En Bolivia hay una crisis política que ha exacerbado los insultos y las promesas de revancha, y que nos sitúa frente a un escenario de electoralización del odio, pero también ante el anonimato del espacio digital donde aparecen los aplaudidores de consignas antidemocráticas y antiderechos.
Por un lado, estas prácticas políticas han banalizado el momento de crisis actual y, por el otro, han dejado en el olvido los gravísimos problemas de siempre. La banalización de la democracia pasa mientras continúan los casos de infanticidios en los hogares de las niñas y niños; pasa mientras una adolescente es violada por su profesor; pasa mientras las madres, las hermanas y las hijas gritan justicia en las calles mientras el agresor sexual vuelve a violar impunemente gracias a un juez o fiscal corrupto que ha puesto precio a la dignidad de la víctima; pasa mientras una mujer ve con resignación que la asistencia familiar es un deseo, pero no es un derecho posible para sus hijos; pasa mientras un adulto rompe el silencio y decide denunciar el abuso sexual en su infancia, mientras la ley le dice que su derecho a la denuncia ha prescrito y, sin embargo, no ha prescrito su dolor y su trauma.
El acceso a la justicia es un privilegio de clase; por tanto, la impunidad tiene nombre: justicia clasista, patriarcal y corrupta, que concede arrogancia a los infanticidas y violadores de niñas, niños y adolescentes.
Los derechos de la niñez son el termómetro real del compromiso político electoral, es una deuda histórica que los planes de gobierno deben atender, no solo como urgencia electoral, sino como reflexión política que impulse acciones transformadoras en la vida de las niñas y niños.
Queremos un compromiso electoral que asigne presupuestos y formule acciones de gobierno conducentes a fortalecer el Sistema de Protección de la Niñez en todos sus ámbitos, a erradicar la pobreza infantil, a proveer alimentación digna para la primera infancia como parte de la soberanía alimentaria, el acceso a la justicia gratuita y especializada para víctimas, el fortalecimiento del sistema educativo con acceso gratuito, público, digital, despatriarcalizador y descolonizador, la protección a la niñez migrante dentro una política exterior que garantice sus derechos y prevenga los delitos de trata y tráfico, entre otros.
Estamos frente a un momento histórico para el país: las elecciones coinciden con el año del Bicentenario y con el año en el que se cumplen 35 años de la ratificación de Bolivia a la Convención de los Derechos del Niño. Además, el Código Niña, Niño y Adolescente cumple 11 años de vigencia. Es el tiempo oportuno para un debate histórico, para reflexiones colectivas y de renovación política.
Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, pero también son actores sociales, comunitarios e históricos, su participación debe ser incorporada a este debate nacional, a partir de refundar las relaciones intergeneracionales y profundizar la democracia.
Éste es el debate más importante que debemos alentar y resguardar como sociedad. Los políticos deben esforzarse no solo para ganar elecciones, sino para recuperar los sueños de la gente y proyectar un horizonte de esperanza. El futuro de las naciones se construye con actos que devuelvan la dignidad a las niñas y niños: es una premisa fundamental, significa poner la vida como el eje central de la agenda pública.
*Ninoska Durán es abogada especialista en Derechos Humanos.
