Cuando, el pasado 31 de octubre, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, visitó Washington D.C., se reunió con el Secretario de Estado de Estados Unidos y con altos funcionarios de organismos financieros regionales y globales. El propósito de su visita fue obtener apoyos destinados a fortalecer el presupuesto nacional y financiar el gasto público, así como a impulsar la inversión estatal ante la difícil situación económica heredada de los gobiernos anteriores.
Junto con la inversión pública, será igualmente esencial reactivar la inversión privada. No es posible construir los cimientos de un desarrollo económico sólido y sostenible sin la llegada de capital extranjero orientado a proyectos productivos, de calidad y con impacto en el desarrollo nacional. Para ello, se requiere articular una política integral de atracción de inversiones extranjeras. Las experiencias de otros países latinoamericanos pueden servir como referencia, dado que varios han transitado ya el camino desde el aislacionismo hacia la apertura económica. Casos como los de Ecuador, tras el gobierno de Rafael Correa, o Argentina, después de Cristina Fernández de Kirchner, ilustran este proceso. Sin embargo, la situación boliviana es particularmente crítica.
Consulte también: Invertir hoy… empleo y crecimiento futuro
Según la CEPAL, mientras la inversión extranjera directa en América Latina alcanzó 188.962 millones de dólares en 2024, Bolivia recibió solo 247 millones, es decir, un 0,13 % del total regional.
Revertir esta tendencia exige una política de Estado orientada a reinsertar Bolivia en la economía mundial. El país debe volver a ser un espacio donde las empresas extranjeras puedan invertir, operar y crecer con seguridad jurídica y confianza en las instituciones públicas.
Esta política debería afrontar retos y oportunidades en cuatro frentes complementarios: el legislativo interno, el legislativo internacional, el institucional, y el contractual.
- Frente legislativo interno
Existe una urgente necesidad de articular un marco jurídico confiable y seguro para arrancar con el desarrollo económico. Esto implica modernizar la legislación nacional para facilitar la inversión extranjera, eliminar normas contradictorias o discrecionales y adoptar marcos regulatorios que generen un entorno jurídico previsible.
Los actuales obstáculos de índole legislativa pueden ilustrarse con la Ley Marcelo Quiroga
Santa Cruz, que permite la persecución penal de empresarios sin supervisión judicial efectiva. Esta norma ha sido usada en ocasiones como herramienta de presión o extorsión, afectando gravemente la confianza empresarial y dando a miembros del gobierno plena inmunidad para perseguir a empresarios extranjeros y domésticos que no siguen los dictados gubernamentales y, en muchos casos, ha sido utilizada retroactivamente, violando estándares internacionales de debido proceso.
Asimismo, la Constitución de 2009 prohíbe someter al Estado a arbitraje internacional en disputas vinculadas con hidrocarburos (art. 366). Aunque leyes posteriores —como la Ley 708 y el Dictamen General 002/2016— intentaron matizar esta disposición, persiste un marco hostil al arbitraje. Una nueva política económica debería delimitar de manera clara y racional los ámbitos en que el Estado puede acudir a arbitraje.
- Frente legislativo internacional
Bolivia debe reconstruir su red de tratados internacionales que garanticen protección jurídica a la inversión extranjera. Durante las décadas de 1980 y 1990, el país suscribió más de veinte acuerdos bilaterales de inversión con varios socios estratégicos —Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido y Francia, entre otros—. Sin embargo, los gobiernos del MAS desmantelaron este régimen jurídico, dejando a Bolivia prácticamente sin instrumentos internacionales de protección a la inversión.
La firma de nuevos tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones y la reincorporación al CIADI son pasos fundamentales para restaurar la confianza de los inversionistas y garantizar procedimientos de solución de controversias transparentes y eficaces. El Estado de Bolivia podrá aprovechar la necesidad de adoptar nuevos tratados de inversión para influir más eficazmente en la redacción de normas de protección de las inversiones y de fijar estándares de calidad de dichas inversiones que las empresas que quieran invocar esta protección deberán respetar y cumplir.
Es más, al margen de crear reglas claras y predeterminadas para la realización de inversiones en Bolivia, estos tratados son un mensaje a la comunidad internacional de que tanto en el plano internacional como en el interno el país va a respetar las inversiones. Ofreciendo esta seguridad a las empresas extranjeras, a su vez, hará que éstas también traten al gobierno del país como un interlocutor confiable, evitando así que las relaciones económicas externas inviten a la corrupción y al abuso de poder.
- Frente institucional
La reinserción económica también exige la reintegración activa de Bolivia en las instituciones financieras y económicas internacionales, como el BID, el BM, la OMC y por supuesto el CIADI. Participar plenamente en estas instituciones implica respaldar el multilateralismo y contribuir a la búsqueda de soluciones globales a los desafíos económicos y sociales.
Además, el Estado debe asumir un compromiso firme en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo su participación plena en la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND). Un entorno libre de economías ilícitas es condición indispensable para el desarrollo de sectores como el turismo, la construcción, la agroindustria o los servicios.
- Frente contractual
Este frente exige revisar los compromisos adquiridos con empresas chinas o entidades vinculadas a ellas. Durante los últimos quince años, numerosos proyectos de infraestructura e inversión industrial financiados con capital chino han resultado fallidos o ambientalmente dañinos, sin beneficios tangibles para el país. Bolivia debe replantear sus relaciones económicas con China priorizando la transparencia, la sostenibilidad y la reciprocidad. Ninguna estrategia de atracción de capital extranjero será creíble mientras subsistan prácticas empresariales que eludan los estándares mínimos de calidad y cumplimiento.
Conclusión
Esta hoja de ruta constituye un proyecto monumental pero imprescindible. A la luz de la compleja coyuntura económica actual, Bolivia necesita redefinir su relación con el mundo. Solo mediante un marco jurídico confiable para la inversión privada, instituciones fortalecidas y alianzas internacionales renovadas podrá recuperar la confianza de los mercados globales y retomar el camino del desarrollo sostenible.
(*) Bjorn Arp es Profesor del Centro de Arbitraje Comercial Internacional American University Washington College of Law
