Las elecciones presidenciales que se celebran hoy domingo parecen estar encaminadas a dirimirse en una eventual segunda vuelta electoral el 19 de octubre. De ser así, este hecho marcará un hito en la historia democrática del país al estrenar por primera vez este mecanismo constitucional para elegir al presidente del Estado Plurinacional.
Las encuestas previas a la votación reflejaron preferencias mixtas entre la población, sin que ninguno alcanzara el margen para un triunfo contundente en primera vuelta, configurando el escenario para un balotaje inédito en Bolivia.
Un mecanismo nacido con la Constitución de 2009
La actual Constitución, vigente desde febrero de 2009, establece en su artículo 166, parágrafo I, que será proclamada a la Presidencia y Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura.
Este sistema de segunda vuelta fue incorporado durante el proceso constituyente que se desarrolló entre 2007 y 2009, como parte de las reformas estructurales que buscaban modernizar el sistema político boliviano y garantizar una mayor legitimidad democrática para el gobierno nacional.
La inclusión de este mecanismo respondió a la necesidad de asegurar que el presidente electo cuente con un respaldo amplio de la ciudadanía, especialmente dados los antecedentes de las décadas de 1980 y 1990. En ese periodo, era en el Congreso donde se decidía quién sería presidente si no llegaba a una mayoría respaldada por la mitad más uno de los votos válidos. Esto llevo a que en 1989, por ejemplo, el tercero más votado, Jaime Paz Zamora en este caso, resulte asumiendo como primer mandatario pese a contar sólo con un respaldo del 21,8% del electorado. Volveremos al respecto más adelante.
Antecedentes en elecciones subnacionales
Aunque sería la primera vez que Bolivia recurre a una segunda vuelta presidencial, el país ya tiene experiencia con este mecanismo en el ámbito subnacional. En diversas ocasiones, las gobernaciones departamentales han tenido que definir sus autoridades mediante segunda vuelta cuando ningún candidato logró superar los umbrales establecidos por ley.
El 3 de mayo de 2015 se realizó el balotaje para las gobernaciones de Beni y Tarija. El 11 de abril de 2021 ocurrió lo mismo en La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando .
Estos precedentes han permitido que el sistema electoral boliviano vaya perfeccionando los procedimientos y la logística necesarios para la realización de estos comicios complementarios.
Un momento histórico para la democracia boliviana
Bolivia cumple, en el mes de agosto de este año, 200 años de vida independiente, y la posible realización de su primera segunda vuelta presidencial coincide con este momento de celebración bicentenaria, agregando un simbolismo especial a este proceso electoral.
Además de elegir al presidente y vicepresidente, también se votará para determinar quiénes serán los 130 miembros de la Cámara de Diputados, entre uninominales y plurinominales, y los 36 integrantes de la Cámara de Senadores para el período 2025 a 2030.
El 8 de noviembre es la fecha prevista para la transición con el nuevo gobierno que la población haya elegido, marcando así el inicio de una nueva administración.
Una conversación
Mientras las encuestas apuntan hacia al escenario inédito de un balotaje en Bolivia, conversamos con el investigador social Roger Cortez Hurtado, quien también fue candidato presidencial por el PS-1 en 1989 y a quien le tocó ser testigo y padecer los escandalosos procederes electorales de ese tiempo.
El proceso electoral de 1989 se ensombreció por una serie de denuncias contra miembros de la Corte Nacional Electoral de aquel entonces, a quienes se denominó como “la banda de los cuatro”. La anulación de mesas determinó cambios en los resultados y la conformación del parlamento.
Una reivindicación histórica
«Queremos no solo votar, sino que queremos elegir», así resume Cortez el anhelo que motivó la inclusión de la segunda vuelta en la Constitución boliviana promulgada en 2009. Esta demanda, según el analista, se gestó entre 1978 y 1979 y se mantuvo vigente hasta 2002, período en el que la ciudadanía boliviana fue testigo de cómo el Congreso Nacional, actuando como colegio electoral, terminaba «expropiando decisiones clave» de la voluntad popular.
El sistema anterior permitía que candidatos ubicados lejos del primer lugar pudieran, en ciertas circunstancias, llegar a ser elegidos presidente a través de negociaciones parlamentarias. Este mecanismo generó una creciente frustración ciudadana que veía cómo «intermediarios y delegados que obedecen a una trama de intereses muy privados, muy particulares y generalmente enredados y poco transparentes» decidían el destino del país.
La inclusión de la segunda vuelta en el ordenamiento constitucional boliviano no fue, por tanto, una importación mecánica de experiencias foráneas, sino la respuesta institucional a una demanda social legítima: que sea el pueblo, y no un grupo de parlamentarios, quien elija directamente a sus gobernantes.
Enigmas después de octubre
Mientras la atención mediática se concentra en el estreno del mecanismo de segunda vuelta, Cortez dirige la mirada hacia lo que considera los verdaderos desafíos. «Los enigmas se plantean a partir de la elección del próximo gobierno», advierte.
El investigador identifica varios interrogantes pendientes que la discusión pública actual apenas está rozando. El primero se refiere a la gobernabilidad: ¿lograrán los «dos conservadores» que teóricamente disputarían la segunda vuelta construir bloques parlamentarios sólidos que sustenten al gobierno ganador? La pregunta no es menor, considerando que Bolivia tiene una larga «tradición de transfugio, de peleas y de mezquindad», evidenciada en la fragmentación del sistema de partidos actual.
Un segundo enigma se relaciona con las expectativas sociales y la capacidad de respuesta del próximo gobierno. Cortez observa que la sociedad boliviana ha mostrado una «tolerancia extrema» hacia el gobierno de Luis Arce, soportando durante años la erosión sistemática de su capacidad adquisitiva. «Hace una década un gobierno con las características que ha tenido el actual, en cuanto a cercenamiento de capacidad económica, habría salido por la ventana», reflexiona.
Pragmatismo más que ideología
El análisis de Cortez enfatiza una característica particular de las próximas elecciones: su carácter eminentemente pragmático. «Quizás sea la menos ideológica de las elecciones de los últimos tiempos», sostiene, estableciendo un paralelismo con la elección de Arce en 2020, cuando el actual presidente «hizo creer a la gente que era un mago de las finanzas».
Esta observación sugiere que el voto boliviano en 2025 estará más influenciado por consideraciones económicas inmediatas que por adhesiones ideológicas o identitarias. Los candidatos han sembrado expectativas de resolver la crisis «en 100 días» o «en meses», promesas que deberán enfrentar la prueba de la realidad una vez en el poder.
El hastío acumulado: veinte años de desgaste por partida doble
Una de las claves interpretativas que ofrece Cortez para entender el momento político actual es lo que denomina «el hastío por doble vía». No se trata solo del cansancio acumulado hacia un régimen de veinte años —el del MAS—, sino también hacia «oponentes que vienen hace 20 años fracasando».
Esta caracterización del escenario electoral boliviano apunta a la profundidad de la crisis política que atraviesa el país. La ciudadanía enfrenta la disyuntiva entre una continuidad desgastada y alternativas que tampoco han logrado enamorar masivamente.
Tiempos
Respecto a los aspectos técnicos del proceso, Cortez adopta una posición práctica. Considera que los dos meses de diferencia entre primera y segunda vuelta constituyen «un mínimo aceptable en términos de organización técnica» para un acontecimiento de tal magnitud. En cuanto a los umbrales establecidos (50% más uno, o 40% con ventaja de 10 puntos porcentuales), señala que “no son muy originales» pero recogen «experiencia de otros países sudamericanos que adoptaron el mecanismo originalmente francés”.
Más allá del estreno
La perspectiva de Roger Cortez invita a mirar más allá del aspecto novedoso de la segunda vuelta para concentrarse en los desafíos estructurales que enfrentará Bolivia independientemente del mecanismo electoral utilizado. Su análisis sugiere que, si bien la segunda vuelta representa un avance democrático importante al garantizar que el presidente electo cuente con mayor legitimidad popular, los verdaderos retos del país están en la construcción de gobernabilidad, la gestión de expectativas ciudadanas exacerbadas por la crisis económica y la renovación de una clase política envejecida.
Bolivia está a punto de estrenar su segunda vuelta electoral, pero como advierte Cortez, «las primeras veces están sobrevaloradas». Lo verdaderamente importante no será el estreno del mecanismo, sino cómo el país utilice esta herramienta democrática para enfrentar sus desafíos estructurales y construir un futuro más promisorio para sus ciudadanos.
Breve historia del balotaje
La segunda vuelta electoral presidencial (balotaje) nació en Francia en la década de 1850 y se implementó por primera vez en ese país para la elección de su jefe de Estado. El término «balotaje» surge del francés «ballottage» y aparece formalmente en el Decreto Orgánico francés del 2 de febrero de 1832, pero su uso para elecciones presidenciales se consolidó en Francia durante el Segundo Imperio de Napoleón III (1852-1870).
El objetivo principal de instaurar la segunda vuelta electoral es otorgar mayor legitimidad al presidente electo, asegurando que quien gane cuente con el respaldo de una mayoría considerable de votos (más del 50%). Esto impide que un candidato se convierta en presidente con un pequeño porcentaje del electorado y permite que, tras la primera ronda, los candidatos y sus partidos negocien alianzas y acuerdos que, en teoría, derivan en gobiernos más representativos y estables.
América Latina
El mecanismo se incorporó gradualmente durante las décadas de 1970 y 1980, coincidiendo con los procesos de transición democrática que vivió la región tras décadas de gobiernos autoritarios y dictaduras militares.
Costa Rica fue el país pionero en incorporar constitucionalmente la segunda vuelta presidencial, incluyéndola en su Carta Magna de 1949, aunque paradójicamente no la aplicó hasta 53 años después, en las elecciones de 2002, cuando se realizó el primer balotaje de su historia.
Ecuador siguió esta tendencia adoptando la segunda vuelta en 1978, aplicándola inmediatamente en las elecciones de 1978-1979 que marcaron el retorno a la democracia tras casi una década de gobiernos militares. Esos comicios, que se extendieron por nueve meses entre la primera y segunda vuelta, fueron históricos para la consolidación democrática ecuatoriana.
Durante la década de 1980, otros países se sumaron a esta tendencia. El Salvador introdujo el mecanismo en 1983 durante su proceso de democratización, aunque su primera aplicación se produjo en 1994. Guatemala la incluyó en su Constitución de 1985 y la aplicó por primera vez en 1991, mientras que Perú la incorporó constitucionalmente en 1979, utilizándola por primera vez en las elecciones de 1990.
El panorama actual
Actualmente, trece países latinoamericanos han adoptado el sistema de segunda vuelta presidencial: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Uruguay, República Dominicana, El Salvador y Haití. En la mayoría de estos países, si ningún candidato supera un umbral de votos que generalmente es del 50%, los dos más votados pasan a una ronda final.
En contraste, seis países mantienen el sistema de una sola vuelta electoral: México, Paraguay, Nicaragua, Panamá, Honduras y Venezuela. En estos casos, el presidente se elige por mayoría relativa, resultando ganador el candidato más votado, aunque no alcance el 50% de los sufragios.
Resultados
Un análisis de los procesos electorales en América Latina muestra patrones muy particulares sobre las segundas vueltas presidenciales y la capacidad de los candidatos que llegan en segundo lugar para dar vuelta el resultado final.
Ecuador y Brasil son los países de las segundas oportunidades, encabezando la lista con siete segundas vueltas presidenciales registradas cada uno. Sin embargo, Ecuador se distingue por haber experimentado 4 ocasiones en las que el candidato que llegó segundo en la primera vuelta logró imponerse en el balotaje, la cifra más alta de la región.
De un total de 52 segundas vueltas registradas en los 12 países analizados, en 19 ocasiones (36.5%) el candidato que llegó segundo en la primera vuelta logró ganar la presidencia. Este dato demuestra que llegar segundo no significa necesariamente una derrota definitiva.
En el caso de Perú, de seis segundas vueltas, en tres oportunidades el segundo candidato logró imponerse, representando una tasa de éxito del 50% para quienes no lideraron la primera vuelta.
En el extremo opuesto, República Dominicana registra apenas una segunda vuelta, en la cual efectivamente el segundo candidato logró ganar. Argentina, con dos segundas vueltas, muestra una efectividad del 50% para los segundos lugares. En El Salvador, en sus dos segundas vueltas nunca ganó el candidato que llegó de abajo.
Los datos reflejan la consolidación del sistema de segunda vuelta como mecanismo democrático en la región, garantizando que los presidentes electos cuenten con mayoría absoluta. La alta frecuencia de remontadas (más de un tercio de los casos) subraya la importancia de las campañas entre la primera y segunda vuelta, donde las alianzas políticas y la capacidad de sumar apoyos pueden cambiar completamente el panorama electoral.
