El último acto del Tribunal Constitucional (TCP), popularmente conocidos sus miembros como “autoprorrogados”, es un plato a pedido. En contra de las sentencias departamentales, por una parte, habilita a Andrónico y, por otra, margina a PAN-BOL, sin explicación alguna; la no devolución de las listas del MST y la demora en acatar la sentencia que favorecía a PAN-BOL muestran que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue parte de la maniobra. El arropar de legalidad a las miserias humanas es una vieja práctica de dominación.
Antes de su inicio, el proceso electoral ya estaba marcado por el superpoder del TCP, desde que dispuso que las elecciones judiciales sean parciales, para prorrogar así su mandato. El TSE, a través de su presidente, protestó, indicando una invasión de sus competencias y deslegitimó sus acciones calificándoles como autoprorrogados; sin embargo, desdiciendo esta posición, algunos vocales señalaron que había que acatar lo sentenciado por el peligro de ser encarcelados, mostrando resignación ante la arbitrariedad.
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Por otro lado, el TSE ha mostrado laxitud en el cumplimiento de las normas que rigen a los partidos políticos. Hoy el resultado es claro, partidos sin directivas unívocas, sin candidatos propios, sin recursos, menos programas e ideología. Esta flexibilidad, ampliación de plazos por siete veces, para adecuar estatutos y elegir directivas, mostró el deseo de eternizar a los viejos partidos; la cancelación de la personería hubiera dado oportunidad para la reconfiguración del escenario político, con viejos y nuevos actores. Se sometió a sus caprichos, anulando las elecciones primarias, donde los partidos hubieran dado prueba de su existencia, eligiendo sus candidatos, hoy son zombis resbaladizos e inhabilitados. Hoy, sin partidos habrá elecciones, los que postulan, en su mayoría, son los que pudieron comprar una sigla.
La realidad muestra a las próximas elecciones como nada transparentes, menos creíbles, lo que cuestionará el triunfo y el ejercicio del ganador. Sin embargo, tienen que realizarse, es hora de reconducirse o dejar el final a la incertidumbre.
Una de las cumbres convocadas por el TSE ante el avasallamiento sufrido en las judiciales, acordó blindar su autonomía; este acuerdo fue interpretado por los Asambleístas, primero en el Senado y luego en la Asamblea, como el cese de funciones de los autoprorrogados del TCP. El Tribunal Supremo de Justicia ha puesto en capilla a los prorrogados en su seno, al no permitirles asistir a sala plena. Por su lado, la ciudadanía, por medio de ciudadanos probos, condena la prolongación del mandato y tacha de ilegales sus actos. Sólo el Ejecutivo lo sostiene y éste pierde legitimidad.
La anulación de los actos de los autoprorrogados (por ley) o el desacato a los fallos por el TSE pueden dar paso a una “amnistía” -propuesta hecha pública- para quienes no cumplieron normas electorales, que son todos, excepción del que todos saben quién es el dueño, pero nadie conoce al jefe(a). Es hidalgo reconocer errores y una obligación reparar los daños causados por esas acciones.
La democracia no es un acto de cinco minutos, ni se circunscribe a las elecciones, es una cultura que al reconocer igualdad de derechos y libertad de pensamiento cohesiona a la sociedad en una convivencia pacífica: se expresa de diferentes maneras y por diversos sujetos. El encasillar su ejercicio a las elecciones la restringe y hace de la democracia un privilegio de unos cuantos; por eso la más profunda democracia que vivió el país fue en momentos de eclosiones sociales: la Revolución del 52, la Asamblea Popular de 1971, la huelga nacional de hambre por la amnistía general de 1978, la destitución del gobierno antinacional de Goni, la convocatoria y consolidación de las resoluciones de la Asamblea Constituyente. ¿Estamos ante un nuevo parto democrático directo y participativo?
El próximo 11 de junio, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia cumple 81 años de su creación, mi homenaje a esta institución que con su ejemplar vida democrática se convirtió en factor de las transformaciones políticas de nuestro país: hoy el reivindicarle está en manos de una nueva generación, que dijo no al prorroguismo.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
