Uno de los principales problemas estructurales que enfrenta Bolivia es en materia regulatoria. La sobrerregulación fragmentada y la falta de institucionalidad sólida han convertido al marco normativo en un laberinto de normas, decretos y resoluciones que, lejos de promover la actividad empresarial, generan incertidumbre y discrecionalidad. La ausencia de reglas claras desalienta la inversión formal, por ende, impulsa la informalidad y erosiona la competitividad del país frente a sus pares regionales, lo cual se traduce en costos adicionales para las empresas, inseguridad para los inversionistas y desconfianza generalizada en las instituciones.
La clave para revertir este escenario está en garantizar la “seguridad jurídica”, entendida como el respeto a: la libre empresa, la propiedad privada, los contratos y la previsibilidad en las reglas del juego, forjando un círculo virtuoso de confianza, inversión, generación de empleo y desarrollo sostenible. Sin un sistema regulatorio moderno, transparente y estable, el riesgo país se incrementa, los proyectos productivos se frenan y se limita la capacidad de generar empleo formal. Por lo tanto, “implementar un nuevo sistema de regulación no es un lujo ni una opción, es una condición indispensable para restablecer la confianza, atraer inversiones sostenibles y sentar las bases de un desarrollo económico y social inclusivo”.
En Bolivia la palabra “regulación” suele asociarse a trámites engorrosos, sanciones arbitrarias o instituciones capturadas por la política; sin embargo, regular bien no significa frenar la iniciativa privada, significa “dar certeza jurídica, reglas claras y equilibrio entre inversión, competencia y derechos sociales”. Hoy nuestro país carece de ese balance, y la consecuencia es visible con un clima de negocios poco predecible, baja atracción de capital y una economía informal con una tendencia creciente y sostenida.
Mirando en retrospectiva, en los años noventa, Bolivia implementó un sistema de regulación sectorial, con superintendencias especializadas en sectores como la banca, electricidad, hidrocarburos, telecomunicaciones, transporte, pensiones y seguros. Aquella experiencia, con sus luces y sombras, dejó una lección fundamental, “cuando el Estado actúa como regulador técnico, independiente y previsible, el sector privado responde con inversión y dinamismo”.
Según datos del FMI y el Banco Mundial, entre 1990 y 1998 el PIB real creció en promedio un 4,3% anual, la inversión privada superó el 14% del PIB y las reservas internacionales llegaron a cubrir más de seis meses de importaciones. Ese contexto se dio en una etapa que no era precisamente de bonanza económica y no fue una mera casualidad, la estabilidad macroeconómica se sostuvo gracias a marcos regulatorios más claros, que dieron confianza a inversionistas y usuarios.
Por supuesto ningún modelo es perfecto, el caso de la “Guerra del Agua” en Cochabamba en el año 2000, con la revocatoria de la concesión del agua, es recordado como ejemplo de una regulación que no consideró la equidad social ni los impactos tarifarios. Esa experiencia nos deja como lección aprendida que “un regulador independiente no puede ser ajeno a la realidad social”.
Como experiencias internacionales valiosas, vemos que en Chile, Colombia y Brasil han fortalecido sus reguladores con tres elementos clave: independencia técnica y autonomía presupuestaria, evaluaciones de impacto regulatorio y procesos de consulta pública y articulación ciudadana que legitiman las decisiones.
En Bolivia se podría recuperar el espíritu de los años noventa, adaptándolo a la coyuntura actual y sustentada en pilares como: Instituciones técnicas y autónomas, Normas claras y articuladas con el sector productivo, Supervisión preventiva y no solo correctiva y sancionadora, Fortalecimiento a la tramitología y Protección social explícita en los sectores sensibles y vulnerables.
“El desafío es grande pero posible, requiere de liderazgo y voluntad política para impulsar una reforma estructural que fortalezca a las agencias reguladoras, mecanismos de transparencia digital y un nuevo pacto entre Estado, sector privado y la ciudadanía. Solo así, Bolivia podrá soñar con mejores días, con mayor desarrollo económico y bienestar social”.
(*) Gustavo Jáuregui Gonzáles es asesor empresarial, especialista en gerencia de organizaciones empresariales
