Se cierra el proceso de inscripción de partidos y candidatos para las elecciones generales y la conclusión que más llama la atención es que no hay partidos. Lo único que hay son pretensiones de poder. Así, hay candidatos que se olvidaron que, para lidiar en las elecciones, hay que tener partido y partidos que se olvidaron formar a su militancia, para que sean candidatos; lo peor es el órgano electoral que, con ojo tuerto, avala la existencia y conducta de los partidos.
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El sistema de partidos políticos es consecuencia de acuerdos políticos en el Congreso Nacional del 2009, incongruencias como una Asamblea con dos cámaras, por ejemplo; fue reflejo de la falta de una mayoría absoluta en ese momento; la distorsión se prolongó en el tiempo, a pesar del cambio en la correlación de fuerzas, engendrando la mercantilización de los partidos. Negar el sistema republicano plantea una alternativa que no germinó.
El sistema republicano tiene como base la existencia de los partidos, como expresión de corrientes ideológicas y de clases; su agrupamiento se basa en la visión de sociedad que se tiene; pero en la medida que degeneran en mecanismo para usufructuar el poder, poco importa la ideología, se antepone la oportunidad. Es lo que vemos hoy, partidos en venta al mejor postor, candidatos activos en la subasta.
El fenómeno no es nuevo: en la época neoliberal, al asignarles el monopolio del poder, desplazando a los gestores de la democracia —la COB— por “tendencias corporativas” cuando rezumaba política en sus acciones, se buscó una y mil maneras de darles sustento orgánico y programático a los partidos y se dio pasos de ingeniería política para evitar su derrumbe; todos esos esfuerzos fracasaron ante la imposición del pragmatismo para disfrutar del poder; las corporaciones se crearon para usufructuar del Estado. La crisis de la megacoalición (MNR, MIR, NFR, ADN, CONDEPA, UCS, MBL) dio paso a la eclosión social, que buscaba una nueva constitución, un nuevo sistema de representación ciudadana, la democracia directa y participativa, el planteamiento de una participación ciudadana sin intermediarios, asambleísta en sus debates en una multitud de agrupaciones sociales: obreras, campesinas, estudiantes, trabajadores independientes, profesionales, cívicas, empresarios, cooperativistas, etc., y su convergencia en objetivos nacionales para el vivir bien. La intención se quedó en eso.
El Tribunal Supremo Electoral no tiene como función única la realización transparente de las elecciones, su labor permanente es el de crear conciencia ciudadana democrática, particularmente en los partidos políticos, para eso existe su labor de observación. En esa labor han sido drásticos y hasta soberbios con un solo partido, el de Evo, y laxos con el resto o punitivos a la hora nona, cuando les dieron libertad de actuar después de cometer la falta. El haberse sometido a otros poderes y ser benévolos discrecionalmente han manchado su mácula; su rigurosidad tardía ahondará su desprestigio; lo que les corresponde es ser amplios en la participación, si les queda algo de democráticos. En fin, el pueblo es soberano para elegir a quien considere mejor.
El pueblo boliviano ha elegido un rumbo, la Asamblea Constituyente lo señaló y un referéndum lo confirmó: un Estado plurinacional, incluyente, soberano en la explotación de los recursos naturales, pluralista en la economía buscando el bien común, relación armónica con la naturaleza y sus semejantes, democrático para elegir a los hombres y las mujeres llamados/as a dirigir el Estado y cumplir los mandatos constitucionales, garantizar los derechos individuales y colectivos, la seguridad productiva y alimentaria, un Estado neutral y de paz. Si ésta es la visión hegemónica, me pregunto para qué sirven los partidos, mejor es debatir sobre los caminos y los hombres que van a lograr estos objetivos. Lo otro es cambiar la función pública, de servicio, a un intercambio de favores con quienes invirtieron en las campañas electorales y olvidarse del Vivir bien.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
