Los bloqueos, la escasez de combustibles, el desabastecimiento y la creciente tensión no solo reflejan una coyuntura compleja, sino reactivan un debate que acompañó a la democracia desde su recuperación en 1982. Se trata de la capacidad del Estado para enfrentar conflictos sin que desemboquen en escenarios de confrontación nacional.
Lejos de ser un episodio aislado, el actual conflicto se suma a una larga lista de crisis que marcaron las últimas cuatro décadas, entre ellas la hiperinflación de los años 80, la Guerra del Agua, la Guerra del Gas, los conflictos del TIPNIS y la crisis poselectoral de 2019.
El periodista y docente universitario Robert Brockmann consideró que detrás de de las crisis registradas desde el retorno de la democracia aparece un mismo problema, que es la dificultad del Estado y de las instituciones para procesar los conflictos antes de que escalen a la confrontación.
La recuperación democrática no llegó acompañada de estabilidad. El gobierno de Hernán Siles Zuazo heredó una economía deteriorada y una estructura estatal debilitada después de años de gobiernos militares.
La situación alcanzó niveles críticos a mediados de los años 80. La hiperinflación golpeó a la población, erosionó la capacidad de gestión y generó una creciente conflictividad. Las movilizaciones sindicales se multiplicaron mientras el Gobierno intentaba contener una crisis económica.
En entrevista con La Razón, Brockmann recordó que aquella fue una de las pruebas más difíciles para la joven democracia boliviana. «Tenemos momentos muy duros en democracia, uno de ellos es la hiperinflación del gobierno del doctor Siles, que se ve obligado a renunciar un año antes de terminar su mandato».
La salida anticipada de Siles fue uno de los primeros episodios que evidenciaron la fragilidad institucional del país. La democracia sobrevivió, pero quedó claro que la estabilidad política dependía también de la capacidad estatal para responder.
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La llegada de Víctor Paz Estenssoro abrió una nueva etapa. La aplicación del Decreto 21060 modificó el modelo económico, pero provocó una resistencia social. Los estados de sitio declarados entre 1985 y 1986 para contener protestas mineras y sindicales mostraron nuevamente que la relación entre el Estado y los sectores movilizados seguía atravesada por la confrontación.
Uno de los elementos que conecta parte de las crisis posteriores fue la consolidación del bloqueo de carreteras como herramienta de presión política.
Brockmann situó un antecedente en las movilizaciones campesinas de finales de los años 70. Explicó que el éxito de esas medidas terminó por otorgar legitimidad a una práctica que posteriormente sería utilizada por diversos sectores sociales. «Se sacraliza el bloqueo como derecho o como método de protesta».
Con el tiempo, el bloqueo dejó de ser una medida excepcional para convertirse en uno de los mecanismos más efectivos de presión. La práctica adquirió tal relevancia que terminó influyendo en decisiones políticas e institucionales. Carreteras cerradas, ciudades aisladas y cadenas de abastecimiento interrumpidas pasaron a formar parte de la dinámica política boliviana.
Para Brockmann, el problema es que el bloqueo comenzó a normalizarse pese a afectar derechos fundamentales de millones de ciudadanos. «No existe el bloqueo pacífico. El bloqueo, por definición, implica la vulneración del derecho de otros ciudadanos».
Entre 1980 y 1990, Bolivia desarrolló un sistema político basado en acuerdos parlamentarios y alianzas entre distintas fuerzas políticas. Ese modelo, de democracia pactada, permitió la alternancia democrática. Sin embargo, el sistema comenzó a mostrar signos de agotamiento hacia finales de la década de 1990.
Mientras los partidos tradicionales concentraban el poder político, amplios sectores sociales percibían que sus demandas no encontraban canales de representación. Paralelamente, una serie de dificultades económicas provenientes de la crisis internacional afectó a distintos sectores de la población.
Se comenzaron a fortalecer las organizaciones sociales, sindicales, indígenas y campesinas que cuestionaban la legitimidad de la estructura política existente.
Brockmann explicó que ese proceso modificó la relación de fuerzas dentro del país. «Los movimientos sociales se van a convertir en más poderosos que los partidos y eventualmente más poderosos que el propio Estado».
La crisis de Cochabamba en el año 2000 representó uno de los primeros grandes desafíos para el sistema político construido durante las décadas anteriores. Las protestas contra la privatización del servicio de agua derivaron en movilizaciones que paralizaron la ciudad y obligaron al Gobierno de Hugo Banzer a declarar estado de sitio, que no logró contener el conflicto.
Según Brockmann, la Guerra del Agua demostró que las herramientas tradicionales utilizadas por el Estado para enfrentar protestas sociales habían perdido eficacia. «El Estado intenta utilizar ese recurso y no lo logra. Los movimientos sociales son más poderosos que el Estado».
Si la Guerra del Agua marcó el ascenso de los movimientos sociales, la Guerra del Gas terminó por transformar completamente el escenario político nacional.
Las protestas de octubre de 2003 derivaron en enfrentamientos que dejaron decenas de fallecidos y provocaron la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Brockmann identificó ese episodio como uno de los momentos más críticos de la democracia boliviana.
Recordó que el conflicto se desarrolló en una creciente deslegitimación de los partidos tradicionales y de una narrativa política que logró movilizar a amplios sectores de la población.
La crisis aceleró el derrumbe del sistema partidario que había dominado la política boliviana durante dos décadas.
Los partidos se habían desgastado o habían perdido relevancia. Y, la consecuencia fue una reconfiguración completa del sistema político.
Entonces, en 2005, por primera vez, un dirigente sindical e indígena alcanzó la Presidencia con una mayoría contundente. El Movimiento al Socialismo (MAS) se convirtió en la principal fuerza política del país y logró articular un amplio respaldo social.
El nuevo ciclo estuvo acompañado por transformaciones de gran alcance, entre ellas la Constituyente y la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009. Sin embargo, la conflictividad no desapareció.
El conflicto por la carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en 2011 generó una de las mayores tensiones internas. La intervención policial en Chaparina provocó críticas y abrió cuestionamientos sobre la relación entre el Gobierno y sectores indígenas que antes habían respaldado al oficialismo.
Aunque el MAS mantuvo una capacidad de movilización y control político, comenzaron a surgir señales de desgaste. La tensión alcanzó uno de sus puntos más altos tras las elecciones de 2019.
Las denuncias de irregularidades electorales, las movilizaciones y la creciente polarización derivaron en una crisis nacional que concluyó con la renuncia de Evo Morales. Para Brockmann, aquel episodio tuvo una característica distinta a conflictos anteriores.
«Fue un movimiento verdaderamente nacional», aseveró.
Posteriormente, los enfrentamientos registrados en Sacaba y Senkata dejaron más de una veintena de fallecidos y profundizaron las divisiones políticas y sociales. Al comparar el escenario actual con los conflictos de principios de siglo, Brockmann identificó algunas diferencias importantes.
En su criterio, las movilizaciones de la Guerra del Agua y la Guerra del Gas estuvieron asociadas a reivindicaciones sobre recursos naturales, representación política y transformaciones institucionales.En cambio, considera que el conflicto actual se desarrolla en un contexto distinto.
«Aquellos movimientos sociales estaban en ascenso. Los de ahora son movimientos sociales en descenso, ya debilitados», dijo.
Aseguró que las demandas planteadas durante la coyuntura también difieren de las que impulsaron las movilizaciones de comienzos de siglo. Explicó que el pedido de renuncia presidencial fuera de los mecanismos previstos por la Constitución plantea interrogantes sobre la legitimidad y los alcances de las protestas.
Más allá de las diferencias entre cada crisis, Brockmann identificó un elemento común: la debilidad de las instituciones. Advirtió que Bolivia enfrenta un escenario de fragmentación y la desaparición de estructuras sólidas. «Lo otro que estamos enfrentando seriamente es que hemos perdido los partidos políticos».
Indicó que las organizaciones políticas carecen de la estructura, y capacidad de negociación que caracterizó a los partidos tradicionales durante buena parte del periodo democrático. Esa situación dificulta la construcción de consensos y obliga a negociaciones permanentes para aprobar leyes, impulsar reformas o alcanzar acuerdos políticos. Entonces, el resultado es un sistema cada vez más dependiente de la presión social y menos apoyada en mecanismos institucionales.
Al ser consultado sobre si Bolivia atraviesa una crisis cíclica o un punto de inflexión, Brockmann respondió que se trata de ambos fenómenos. Consideró que persisten conflictos recurrentes, pero también que el país enfrenta el agotamiento de un ciclo político iniciado hace dos décadas.
Sin embargo, también dijo que todavía no existe una fuerza política capaz de reemplazar al modelo anterior. «El gobierno de Rodrigo (Paz) no es el inicio de un nuevo ciclo; es el inicio de un vacío. Lo mejor que puede hacer es administrar ese vacío».
