Tal es el profundo odio hacia Evo Morales, y seguramente lo que representa, que en la sociedad boliviana que lo rechaza se produce una aceptación absoluta de lo que sea con tal de que no vuelva al poder. Hay una lucha política, evidentemente, que coloca en primer plano a los partidos y a aspirantes a la Presidencia; sin embargo, ¿vale ese “lo que sea” antes de que él vuelva?
En 2020, luego de que a nombre de la “democracia” en 2019 se llevara a cabo un golpe de Estado en Bolivia, se produjeron dos matanzas de indígenas y quienes ven como “revolución” lo ocurrido también miraron para otro lado cuando se produjeron esas muertes. Total, eran “salvajes” y “sucios indios masistas”. Hoy, con un gobierno masista (del presidente Luis Arce enfrentado a Morales), se producen acciones que vulneran los derechos indígenas reconocidos en la Constitución. Nadie dice nada.
El Tribunal Supermo Electoral determinó negar a tres organizaciones indígenas la posibilidad de presentarse como tales a las elecciones, pese a que el artículo 209 de la Constitución (que está sobre la Ley 1096) garantiza ese derecho, lo que constituye una discriminación, según el vocal Tahuichi Tahuichi. Hubo un debate y, por votación, el TSE lo decidió. ¿Cuál es la razón de fondo? Se conoce que así se evita que alguna de estas organizaciones postule a Evo Morales. Es decir, ¿se vulneran derechos por un supuesto “bien mayor”? Bien mayor para quienes no quieren que haya la opción de votar a Evo.
A Morales, sus detractores políticos y gente de a pie que lo detesta le dicen “pedófilo” porque se habría aprovechado de su posición de poder para acceder y embarazar a mujeres muy jóvenes, menores de edad, incluso con el consentimiento de sus padres. Hay mucho comentario al respecto; sin embargo, en el proceso que se le ha iniciado se le acusa de trata y tráfico de menores y no de pedofilia (que es tener fantasías; lo correcto sería pederastia que implica el acto).
Aquí no se busca defender a Morales por este asunto, nada más cercano a ello; si él abusó de menores, debe pagar. El tema es que en Bolivia son miles los casos de menores e incluso púberes que fueron embarazadas: 2.738 mujeres menores de 15 años fueron madres en 2024, según datos del Sistema Nacional de Información en Salud. Todos estos casos constituyen delito y no se les hace un proceso a los hombres responsables; no existe una política de Estado real que sancione cada uno de estos casos ya que año tras año es igual. Solo se pone el acento en Evo Morales por razones políticas y no porque se busque sancionar un delito o defender a la víctima. Se utiliza a las niñas y adolescentes con esos fines.
La jueza Lilian Moreno fue detenida y puesta en prisión preventiva esta semana luego de que ella anulara la orden de aprehensión y la imputación contra Evo Morales, lo que habría constituido una “falta gravísima”. Ella tiene sus argumentos legales; poco importan en este caso y la reacción fue inmediata, no pasaron ni tres días para que ella esté con sus huesos en prisión ¿Cuál es la verdad legal? No se sabe en un país donde la justicia baila al son político, y a la que se critica o aplaude según la posición que se tenga. La realidad es que hay innumerables casos de injusticia en la justicia, con resoluciones judiciales en casos que también afectan a las mujeres por un sinfín de violencias y sobre los que el Consejo de la Magistratura no tiene ninguna prisa. No les importan estas mujeres, lo importante es evitar que Morales se presente a las elecciones, ya que, tal como son las cosas en estos casos, si él se jubilara de la política probablemente lo dejarían tranquilo intentando conquistar a otra chiquilla.
Así como es Bolivia, toda la gente tiene algún pariente, algún conocido o algún amigo (si es que no es él mismo) que ha seducido, se ha aprovechado o ha violado a una menor; es así de escandaloso y por eso no se hace nada efectivo al respecto. Pura hipocresía. No se cuida y protege a estas mujeres niñas, se las utiliza, así como se desprecia la vida y los derechos políticos constitucionales de indígenas porque no son útiles.
No todo vale, y aceptar lo que sea por un fin político es ruin e indecente y resta todo valor a personas e instituciones, ni qué decir a partidos y candidatos que solo se visten de indígenas en sus actos proselitistas y no tienen un programa que explique qué harán contra las violencias machistas, por la igualdad de género y contra la discriminación racista.
