Las recientes liberaciones de figuras políticas como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari han sacudido el escenario nacional y generado intensos debates sobre el verdadero estado de la justicia boliviana. Estos acontecimientos plantean interrogantes fundamentales: ¿se trata de una recuperación genuina de la independencia judicial o simplemente de un nuevo alineamiento con las fuerzas políticas emergentes tras los resultados electorales?
Luego de abandonar su reclusión y tras el posterior recibimiento multitudinario en Santa Cruz, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, reflexionó en diversas entrevistas que “el preso político es el único que no sabe cuándo va a ser liberado”. No es poca la verdad que contienen sus palabras, que a la vez traslucen dilemas de fondo sobre la estatalidad en el país.
Para analizar este complejo panorama, consultamos a dos voces autorizadas que abordan el fenómeno desde perspectivas complementarias: el abogado y exdiputado Daniel Valverde y el politólogo Manfredo Bravo. Ambos aportan perspectivas desde lo jurídico e institucional, incorporando además las dinámicas del poder y el liderazgo político.
Crisis del sistema judicial
Para Daniel Valverde, el punto de partida para entender las recientes liberaciones debe ser estructural. «La administración de la justicia ha estado en Bolivia en su peor momento durante el último tiempo. Nunca estuvo en buen momento, pero creo que tocamos fondo», sostiene el exdiputado, quien enumera una serie de problemas sistémicos.
«Esto se ha visto con los autoprorrogados, se ha visto con el hacinamiento de las cárceles, se ha visto con la situación que tienen los jueces respecto de la carga procesal, que cada vez es más alta», explica Valverde, añadiendo que organismos internacionales han realizado múltiples recomendaciones que no han sido implementadas. «Por lo contrario, se ha seguido presionando más para hundir al sistema judicial. Se han hecho tantas cosas malas que van a tener que comenzar muchos aspectos de cero, con la posibilidad de que fracasen».
El abogado ilustra esta problemática con casos concretos, como el de la expresidenta Jeanine Áñez. «Ella necesariamente debió ser juzgada bajo el juicio de responsabilidades para exmandatarios, que tiene su base en la Ley 044, que se aprobó durante la nueva gestión del gobierno de Evo Morales en el año 2010». Sin embargo, esto no ocurrió por razones políticas, según Valverde.
El factor político
Valverde no duda en señalar que existe «fundamentalmente una connotación política para procesar y dar una señal en contra del adversario político» en varios de los casos que ahora están siendo revisados. Respecto al caso de Luis Fernando Camacho, critica duramente el uso de normativas cuestionables. «En el caso específico del gobernador cruceño han utilizado un decreto del año 2009, que también de manera inconstitucional autoriza o faculta para que delitos contra el Estado, por tipos generales como sedición y terrorismo, que también han sido observados por organismos internacionales que han recomendado revisar el alcance y la redacción o eliminarlos en algunos casos, se lo lleven a La Paz”.
Esta decisión de trasladar a Camacho a Chonchocoro la califica como «una violación grosera del debido proceso. Llevarlo allá es como ya un tormento, una tortura psicológica, para generar una señal en contra de toda la oposición».
El politólogo Manfredo Bravo coincide en que las detenciones tuvieron motivaciones políticas. «Evidentemente, el mantener a estas personas presas no tiene que ver absolutamente nada con procesos judiciales. Realmente fue una decisión política que se tomó en su momento. Es la explicación que yo siempre he creído».
Reflejo del poder
Ambos analistas reconocen que la subordinación de la justicia al poder político no es una novedad en Bolivia. «La justicia siempre ha estado inclinada hacia quien tiene peso político en cada momento. No es nuevo», admite Valverde, quien recuerda los tiempos del ciclo neoliberal. «En la época de la democracia pactada, cuando gobernaba el MNR, tenía hegemonía el MNR y los jueces estaban en la línea y rendían pleitesía”.
Sin embargo, considera que en los últimos años esta subordinación alcanzó niveles inéditos. «Con todo, no era una sumisión tan grosera como fue en los últimos años. No podemos desconocer eso”. Recuerda incluso una anécdota que ilustra la extrema sumisión: «Yo recuerdo la frase de un diputado en la época, quien en alguna oportunidad les dijo: ‘dejen de ser tan genuflexos, por lo menos disimulen’. Fue bastante frontal”.
¿Independencia judicial?
Las liberaciones recientes plantean la pregunta de si representan una genuina recuperación de la independencia judicial o simplemente un nuevo alineamiento con las fuerzas políticas emergentes.
Bravo ve aspectos positivos y negativos en este proceso. «Yo creo que desde el punto de vista de la recuperación de la institucionalidad las señales, digamos, son buenas. Son buenas porque le está dando personalidad propia al Órgano Judicial”. Sin embargo, advierte sobre los riesgos. «Evidentemente esto, sobre todo el presidente (del Tribunal Supremo) lo está aprovechando como construcción de un protagonismo propio”.
El politólogo considera que esto podría generar nuevos problemas. «Ya cuando se busca construir a partir de este escenario un protagonismo político, de convertirse en referente o en un actor que busca tener o incidir ya a su vez en las decisiones del Ejecutivo, volvemos a que las cosas se vean al revés durante la gestión”.
Un proceso insuficiente
Para Valverde, las liberaciones representan «un proceso de saneamiento de muchos procesos que tenían connotación política, ahora que el equilibrio de fuerzas políticas ha cambiado”. Considera este proceso no podía esperar. «A mí me parece necesario, porque tarde o temprano se iba a tener que hacer. Esto siempre iba a terminar siendo revisado, si no ahora, después de muchos años por un organismo internacional”.
Sin embargo, espera que no se quede solo en casos mediáticos. «Ojalá que no quede solamente ahí, sino que sea un proceso que sea sostenido y que permita otras reformas, otra reestructuración más profunda que necesita el sistema judicial, desde arriba hasta abajo y de abajo hacia arriba”.
«He leído un titular de prensa, no he leído la noticia, pero decía que unas 4.000 personas estaban en proceso de revisión de su proceso en estos últimos días. No sé si eso va a tener resultados, pero bueno, es una señal muy pequeñita porque el problema de la justicia es muy grande”, señala.
El regreso triunfal de Camacho
El caso de Luis Fernando Camacho ha generado particular atención por la magnitud de su recibimiento en Santa Cruz. Valverde reconoce los factores que contribuyeron a esta acogida. «Yo creo que el largo encierro, la forma en que se lo llevaron, afectó el ánimo de la gente, se sintió muy solidaria con él. Y también, aparte de ese sentimiento de solidaridad que hubo desde el primer momento que se lo llevaron, creo que Luis Fernando Camacho, hay que reconocerle, tuvo una gran fortaleza, demostró mucha valentía”.
Desde una perspectiva más crítica sobre el liderazgo del gobernador, Bravo plantea la distinción entre su dimensión mítica y su desempeño político real. «Yo creo que Camacho está como el país, es un actor político inflacionado. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo tiene una percepción de él construida a partir del mito, no es una percepción que se haya construido a partir de lo que ha sido su desempeño como actor político”.
Para el politólogo, Camacho representa «el David que destruye a Goliat», pero carece de capacidades de gestión. «Luis Fernando Camacho, ganando elecciones en la gobernación, no tuvo una gestión en el poco tiempo que tuvo una gestión destacada. Hubo muchos problemas en la gobernación”, recuerda.
Liderazgos caudillistas
Ambos analistas coinciden en identificar patrones problemáticos en el estilo de liderazgo de Camacho. Valverde señala que «él cree que la política es el arte de romper permanentemente, de descalificar, de buscar una dicotomía amigo-enemigo», y advierte que «ha llegado con ese impulso de querer nuevamente decir ‘aquí solamente soy yo y nadie más, y el que se atraviese por mi camino le arranco la cabeza’, metafóricamente“.
Bravo profundiza en esta caracterización diciendo que «es un hombre que veo desde mi perspectiva que hasta hoy no ha construido en su entorno potenciales alternativas. Y no fortalece el liderazgo. La única luz que debe alumbrar es la del propio Camacho, para su mentalidad política”.
El paralelismo entre Camacho y Evo Morales salta a la vista. «El mito es maniqueo. O sea, el héroe mitificado, porque eso son los dos, cada quien para su sector: el uno es el héroe de la revolución plurinacional (Evo Morales) y el otro es el héroe de la caída de Morales (Camacho)”. Sin embargo, advierte sobre la sostenibilidad de este tipo de liderazgo: «en la medida que también se va debilitando su adversario, su enemigo también se va a debilitar mucho su liderazgo”.
Luces y sombras del momento
Los analistas reconocen la complejidad del momento actual. Valverde observa que «hay un componente también político» en las liberaciones, pero las considera parte de un «proceso de saneamiento» necesario. Sin embargo, expresa preocupación por las víctimas. «También hay gente que puede sentir que no se le está haciendo justicia a sus familiares, que han sido víctimas de hechos que se han generado políticamente, pero que han costado vidas en este país”.
Para el abogado, la responsabilidad recae en quienes condujeron los procesos de manera inadecuada: «No es culpa de quienes ahora pueden recuperar su libertad el hecho de que estaban detenidos sin que hubiera una investigación efectiva como lo había recomendado, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Bravo plantea el desafío fundamental para el futuro: «Lo que debemos hacer es recuperar la independencia de los poderes: recuperar la independencia del Ejecutivo para hacer gestión, administrar el Estado; la independencia del Órgano Judicial para que en este país se respeten las leyes; y la independencia del Órgano Legislativo para que en este país se fiscalice al Ejecutivo, se fiscalice la gestión pública y se elaboren normas que más bien fortalezcan la institucionalidad”.
Hacia el futuro
Bravo advierte que el cambio real requerirá más que liberaciones simbólicas. Como señala Valverde, existe «un problema estructural» que requiere reformas profundas. La pregunta que queda abierta es si Bolivia logrará aprovechar este momento para construir instituciones verdaderamente independientes o si simplemente presenciará una nueva rotación en las relaciones de subordinación entre la justicia y el poder político.
Las próximas elecciones subnacionales serán una prueba crítica para determinar si el país está efectivamente transitando hacia un nuevo ciclo político o si, como han advertido ambos analistas, se trata simplemente de un reacomodo de fuerzas dentro de las mismas dinámicas estructurales que han caracterizado la política boliviana.
