Con Quiroga y Paz impulsando modelos de descentralización radicalmente distintos, la evidencia académica advierte que el éxito depende de un diseño técnico y no solo de la voluntad política. Bolivia carece de estudios sobre los resultados de sus 30 años de experiencia en descentralización.
La promesa de una mayor descentralización es un eje fundamental de la segunda vuelta presidencial. Mientras Jorge Tuto Quiroga propone un “paacto fiscal” que transferiría el 62% de recursos en competencias clave a las regiones, Rodrigo Paz Pereira aboga por una ruptura con el centralismo a través de su modelo “50/50”. Sin embargo, detrás de estos eslóganes de campaña existe una pregunta crucial: ¿qué dice la evidencia sobre los efectos reales de descentralizar?
La teoría económica ofrece argumentos sólidos a favor. Como señaló Charles Tiebout (1956), los ciudadanos pueden “votar con los pies”, mudándose a jurisdicciones que mejor satisfagan sus preferencias, lo que fuerza a los gobiernos locales a ser más eficientes. Wallace Oates (1972) añadió que los gobiernos subnacionales, al tener mejor información, pueden adaptar las políticas a las necesidades locales, aumentando el bienestar social.
Estos argumentos favorables se respaldan con evidencia empírica. Para Bolivia, Jean-Paul Faguet (2002) documentó que, tras la Ley de Participación Popular de 1994, la inversión municipal se reorientó significativamente hacia educación, agua y saneamiento, demostrando una mayor sensibilidad a las demandas ciudadanas. Estudios en Colombia (Faguet & Sánchez, 2013) confirman que la descentralización mejora la matrícula escolar y la cobertura en salud, siempre que la calidad del gasto y la toma de decisiones locales sean prioritarias.
Sin embargo, no todo el panorama es favorable. La teoría y la evidencia empírica alertan riesgos. Remy Prud’homme (1995) y Pranab Bardhan (2002) advierten que la descentralización puede aumentar la corrupción, ya que la mayor proximidad entre funcionarios y ciertos grupos puede generar redes de influencia y favorecer el clientelismo. Andrey Kyriacou y Oriol Roca-Sagalés (2019) encontraron que, descentralizar la salud tiene un impacto negativo en la eficiencia del servicio, efecto que se agrava cuando los alcaldes no están sujetos a partidos nacionales fuertes (Kyriacou & Roca-Sagalés, 2023). Daniel Treisman (2002) y otros señalan que los gobiernos multi-nivel pueden duplicar funciones, diluir la rendición de cuentas y fragmentar la prestación de servicios, especialmente donde la libertad de prensa es baja (Lessmann & Markwardt, 2010).
Aquí yace la gran paradoja boliviana. El país acumula más de tres décadas de procesos descentralizadores, desde la Participación Popular (1994) hasta las autonomías (2009), pero no existe una evaluación rigurosa y actualizada de sus resultados. El estudio de Faguet, aunque valioso, analiza un periodo corto (1991-1996) y una realidad institucional ya superada.
Ignoramos si las autonomías han mejorado la calidad del gasto, reducido la corrupción local o exacerbado las desigualdades regionales. ¿Funcionaría mejor el “50/50” de Paz o el “62/38” de Quiroga? No hay datos que lo sustenten. Proyectar un modelo sin este diagnóstico es como recetar sin conocer ni entender el malestar.
Las propuestas de Quiroga y Paz son un síntoma de una demanda legítima. Sin embargo, antes de definir porcentajes, se requiere una evaluación técnica independiente de los últimos 30 años. Se debe determinar, con evidencia local, qué competencias (educación, salud, seguridad) se benefician con la gestión local y cuáles requieren economías de escala centralizadas.
Como concluyen Jorge Martínez-Vazquez y sus coautores (2016), la descentralización tiene un impacto neto positivo cuando está bien diseñada e implementada. Bolivia tiene así una oportunidad histórica: reformar su modelo de descentralización con base en evidencia técnica sólida, superando la mera inercia política. La mejora de los servicios y la rendición de cuentas para la población depende de ello.
