quería aumentar la producción. Los traslados de mitimaes han debido ser bastante traumáticos para la población, aunque fueron utilizados exitosamente por el sistema de organización autoritario de los incas.
De la visita ordenada por Toledo a los valles de Cochabamba en 1573, publicada por Gordillo y del Río, se pudo estimar que hacia el valle se trasladaron más de 14 mil mitimaes, y que todas las etnias que recibieron tierras para el cultivo en esos valles estaban obligadas a trabajar las mejores tierras, reservadas para el sostenimiento del Estado. El producto más requerido fue el maíz, que era de difícil producción y tenía solo consumo ritual, limitado e infrecuente.
La formación del Estado virreinal
El sistema tributario desarrollado por Toledo (1569-1581) renovó las obligaciones públicas o estatales, formalizando por escrito el reconocimiento de propiedades y privilegios a las comunidades y manteniendo la infraestructura común. La recaudación se basó casi íntegramente en «los usos y costumbres». Pero ofreció ventajas importantes a quienes cargaban con el peso del tributo: documentación y nuevas tecnologías. Aunque el nivel de las recaudaciones ha debido ser muy superior y durante mucho tiempo fue creciente, su carga fue probablemente menos pesada y más tolerable.
La documentación escrita, que tomaba nota de los tributos establecidos y los acuerdos con las autoridades locales, permitía darles seguimiento, evaluarlos, calificarlos y cambiarlos más allá de las relaciones personales que se establecieran entre los señores locales y las autoridades superiores. En su caso, permitía también acudir a los tribunales. Los cambios en la producción eran fácilmente verificables con los datos registrados y las tasas podían respetarse o modificarse, como de hecho sucedía en cada visita. También las formas de la tributación estaban normadas. Los turnos de trabajo (mita) eran obligatorios pero remunerados y tenían restricciones muy claras como las que Rossana Barragán detectó en la mita potosina: semanas de cinco días de trabajo intercaladas por dos semanas de «descanso» (el mitayo podía en esas semanas emplearse en otras labores), no podía extenderse más allá de 17 semanas, y considerando la proporción de trabajadores que aportaba una comunidad, y las edades en las cuales estaba comprendida esa obligación, sucedía que en la mayor parte de los casos una persona no iba a la mita potosina más que una vez en su vida. La comunidad que estaba obligada a la mita minera podía también obtener plata en ella con la cual reemplazar sus otras obligaciones tributarias. De hecho, a medida que se expandió la producción de plata y se generalizó el uso del dinero, la tributación en trabajo y productos fue paulatinamente reemplazada por monedas que la comunidad obtenía con el trabajo de sus miembros o el comercio de sus productos.
Otro dato que sugiere que el sistema virreinal fue menos pesado que el incaico es que ya no se produjeron más traslados masivos de población. Algunos mitimaes recientes retornaron a sus comunidades de origen y otros optaron por pactar su permanencia en los sitios que ocupaban.
Las nuevas tecnologías fueron el otro factor que alivió la carga tributaria. Hay muy pocos estudios al respecto pero sabemos que la agropecuaria andina fue cambiando lentamente pero de una manera significativa. La energía animal en los cultivos debió expandir mucho la capacidad productiva de los agricultores y facilitar el traslado de cargas mayores con el uso de carros tirados por bueyes, mulas o caballos, se emplearon nuevas herramientas con hierro y se empezaron a criar animales que aumentaron el consumo de proteínas en la población andina (cerdos, gallinas de carne y huevo, vacunos, ovejas y cabras). El comercio permitió que las comunidades consiguieran la diversidad de productos que antes solo lograban ocupando varios pisos ecológicos con sus propios trabajadores. Por supuesto, esto modificó radicalmente la organización social comunitaria pero probablemente proporcionó mejores y más altos niveles de consumo a la población.
Recordemos que las rebeliones surgidas dos siglos después, como las de Alejo Calatayud (1730), Tomás Catari y Túpac Amaru II (1780), fueron motivadas por el rechazo a cambios en el sistema tributario derivados de las reformas borbónicas.
Por último, aunque no existían presupuestos públicos como los conocemos ahora, los tributos solían tener destinos predeterminados que se conocían públicamente. Una universidad, un hospital, un convento o un camino se autorizaban con cargo a fuentes específicas de recaudación. El sistema tributario era diverso y complejo y las recaudaciones se delegaban a múltiples autoridades que con frecuencia eran muy cercanas al «hecho generador».
La ideología puede llevarnos a seguir calificando el sistema tributario virreinal de explotador, pero nos impedirá comprender las razones de su larga duración y la reticencia de las comunidades ante un posible cambio de régimen cuando los criollos empezaron a levantarse en contra de la autoridad imperial y proclamaron la independencia.
