La Defensoría del Pueblo y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP) trabajar de manera conjunta en la prevención de la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, remarcó que se deben “extremar esfuerzos, no solamente para trabajar en la sanción sino también en la prevención, para darle un enfoque integral” a esta lucha.
La firma del acta impulsará el asentamiento del ‘Plan de Acción Defensorial para poblaciones en situación de vulnerabilidad 2024 – 2028’ y la vinculación con otras instituciones de defensa de derechos humanos.
Esta alianza permitirá generar un fortalecimiento del plan de fronteras en las ocho oficinas que tiene la Defensoría del Pueblo. “Vamos a poder realizar actividades que van a fortalecer el trabajo en favor de las víctimas de este flagelo”, remarcó Callisaya.
En tanto, el director del Área de Justicia y Estado de Derecho de la FIAP Agustín Fernández señaló que la cooperación española está trabajando desde el 2016 contra la trata de personas y tráfico de migrantes.
“Con el nuevo proyecto vamos a priorizar a las víctimas, poniéndolas en el centro, viendo sus necesidades, ayudándoles en su acceso a la justicia, desvictimizándolas y trabajando y trabajando a nivel horizontal con las demás instituciones como la Defensoría del Pueblo. Las víctimas de trata y tráfico son las víctimas de esclavitud del siglo XXI”, destacó Fernández.
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La firma del documento permitirá a la Defensoría del Pueblo y a la FIAP abordar la lucha contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos; el desarrollo de políticas públicas y formación entre otros ámbitos.
La FIAP es parte del sistema de Cooperación Española especializada en la promoción de políticas públicas, que presta apoyo en más de 120 países.
La Defensoría del Pueblo dentro del ‘Plan de Acción Defensorial para poblaciones en situación de vulnerabilidad 2024 -2028’ y el ‘Plan de Fronteras 2024 – 2028’ trabaja en acciones enmarcadas en la prevención de la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, capacitando a servidores públicos de frontera y guiando en la conformación de espacios de articulación para la prevención de este flagelo social.
Desde enero 2023 a julio de 2024, la Defensoría del Pueblo registró 50 casos vinculados a trata de personas, tráfico de migrantes y delitos conexos, siendo las víctimas recurrentes de este delito niñas, niños y adolescentes, seguido de jóvenes entre los 18 a 29 años.
Asimismo, la institución defensorial identificó que la Policía Boliviana, gobiernos municipales, departamentales y otras instituciones no están desarrollando acciones pertinentes para combatir la trata de personas.
