La ministra de Justicia, Jessica Saravia, advirtió este domingo que, en caso de que el Estado no cumpla con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las partes pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el país corre el riesgo de ser condenado a pagar una indemnización.
La declaración surge luego de que la CIDH y la oficina de la ONU Derechos Humanos en América del Sur (ONU Derechos Humanos) expresaran su preocupación ante las recientes decisiones judiciales que anularon los procesos contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las “masacres de Senkata y Sacaba en 2019”.
La inquietud internacional se intensificó tras la decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz de ratificar la Resolución Nº 211/2025 de 25 de agosto de 2025, confirmando lo establecido en la anterior resolución en el caso Senkata.
Saravia insistió en que, cuando un Estado no atiende las recomendaciones internacionales, “las partes pueden acudir a la CIDH y al final del día, la Corte puede sentenciar al Estado para que pague una indemnización”. Señaló que este es el procedimiento habitual en casos de violaciones de derechos humanos.
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La ministra remarcó la preocupación del Gobierno por el riesgo de impunidad y la falta de atención a las víctimas. “Hay que pensar en las víctimas directas, por ejemplo, de procesos irregulares, de torturas y de todo lo que se ha emitido dentro del informe y aquellas víctimas o familiares de víctimas que han perdido la vida tienen que encontrar justicia, tienen definitivamente que establecerse dentro de una sentencia quienes han sido responsables de estos hechos”, sostuvo.
Agregó que no solo los actores materiales, sino quienes planificaron y organizaron los hechos luctuosos de noviembre de 2019.
En días pasados, los jueces a cargo de los procesos de Senkata y Sacaba decidieron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia. Ante ello, entidades como la Defensoría del Pueblo de Bolivia advirtieron que esas resoluciones ponen en riego el acceso a la justicia y podrían generar impunidad.
Ante ello, la CIDH y ONU Derechos Humanos señalaron que la anulación de lo actuado puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Saravia recordó que los procesos abiertos por las masacres no fueron iniciativa del Gobierno, sino que corresponde a informes internacionales que recomendaron al Estado investigar, sancionar y reparar a las víctimas.
“Estas recomendaciones no se hacen a uno de los órganos del Estado, sino al Estado boliviano. Es por eso que, por ejemplo, dentro de este mismo informe se establece que debe existir la voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que se generen los procesos necesarios y se haga justicia”, dijo.
