Hay palabras que, en ciertos contextos, se convierten en barrotes. En Bolivia, términos como «terrorismo», «sedición», «conspiración» o «corrupción agravada» ya no sirven para describir realidades jurídicas objetivas, sino para nombrar enemigos del poder. Se pronuncian en los tribunales, se amplifican en los medios, se graban en actas fiscales, pero su función principal no es proteger a la sociedad, sino blindar al gobierno. En esta lógica, el Estado ya no ejerce justicia: la administra como un botín.
El poder penal boliviano no solo castiga delitos: selecciona cuerpos, biografías y relatos. No es casual que la prisión preventiva afecte de manera desproporcionada a jóvenes, indígenas, opositores, periodistas, abogados críticos, líderes cívicos y antiguos servidores públicos alejados del favor gubernamental. En lugar de proteger los bienes jurídicos fundamentales, el sistema penal los vulnera. En lugar de respetar el principio de legalidad, lo instrumentaliza. Y, en lugar de ser última ratio, se ha convertido en la primera reacción del poder ante el conflicto social y político.
La estructura judicial boliviana reproduce una matriz inquisitiva donde la defensa técnica muchas veces es decorativa, los plazos son letra muerta, y la prisión preventiva se utiliza como herramienta de coerción psicológica. En ese esquema, la justicia ya no es ciega: tiene buena vista y sabe distinguir muy bien entre amigos y adversarios. Como un ave rapaz entrenada, caza selectivamente, no por azar ni por legalidad, sino por encargo.
El caso del abogado Jorge Valda —jurista, activista y voz crítica del poder— no es aislado, sino paradigmático. Su persecución judicial tiene poco que ver con pruebas y mucho con mensajes: el mensaje de que nadie está a salvo si decide confrontar al sistema desde dentro. Valda ha sido perseguido por su palabra, por su voz jurídica en medios, por su decisión de no callar. Su figura representa la incomodidad del profesional que conoce el aparato judicial y, precisamente por eso, decide enfrentarlo. Su causa penal no busca justicia: busca advertir. Es una jaula de papel disfrazada de juicio, un performance judicial que pretende disuadir a todo aquel que crea que el derecho puede usarse contra el poder.
Palabras y no hechos
Cuando un Estado utiliza el derecho penal como instrumento de venganza, y no de justicia, se configura lo que Ferrajoli llama «derecho penal del enemigo». Ya no se procesa a personas con derechos, sino a enemigos del orden, a sujetos despojados de garantías. En este tipo de derecho, no hay principios, sino excepciones; no hay justicia, sino castigo ejemplarizante; no hay Estado de Derecho, sino razón de Estado. Y lo más peligroso: la ciudadanía lo acepta, lo naturaliza, lo reproduce.
Vivimos bajo la lógica de la judicialización de la política y la politización de la justicia. Esto significa que las decisiones políticas importantes se resuelven en tribunales controlados y que los operadores de justicia actúan no según la Constitución, sino según la agenda del poder. La Fiscalía General, llamada a ser independiente y objetiva, actúa como abogado del gobierno. Los jueces, presionados por destituciones, amenazas y «auditorías exprés», pierden la independencia. El resultado es una justicia sin alma: técnica en apariencia, pero vacía de equidad.
La selectividad penal es evidente. Mientras se mantiene a líderes opositores encarcelados sin sentencia durante años, se archivan con velocidad récord los casos de corrupción que involucran a autoridades en funciones. El poder penal no toca a los suyos. Y, si lo hace, es solo para simular equilibrio. En los hechos, el castigo se reserva para quien disiente, cuestiona, denuncia o moviliza. Y esa asimetría revela el verdadero rostro de un poder que no busca justicia, sino control.
Históricamente, el poder punitivo en América Latina ha servido como barrera contra la subversión del orden establecido. La cárcel ha sido la herramienta para disciplinar al diferente, al pobre, al que protesta. En Bolivia, este patrón se repite con una sofisticación discursiva: se habla de «revolución judicial», de «lucha contra la corrupción», de «defensa del proceso de cambio», pero se encarcela al disidente, no al corrupto. Se criminaliza al abogado que denuncia, no al juez que negocia sentencias. Se procesan marchas, no crímenes.
Los hechos, más allá de las palabras
Y mientras todo esto ocurre, el sistema carcelario colapsa. Las cárceles bolivianas están sobrepobladas en más de un 300%, repletas de personas sin sentencia, muchas de ellas inocentes o víctimas del azar judicial. El hacinamiento, la violencia estructural y la falta de atención médica transforman la prisión en un infierno institucionalizado. En lugar de espacios de reinserción, son depósitos humanos. Cada año que un inocente pasa encerrado, es un año robado por el Estado. ¿Quién responde por eso?
La impunidad judicial tiene consecuencias sociales devastadoras. La ciudadanía pierde confianza en la ley, en las instituciones y en la democracia. Cuando la justicia se convierte en un arma del poder, el pueblo se vuelve cínico, descreído, apático. Y ese es el terreno fértil para el autoritarismo, para la resignación, para la normalización del abuso. En palabras de Hannah Arendt, el mal no siempre es radical, muchas veces es banal: se instala poco a poco, sin grandes gestos, pero con efectos profundos.
Frente a esta realidad, urge recuperar el sentido garantista del derecho penal. Recordar que la cárcel debe ser excepción, no rutina. Que la defensa es un derecho, no una concesión. Que el juez debe ser imparcial, no funcional. Que la ley no es propiedad del gobierno, sino escudo del ciudadano. Y que la libertad no se mendiga: se exige.
Hoy, la figura del abogado Jorge Valda interpela no solo al gobierno, sino a todos los operadores de justicia, a los abogados, a los periodistas, a los académicos. Su caso nos recuerda que cada silencio ante una injusticia es una complicidad; que cada mirada desviada ante una arbitrariedad es una traición a la democracia. Defenderlo, y defender a todos los perseguidos, no es un acto político: es un deber ético.
Porque ningún país que encierra inocentes puede llamarse libre. Y ningún poder que persigue la verdad puede llamarse justo. Bolivia no necesita más juicios espectaculares ni fiscales serviles: necesita memoria, coraje y dignidad. Y esa dignidad empieza por decir basta a un poder penal que, en nombre del pueblo, encarcela al pueblo.
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