El titulo original del presente artículo era: “Presupuesto de la educación, crisis económica y planes electorales”, ajustado por razones comprensibles de espacio. Nuestro punto de partida considera esencial que toda propuesta electoral piense en el futuro a partir de una mirada histórica, para comprender qué se hizo en el pasado y cuál el estado de situación. En síntesis: revisar la evolución del presupuesto, así como su destino; asumir una postura objetiva y realista en el presente de profunda crisis; para de esa manera, proyectar una propuesta electoral y no un discurso demagógico.
Cualquier propuesta electoral en torno a la educación, tendrá sentido si conoce a profundidad qué se hizo en las décadas previas (base de cualquier propuesta); cuál el estado de situación (contexto y condiciones), para recién hacer el diseño de las políticas públicas. Este proceso que en su forma se presenta como técnico, en su esencia es ideológico, político y cultural. Cada organización política comprende y define la educación desde la perspectiva de la clase social que representa.
Lo invitamos a leer: Educación y planes de gobierno
Por ello, los candidatos de la derecha conservadora abren un abanico electoral que incluye desde tonos radicales, como el retorno a la reforma educativa neoliberal, otros conciben la educación como un servicio y no como un derecho universal. La mayoría propone políticas educativas ya implementadas (reinventándolas) para presentarse como innovadores. Además, trasladan sus soluciones a las problemáticas educativas a la aplicación de las evaluaciones internacionales o, finalmente, dejan el presupuesto educativo sujeto a las condicionantes de los excedentes de los recursos naturales, los recursos liberados de empresas públicas deficitarias, creación de un fondo especial para educación, pactos fiscales o generar programas con financiamiento privado.
Con un planteamiento anacrónico, los candidatos oficialistas reivindican el aporte histórico y los grandes avances en la educación, en materia salarial, en dotación de infraestructura, así como equipamiento, programas sociales, profesionalización, bachillerato técnico y otras políticas educativas realizados a partir del 2006, aunque evitan nombrar a quién las impulsó y tomó la decisión política de hacer de la educación primera prioridad financiera. Es importante recordar que el presupuesto educativo de 2005 (resultado de la reforma neoliberal) era de cerca de 4.500 millones de bolivianos (650 millones de dólares) mientras que para el 2019, los recursos destinados al sector educativo superaron los 24.000 millones de bolivianos (3.500 millones de dólares), lo que representa un 470% de incremento.
La mirada longitudinal del presupuesto, financiamiento, inversión y gasto en educación es importante para identificar, por un lado, el discurso electoral, generalmente maximalista y demagógico y, por el otro, las orientaciones ideológicas de los planes de gobierno. Los primeros parten de una problemática construida a través de las tendencias de opinión o de los medios de comunicación (en la actualidad las redes sociales); los segundos, los planes, que presentan las organizaciones políticas al órgano electoral se quedan como listado de propuestas, intencionalidades o “anzuelos” electorales.
En el ámbito educativo, por mandato constitucional y por su sentido estratégico, resulta imprescindible que los candidatos y sus planes electorales definan su posición en torno al cumplimiento del Parágrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que dice: “La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”.
(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación
