Yamile Cruz Tejerina, ejecutiva de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), explicó que la acción popular presentada el 20 de mayo por la Central Única Provincial De Comunidades Originarias De Nor Lípez (CUPCONL) denuncia la vulneración de derechos constitucionales y falta de estudios ambientales en los contratos de litio, firmados por el gobierno en noviembre del 2024.
“Lo que exige es que se han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas originarios a la consulta previa y que no se han realizado los estudios ambientales que se deberían haber hecho antes de firmar los contratos (…) las comunidades vamos a ser afectadas respecto a todo este tema de la extracción directa de litio”, indicó Cruz en entrevista con La Razón Radio.
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Continúan con operaciones
La ejecutiva denunció que, a pesar de la orden de suspensión inmediata de los contratos de industrialización del litio emitida por el Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) continua con sus operaciones.
“¿Eso qué nos muestra? Que ellos no van a hacer caso a estas acciones populares porque ya han negociado el litio, ya se ha firmado el contrato y ahora van a hacer todo por el todo para que estos contratos avancen”, declaró.
También señaló que lo que se busca es la aprobación de la ley de litio y la formulación de contratos justos que favorezcan a los habitantes del departamento de Potosí con la explotación de litio.
La audiencia de acción popular está programada para el próximo 5 de junio, en la que se espera que la emisión de una resolución definitiva sobre este caso.
