Bolivia compró su red de radares en 2016, durante el gobierno de Evo Morales, mediante la suscripción de un contrato por 13 equipos de uso civil y militar con la empresa francesa Thales Air Systems, por un costo de 220 millones de dólares (219 millones de euros).
La adquisición e instalación de los modernos equipos se estructuró a través del Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA), con el objetivo de controlar el tráfico aéreo, fortalecer la defensa del Estado y combatir actividades ilícitas como el narcotráfico. Además, el sistema debía brindar servicios a la aviación civil, generando ingresos para Bolivia.
Recaudaciones
Sin embargo, al no operar al 100%, el sistema no puede generar las recaudaciones proyectadas, como las tasas de sobrevuelo y servicios de control aéreo internacional, estimadas en al menos 20 millones de dólares. Por este motivo, el Ministerio de Defensa anunció auditorías integrales para determinar responsabilidades sobre la demora en su implementación.
“Bolivia pierde recursos al no tener el sistema de radares funcionando, relacionados con los sobrevuelos de la aviación civil y el pago de tasas. Son al menos 20 millones de dólares anuales”, aseguró el embajador de Francia, Olivier Fontan.
Este sistema de radares es autosustentable y beneficioso para Bolivia, ya que además de garantizar la soberanía aérea permite el cobro de tasas de sobrevuelo, lo que genera recursos para el Estado.
“Además de garantizar la soberanía aérea, permite que se puedan cobrar tasas de sobrevuelo, lo que es altamente beneficioso para Bolivia por la generación de recursos para el Estado”, dijo Fontan en una entrevista en el podcast Sin Maquillaje.
Mantenimiento
Otro aspecto señalado por el diplomático es que, al momento de la firma del contrato durante el gobierno de Evo Morales, no se incluyó un acuerdo de mantenimiento para los 13 radares con la empresa francesa Thales.
La falta de este contrato de mantenimiento ha provocado que el sistema no funcione al 100% diez años después de su compra. Sin mantenimiento preventivo, aproximadamente la mitad de los equipos no están operativos.
El sistema está compuesto por 13 radares: 7 de uso militar, 5 civiles ubicados en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad y Tarija, además de un radar móvil. El Centro de Comando y Control se encuentra en Cochabamba.
Se dividen en radares primarios y secundarios: Los primarios son de uso militar para la vigilancia y control del espacio aéreo. Los secundarios: son utilizados por instituciones como el servicio de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y DGAC.
Fontan aclaró que el problema no se debe al sistema ni a los equipos, ya que son de última generación y ampliamente utilizados en la región. “Existen cerca de 300 radares de este tipo instalados en Latinoamérica, siendo los de Bolivia los únicos que actualmente no funcionan por el tema de mantenimiento”, señaló.
Control
Otro de los objetivos de este moderno sistema es garantizar la soberanía nacional, combatir el narcotráfico y el contrabando, pero esto tampoco pudo concretarse debido a que, pese a contar con la Ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo (promulgada en 2014), que establece el marco legal para interceptar y derribar aeronaves irregulares, su aplicación estuvo paralizada por más de una década por la falta de un reglamento operativo oficial, necesario para definir los protocolos exactos y evitar responsabilidades legales para el Estado. Este recién fue aprobado el año pasado.
En octubre de 2025, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5477 para operativizar la Ley 521 y fortalecer el control mediante el uso de los radares franceses.
La ejecución de este sistema está a cargo del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo (COSDEA) y la administración de los servicios civiles se coordina con instancias como Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL).
Otro de los factores administrativos que contribuyeron a que el sistema funcione plenamente fue que al COSDEA recién le asignaron un presupuesto para su funcionamiento el año pasado.
A quince días de concluir su gestión, el gobierno de Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5477, que financia las operaciones, el mantenimiento de radares y el control del tránsito aéreo del sistema con un presupuesto anual asignado de 82,6 millones de bolivianos.
El decreto determina que este presupuesto será financiado de manera conjunta por cuatro entidades del Estado: NAABOL (77,3%), Ministerio de Defensa (15,4%), Ministerio de Gobierno (4,2%) y DGAC Bolivia (3,1%).
Auditoría
Tomando en cuenta estos antecedentes, con el cambio de Gobierno, el nuevo ministro de Defensa decidió iniciar una auditoría técnica junto a la empresa francesa Thales para poder reencaminar el proyecto y proceder a su puesta en marcha al 100% de una vez.
Representantes de la empresa proveedora llegaron al país a principios de diciembre de 2025, intercambiaron información con el Gobierno y definieron el inicio de la auditoría técnica. La Razón gestionó sin éxito una entrevista con el Ministerio de Defensa para obtener más detalles de este proceso.
El embajador de Francia aclaró que, una vez concluida la auditoría, recién se podrá poner en marcha la actualización del sistema para el funcionamiento de la red de radares en Bolivia.
