A once días de la segunda vuelta presidencial, expertos constitucionalistas coincidieron en que los candidatos a la vicepresidencia confundieron el alcance de la Constitución con el de las leyes ordinarias, durante el reciente debate organizado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
El panel, moderado por el periodista Diego Montaño, reunió a los juristas Felipe Cordero, Franklin Gutiérrez y Silvia Salame, quienes coincidieron en que las propuestas de reforma expuestas por los postulantes carecieron de sustento doctrinal y precisión jurídica.
Errores básicos
Cordero destacó que en el debate se cometieron errores conceptuales graves. “La Constitución no menciona cuántos pueblos indígenas existen en Bolivia, sino las 36 lenguas oficiales reconocidas en su artículo 5. Esa confusión refleja un desconocimiento profundo del texto constitucional”, explicó.
El analista agregó que las reformas constitucionales no pueden plantearse como declaraciones de intención. “Hablar de cambiar la Constitución es hablar del futuro del país. No se trata de deseos políticos, sino de una revisión técnica y participativa”, afirmó, recordando que el preámbulo del texto constitucional ya descarta el retorno a un modelo neoliberal.
Cordero insistió en que las políticas de protección a las mujeres o a las poblaciones vulnerables ya están contempladas en la Constitución, por lo que no se requiere una reforma, sino cumplimiento efectivo.
“El problema no es la Constitución, sino el desconocimiento de su contenido y alcance”, subrayó.
Sin conocer la Constitución no se es político
El jurista Franklin Gutiérrez fue aún más categórico: “Político que no conoce la Constitución no puede ser político. Diputado que no la conoce no puede legislar”.
Criticó que los candidatos respondieran con análisis de leyes, sin diferenciar jerarquías normativas. A su juicio, los programas de gobierno presentados no contienen un solo planteamiento técnico sobre posibles reformas parciales o integrales de la Carta Magna.
Gutiérrez propuso una “constituyente técnica previa”, integrada por especialistas en derecho, sociología y ciencias políticas, que sirva como base para cualquier modificación futura. “La meritocracia debe guiar los procesos constituyentes; eso sería innovador para una democracia moderna”, afirmó.
También sugirió que la Constitución sea objeto de una revisión técnica cada dos años, similar a las cámaras revisoras de Alemania, para garantizar que las normas se mantengan adecuadas a la realidad social y evitar abusos del Estado.
«Reforma parcial inmediata”
La exsenadora Silvia Salame, reconocida constitucionalista, lamentó la ausencia de propuestas concretas en el debate y la falta de asesores jurídicos en las campañas políticas. “Ninguno de los candidatos presentó un plan claro para reformar el sistema judicial, y eso es preocupante”, observó.
Salame diferenció entre reformas parciales e integrales. En su criterio, el país requiere una modificación parcial inmediata que permita resolver la crisis del sistema judicial, mientras una constituyente integral demandaría al menos cuatro o cinco años de trabajo.
“El país no puede esperar hasta 2030 para nuevas elecciones judiciales en estas condiciones. Se necesitan soluciones técnicas y urgentes”, enfatizó.
La jurista subrayó la importancia de rodear a los futuros mandatarios de expertos en derecho constitucional. “No se puede improvisar con la Carta Magna; debe garantizarse que el orden jurídico esté plenamente enmarcado en ella”, añadió.
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El panel concluyó que la Constitución boliviana no requiere sustitución, sino comprensión y aplicación correcta. Todos coincidieron en que una eventual reforma debe ser precisa, participativa y técnicamente fundamentada, sin improvisación política.
La discusión sobre el rol del Estado, la justicia y los derechos fundamentales continuará en los próximos debates presidenciales, donde la ciudadanía espera escuchar propuestas con sustento legal y visión de Estado.
