Bolivia se encamina hacia las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de 2025 en medio de creciente expectativa, tensiones y una crisis múltiple. El país enfrenta el reto de concretar un proceso electoral crucial para su estabilidad democrática, mientras diversas acciones judiciales amenazan con entorpecer su normal desarrollo. Dos voces experimentadas en la gestión electoral y constitucional boliviana, Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia y de la Corte Suprema de Justicia, y José Luis Exeni, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), analizan los riesgos y oportunidades de esta coyuntura.
Contexto de crisis múltiple
La convocatoria a elecciones generales se desarrolla en un escenario complejo que José Luis Exeni caracteriza como de «crisis múltiple». «Estas elecciones se están realizando en un contexto de crisis política institucional, crisis económica muy marcada, que no era un dato en las anteriores elecciones», señala el exvocal electoral.
El actual panorama boliviano presenta, según Exeni, una «polarización persistente, hoy agravada por la escisión en el MAS y la fragmentación en la oposición», además de «un contexto de alta desconfianza, tanto en las instituciones como en los liderazgos», lo que configura un escenario de «elecciones inciertas».
No obstante, el politólogo destaca algunos factores positivos en este proceso. Entre ellos, «la certeza sobre la fecha de las elecciones ya convocadas para el 17 de agosto, la probada experiencia que tiene el Tribunal Supremo Electoral y la pluralidad de fuerzas políticas», que garantiza «elecciones competitivas». En su criterio, estos son elementos que brindan cierta estabilidad.
Judicialización de la política
Tanto Exeni como Rodríguez Veltzé coinciden en identificar la judicialización de la política como el principal riesgo para el proceso electoral. El expresidente del TSE lo califica como «el factor más relevante, persistente y crítico», refiriéndose a «decisiones judiciales, en especial del autoprorrogado Tribunal Constitucional Plurinacional y de algunos jueces que vulneran el principio de preclusión».
Por su parte, Rodríguez Veltzé caracteriza la situación actual del TCP como extremadamente preocupante. «El mayor riesgo al orden democrático sigue siendo la permanencia de los cinco ciudadanos que usurpan funciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional y cuyo desempeño ha marcado uno de los episodios más funestos en el respeto por el orden democrático y la institucionalidad del país», asevera.
El principio de preclusión
Un elemento central en este debate es el principio de preclusión electoral, que según explica Rodríguez Veltzé, implica que «las etapas cumplidas son irreversibles, un principio que otorga seguridad jurídica al proceso, evita retrasos y permite asegurar el orden democrático». El expresidente enfatiza que «el principio de preclusión se encuentra en plena vigencia y es correspondiente con el ejercicio de los derechos políticos reconocidos por la CPE en materia electoral a todos los ciudadanos».
Este principio, esencial en el derecho electoral boliviano, establece que una vez cerradas las etapas del calendario electoral, no pueden reabrirse, asegurando así la progresión ordenada del proceso. «Los derechos, garantías y procedimientos político-electorales están vigentes desde 2009 y, desde entonces, se han producido varias elecciones generales enmarcadas en calendarios que disponían plazos secuenciales y ordenados para acreditar o impugnar la representación y participación política», precisa el exmandatario.
Ante las acciones judiciales que podrían entorpecer el proceso, Rodríguez Veltzé es enfático: «la pretensión de alterar el calendario con medidas cautelares resulta ajena a la integridad del proceso, precisamente por lo extemporáneo de las peticiones». Esta postura subraya la preocupación de que intervenciones tardías, incluso cuando abogan por derechos legítimos, puedan comprometer la integridad del proceso electoral.
Exeni refuerza esta idea al recordar experiencias recientes donde la vulneración de este principio tuvo graves consecuencias. «Es un temor no gratuito, es algo que hemos visto en las elecciones judiciales y está ahí en mesa». El experto considera una señal positiva que «el Tribunal Supremo de Justicia salga públicamente a decir que instruye a todos los jueces que en ningún caso admitan recursos o demandas para frenar el proceso electoral».
La defensa del principio de preclusión representa, en este contexto, no solo una salvaguarda técnico-jurídica, sino también un resguardo prudente frente a intentos de manipulación política del calendario electoral. Como instrumento de seguridad jurídica, su respeto resulta fundamental para garantizar que el camino hacia las urnas se desarrolle con la previsibilidad necesaria para todos los actores políticos y sociales.
Los recursos de inconstitucionalidad y la participación indígena
Las demandas presentadas por agrupaciones indígenas cuestionando la Ley 1096 de Organizaciones Políticas plantean un dilema entre derechos reconocidos constitucionalmente y la viabilidad del calendario electoral. Rodríguez Veltzé reconoce que «concurren contradicciones que merecen ser esclarecidas en el ámbito de las condiciones que señala la propia CPE para la elección de los representantes y candidatos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos», pero insiste en que estas deberán «compatibilizarse con los calendarios electorales sujetos a la preclusión electoral».
En consonancia, Exeni afirma: «soy firme partidario de garantizar derechos. Y en este caso uno de los derechos es implementar el binomio paritario. También soy firme impulsor de garantizar los derechos de las naciones y pueblos indígenas». Sin embargo, sostiene que «estas demandas son tardías porque se han presentado una vez que ya se ha convocado la elección. Se han presentado una vez que ya ha sido aprobado un reglamento para la presentación de candidaturas», lo que evidencia la importancia temporal del principio preclusivo.
El politólogo advierte sobre el riesgo de instrumentalización de estas demandas legítimas. «En ningún caso, las reivindicaciones legítimas que tienen respaldo constitucional deberían ser utilizadas instrumentalmente para tratar de deslegitimar, boicotear o incluso frenar la elección».
El papel del Tribunal Supremo Electoral
Ante el complejo escenario político-institucional, ambos entrevistados depositan su confianza en la autoridad electoral como garante del proceso democrático. Rodríguez Veltzé es categórico al afirmar que «el TSE es la máxima autoridad en materia electoral y sus decisiones –que gozan de presunción de constitucionalidad– no podrán ser limitadas ni afectar la realización de las elecciones».
Para el expresidente, el órgano electoral «deberá hacerlas prevalecer y denunciarlas ante el Ministerio Público, la Procuraduría del Estado, la Contraloría General del Estado, el Defensor del Pueblo y ante la Asamblea Legislativa» si el TCP intentara obstaculizar los comicios.
Exeni, por su parte, manifiesta su “confianza plena en el Tribunal Supremo Electoral», aunque reconoce la existencia de «algunas diferencias internas, sobre todo expresadas en una falta de vocería institucional». El experto señala como un tema técnico crítico «el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares», sobre el cual apunta que «debemos tener la garantía de que va a haber TREP, que se va a implementar un TREP y de que no va a tener ningún problema».
Factores de riesgo adicionales
Entre los «factores críticos en el contexto» que podrían afectar el proceso electoral, Exeni menciona «la decisión que va a tomar el TSE sobre la habilitación o inhabilitación de Evo Morales en el caso de que consiga partido y concurra a la elección», calificándolo como «un hito importante en el proceso por los efectos que pueda tener independientemente de cuál sea la decisión».
El politólogo también identifica dos «persistentes narrativas» peligrosas: «la narrativa anticipada de fraude, que siempre está presente» y «la narrativa de guerra sucia contra el padrón electoral».
En cuanto a las condiciones de contexto necesarias para garantizar el proceso, Exeni señala la premisa de que «el gobierno continúe gestionando la crisis económica con un bicicleteo que no lleve a una situación de colapso». Expresa su esperanza de que el gobierno logre controlar el factor económico, aunque «vamos a seguir en una inercia de escaseces, de alza de precios, de combustible intermitente, pero ojalá sin colapso».
Antecedentes preocupantes y expectativas futuras
Las experiencias recientes en materia electoral en Bolivia generan inquietud. Exeni recuerda que «cuando se decidió bajar las elecciones primarias, nadie dijo nada porque a nadie le interesaba. Lo veían como un gasto innecesario. Cuando se decidió mutilar las elecciones judiciales, tampoco hubo una gran reacción». Sin embargo, advierte que «si hubiese el intento de hoy boicotear, frenar, postergar las elecciones generales, creo que se generaría una reacción muy crítica».
Rodríguez Veltzé recuerda que «no es la primera oportunidad en la que intereses partidarios intentan utilizar los tribunales judiciales para afectar el curso de las elecciones. Sucedió el año pasado con las judiciales y también en 2005 con la crisis de los escaños, que afectó el calendario electoral pero no alteró la celebración de elecciones generales». En aquel momento, según destaca, «el Tribunal Constitucional no se prestó a la manipulación de los recursos presentados».
Mirando hacia el futuro, Rodríguez Veltzé señala la necesidad de «fortalecer las instituciones democráticas, transformar el sistema de partidos políticos y las modalidades de representación ciudadana para la elección de sus candidatos, eliminar la reelección para evitar caudillismos y fortalecer una cultura democrática más plural, más participativa y tolerante».
Entre la esperanza y la incertidumbre
A pesar de los desafíos, ambos expertos mantienen la esperanza en la concreción del proceso electoral. «Más que una convicción, es una esperanza», expresa Exeni. Agrega que «la voluntad ciudadana es de llegar a las elecciones el 17 de agosto, sí o sí», lo que constituye «el principal tema de consenso» en la sociedad boliviana actual.
Para Rodríguez Veltzé, la consolidación democrática requiere aprendizajes de las crisis pasadas, como la de 2019. El expresidente subraya la importancia de «fortalecer las instituciones democráticas» y «eliminar la reelección para evitar caudillismos», apostando por «una cultura democrática más plural, más participativa y tolerante».
Bolivia se encuentra así en un momento crítico donde los principios constitucionales, la institucionalidad democrática y las aspiraciones ciudadanas confluyen en un escenario de tensión. La capacidad de sus instituciones para garantizar un proceso electoral limpio y transparente será determinante para el futuro político del país.
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