Este viernes, el Gobierno confirmó que Bolivia ahora forma parte de la ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que se comprometió a subsanar las observaciones para salir de esa clasificación que somete al país a mayor vigilancia.
“Durante la reunión plenaria de hoy (viernes), Bolivia se ha comprometido formalmente a corregir las deficiencias observadas por GAFI, a través de acciones que deben ser desarrolladas dentro de un plazo razonable”, indica un comunicado del Ministerio de Economía.
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De acuerdo con esa cartera de Estado, el país cumplió con más del 90% de recomendaciones del GAFI desde 2021. Sin embargo, la observación principal, la elaboración de una norma de técnicas especiales de investigación contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, no logró cumplirse.
El comunicado del Ministerio de Economía recuerda que desde 2021 se intentó impulsar la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, pero una serie de factores políticos impidieron su entrada en vigor.
“Como efecto de la desinformación, politización y sabotaje movilizado, se evitó la entrada en vigor de la Ley 1386 con la cual se cumplía con los requerimientos del GAFI”, señala el documento.
De igual manera, se responsabiliza a la Asamblea Legislativa por anular disposiciones del Presupuesto General del Estado (PGE) del 2024 que incluía requisitos conforme a las observaciones del GAFI.
Por ello, para salir de la lista gris, el Gobierno indica que se requiere del “compromiso” de los legisladores para la “promulgación de una ley que incluya las técnicas especiales de investigación para casos de Legitimación de Ganancias llícitas”.
La anterior semana, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el país ya integró esta lista en 2011, pero se logró salir de ella en 2013.
Ahora, esa cartera de Estado reiteró que se trabajará “de manera técnica, coordinada y transparente” para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, conforme a lo establecido en los estándares internacionales.
