Expertos advierten sobre las consecuencias financieras críticas que enfrentaría Bolivia si decide rescindir unilateralmente los contratos suscritos con empresas chinas y rusas. Según el experto boliviano en arbitraje corporativo Ernesto Rossell, la cancelación de estos acuerdos generaría un «repricing» de las inversiones extranjeras, debido al aumento del riesgo político y judicial, lo que se traduciría directamente en un encarecimiento significativo de este capital de inversión para el propio país.
«Los inversionistas extranjeros no vienen a hacer caridad, vienen a hacer negocios, a ganar y rescatar su inversión generando utilidades», explicó Rossell. En este contexto, cualquier acción que sea percibida como discontinuidad regulatoria enviaría una señal negativa al mercado internacional, lo que provocaría que inversores potenciales exijan mayores garantías y coberturas ante el riesgo palpablemente mayor de terminación unilateral de contratos.
No hay que olvidar, dice por su lado Andrés Brockmann, consultor boliviano internacional en temas de litio, que Bolivia tiene la mayor cantidad de recursos, no de reservas. Bolivia debe encarar todavía un proceso de evaluación y de certificación de sus reservas de litio.
El impacto de romper los contratos se manifestaría inmediatamente en los costos de financiamiento. Rossell enfatizó que la incertidumbre puede ocasionar más riesgos en la ejecución de los contratos y desembolsos más caros, «porque sin la participación de los socios, no estamos entrando en la bancabilidad ni en la gobernanza de los proyectos». Esto significa que Bolivia no solo perdería estas inversiones específicas, sino que se vería obligada a pagar primas de riesgo más altas en futuros proyectos de inversión extranjera directa (IED).
El precedente es particularmente relevante. La cancelación del contrato con ACISA (empresa alemana con la que se firmó en 2019 y se anuló por decreto) ya ha generado un estigma en el mercado internacional. «Nos están evaluando, están viendo qué tipo de socios somos», señaló Rossell, subrayando que lo negociado con China y Rusia tiene un valor en el imaginario colectivo internacional en el contexto de formar, aquí y ahora, una percepción positiva de Bolivia por parte de la comunidad internacional.
La seguridad jurídica emerge como factor determinante. Los inversores internacionales demandan previsibilidad regulatoria, enforcement coherente y protección ante cambios normativos. Sin estos elementos, advierte Rossell, «Bolivia debe trabajar este tema posiblemente en los contratos, usando el derecho consuetudinario internacional, pero con una capacidad institucional limitada para garantizar el cumplimiento de estándares».
Rossell subrayó que el costo de oportunidad de hoy puede cambiar mañana, lo que significa que esperar podría hacer el problema aún más grave. La ventana de demanda internacional por litio no espera, y otros países como Chile y Argentina ya están posicionándose como alternativas más seguras.
Un «flight-to-quality regional» podría significar la pérdida no solo de estos proyectos, sino del rezago competitivo en el sector de inversiones estratégicas.
Brockmann recordó que el mercado internacional del litio atraviesa una coyuntura compleja: la demanda es creciente, pero existe una sobreoferta que ha derrumbado los precios de hasta ochenta mil dólares la tonelada a niveles actuales de diez mil, lo que hace inviables muchos proyectos, especialmente en países con alto riesgo financiero como Bolivia.
Las recomendaciones de Rossell apuntan a fortalecer la confianza sin renunciar a la soberanía. Bolivia necesita dar señales positivas: aprobación legislativa, puntualidad en la emisión de licencias, transparencia en todas las métricas y cierres financieros adecuados. Solo así se podrá atraer IED bajo un modelo de economía mixta, con licencias previas y gobernanza clara, lo que mantendrá el costo del capital en un nivel aceptable para los inversores extranjeros.
Finalmente, Brockmann enfatizó que Bolivia debe aprender de la experiencia regional. Argentina, por ejemplo, tiene más de sesenta proyectos de litio en distintas etapas, apoyados en un marco legal atractivo y en la construcción de relaciones sólidas con las comunidades. Esto le permite proyectar con seguridad una producción de trescientas mil toneladas hacia 2030 y posicionarse de manera persistente como uno de los principales productores mundiales confiables.
