Esta semana la activista María Galindo hizo historia al irrumpir en la oficina del historiador Luis Oporto, en la Casa de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB), exigiendo respuesta y explicaciones por un comportamiento irregular contra una gestora cultural orureña. El suceso fue transmitido en streaming por la página de Facebook de «Mujeres Creando», dentro de su programa diario de periodismo documental, en el que interpela a funcionarios públicos de diversos rubros en sus mismos lugares de trabajo.
El sorprendido Oporto apareció en cámaras desprovisto de su típico sombrero negro, que viste incluso en eventos durante la noche o en el día bajo techo; hablaba calmadamente por su teléfono celular cuando aparecieron las dos mujeres y el camarógrafo, sin que nadie en recepción se atreviera a detener el decidido paso de Galindo. La mujer que acompañaba a la líder de «Mujeres Creando» era la artista y gestora Lulhy Cardozo –hija del reconocido escultor orureño Cardozo (1954-2021)–, quien había hecho pública una semana antes su reclamo a la falta de transparencia, la violencia de género y el abuso de poder de parte de la máxima autoridad de la FCBCB, en referencia a su contratación y despido como directora del Museo Marina Núñez del Prado. Cardozo trabajó solo catorce días antes de ser desvinculada por una nota escrita del presidente Oporto.
A muchos nos sorprendió la normalidad con la que Galindo ha logrado adueñarse simbólicamente del control de oficinas y espacios burocráticos durante sus transmisiones, haciendo que la respuesta de varias de las autoridades sea ocultarse, cerrarse con llave, salirse a escondidas por una ventana o desear que los trague la tierra, salvo que no tengan otra salida y los atrapen en su lugar de trabajo. ¿Pero por qué no llamó Oporto a los policías de seguridad para que retiren a las inesperadas visitantes y les obliguen a esperar su turno en recepción para ser atendidas? El trabajo del o la activista es ganarle la mano al que ostenta el poder formalmente; la interpelación por los derechos ciudadanos al Estado no se hace pidiendo permiso, sino estirando la mano y reclamando con autoridad lo que se pretende lograr. Eso se entiende, pero por el otro lado, el trabajo del que está en el poder es mantener un orden establecido –valiéndose de las normativas que lo respaldan– y asegurar que los tratos sean iguales para todos.
Así pues, por más que el reclamo o la causa de las dos mujeres fuera justa, Oporto tenía potestad en ese momento de hacer cumplir los protocolos o las buenas maneras para que se diera esa conversación –afirmando la jerarquía de la institución–. Pero esa opción no es para timoratos; lo más probable es que Oporto, dentro suyo, sopesó la situación y, siendo filmado, tuvo miedo de ser objeto de repudio público o que se agrandara el escándalo. No creo que hubiera habido nada de machista en afirmar su autoridad y las reglas del espacio, pero en el calor del momento, se adecuó a la tibieza de quien prefiere las buenas apariencias antes que la firmeza de carácter que da la tranquilidad de conciencia. Y así prefirió mantenerse sumiso, atado a su silla, como un corderito atrapado por el lobo, en la actitud de quien solo cumplía noblemente sus funciones en la oficina y ahora veía violentada su tranquilidad. ¿Dónde había quedado el jefazo altivo que hacía y deshacía con su firma, agazapado detrás del discurso legal burocrático, perjudicando a una mujer profesional que había tenido que renunciar a su anterior trabajo de profesora de colegio para poder asumir el cargo de directora de museo –ganado dentro de una convocatoria pública–?
Hace un mes pude visitar el Museo Marina Núñez del Prado y deleitarme con las comodidades y lujos de sus instalaciones. Situado en una calle angosta, a la entrada del barrio de Sopocachi, esta casa remodelada y ampliada es una suerte de tesoro oculto que hay que visitar infaltablemente. Tiene todo para ser uno de los mayores logros de la gestión de Oporto al frente del Consejo de Administración de la FCBCB. Pero este capítulo de su gestión se vio manchado con el escándalo de las irregularidades en la contratación de personal para el manejo de esta institución. No es solo el caso de Lulhy Cardozo, que ha dejado faltante de una MAE al museo. Otro tema cuestionable es que la FCBCB haya quitado dos ítems del organigrama del Centro de la Cultura Plurinacional (CCP) en Santa Cruz para trasladarlos arbitrariamente a otra institución en La Paz, en este caso el Museo Marina Núñez del Prado, donde se concentra la mayor cantidad de funcionarios dependientes de la FCBCB. Un perjuicio para el Centro de la Cultura Plurinacional, que en su departamento de administración venía realizando una gestión correcta y que ahora se ve desmembrada.
Por otra parte, este repositorio que custodia una admirable colección de obras de la escultora Marina Núñez del Prado era una deuda ya de varios años que la FCBCB tenía con la población boliviana. Los documentos de rendición pública de cuentas que esta institución muestra en su página web informan que por lo menos desde el año 2021 se ha venido gastando recursos del Estado en el proyecto de tener una casa museo con obras de Marina Núñez del Prado: desde mantenimiento (54.809,38 Bs en 2021), restauración y estudio para ampliación (25.000 Bs y 125.000 Bs, respectivamente, en 2022), hasta que en 2024 se le asignó 2.574.218 Bs para la ejecución del proyecto; está poco claro cuánto de inversión pública realizó la FCBCB en su rendición de cuentas final del 2024. Pero en 2025 continuaron los gastos, nuevamente 576.008,82 Bs en ampliación y 169.535,74 en restauración. En pocas palabras, para toda la inversión pública en concepto de infraestructura que ya ha realizado esta institución en este Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, ya viene siendo un imperativo que funcione y genere actividades, y se esté realizando una planificación seria de actividades y puesta en valor para su manejo. Esto requiere de capacidad y de profesionales con formación y experiencia; por ello es importante también la inversión que el Estado realiza en sus funcionarios públicos.
En el cierre, debemos mencionar que la interpelación pública de Galindo y de Lulhy Cardozo al presidente Oporto resultó positiva, al menos en apariencia, porque lograron arrinconar a una autoridad soberbia que se vio obligada a dejar sin efecto el documento de despido que había firmado en contra de Cardozo, y objetó que en realidad la susodicha siempre había estado en libertad de volver a su cargo apenas tuviera sus papeles en orden. Quedó muy mal en el final la imagen de los modos en que se administran las contrataciones dentro de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, y a este consejo de administración que en febrero de este año ya vivió el escándalo del despido del consejero Papirri por estupro, ahora nuevamente llenaron las redes sociales y los comentarios en el sector cultural por estos hechos observables.
