La celeridad con la que algunos jueces actúan en los últimos días a favor de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari no es mera casualidad. Eliminado del mapa político el Movimiento Al Socialismo (MAS), por una serie de factores, principalmente por la obsesión presidencialista de Evo Morales y la división partidaria, arrecia el nuevo gobierno y hay que hacer buena letra.
Así lo admitió el mismo expresidente Jorge Quiroga, que dijo que las últimas decisiones judiciales son consecuencia de los resultados electorales del domingo 17 de agosto. En coincidencia con el candidato presidencial, Camacho aseguró que la resolución a su favor es gracias al pueblo que “eligió a representantes de la Justicia que hoy empiezan a recuperar el Estado de derecho”.
En realidad, la reconfiguración política luego de las elecciones generales parece también reconfigurar la aplicación de la justicia en función del nuevo poder: la situación se invierte y los beneficiarios de las resoluciones ahora dicen que la Justicia recuperó su independencia, al contrario de aquella que denostaron si cesar y la vincularon con los gobiernos del MAS.
Así de claro. En solo dos días, juzgados de La Paz favorecieron en audiencias exprés a Camacho, con detención domiciliaria, y a Pumari, con libertada pura y simple, en el caso Golpe de Estado I, y a Áñez, con la anulación de obrados del caso Senkata —sobre la masacre de 2019— y la disposición de un juicio de responsabilidades. El viernes, en otra audiencia, se prevé que la decisión judicial sea la misma a favor de Áñez, esta vez en el caso Sacaba, también la masacre perpetrada en su régimen.
En menos de cinco días, la situación de los protagonistas de la crisis poselectoral, la interrupción de la democracia y las masacres de 2019 cambió radicalmente.
Todo fue posible por e Instructivo 018/2025, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y firmado por su presidente, Romero Saucedo, que ordenó a los tribunales departamentales a emitir “en 24 horas” informes respecto de los plazos de medidas cautelares en los casos específicos de Áñez, Camacho y Pumari, como si solo ellos fueron víctimas de las recurrentes detenciones preventivas.
El magistrado firmó la orden el 22 de agosto, cinco días después de las elecciones, y a sabiendas de que desde el 8 de noviembre otras fuerzas políticas, las de derecha, dominarán los dos principales órganos del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo: el Partido Demócrata Cristiano (PDC), de Rodrigo Paz; la alianza Libertad y Democracia (Libre), de Jorge Quiroga; la alianza Unidad, de Samuel Doria Medina, y APB-Súmate, de Manfred Reyes Villa. Palabras más o menos, esos candidatos adelantaron en la campaña electoral que, al llegar al poder, inmediatamente liberarán a los “presos políticos”, como si fuera su competencia tomar esas decisiones.
Las decisiones judiciales no dimensionan el sufrimiento y el derecho a la reparación judicial de las familias de los 10 muertos a bala en Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y otros 10 en Senkata, el 19, cuyos hechos fueron calificados de masacre por el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Áñez, junto a sus ministros, firmó el Decreto 4078, que eximía de responsabilidades penales a militares y policías, con el que actuaron las fuerzas represivas de entonces. Quizá, ahora, esas víctimas, nunca reciban justicia.
Tampoco dimensionan la situación de detención preventiva que sufre el 58% de los 33.000 reclusos del país, de acuerdo a datos del Defensor del Pueblo.
En la lógica de Saucedo, que recordó el problema luego de casi ocho meses de haber llegado a su magistratura, más de la mitad de esos casos deberían ser resueltos.
(*) Rubén Atahuichi es periodista
