A casi un mes de la promulgación de la Ley 1720, campesinos de Pando y Beni que marcharon más de 20 días hasta La Paz lograron sumar el apoyo de organizaciones sindicales, indígenas y sociales para masificar las protestas y exigir la abrogación de la norma.
En una reunión en la ciudad de La Paz, distintas federaciones campesinas, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), el magisterio y otros sectores suscribieron un documento conjunto denominado “Pacto de Unidad por la Dignidad, la soberanía nacional, la defensa de la tierra y el territorio”.
En el acuerdo se comprometen a articularse en una sola plataforma de movilización.
Los marchistas reclaman que la Ley 1720, impulsada por el senador Branko Marinkovic, autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria en mediana o empresarial, lo que consideran un riesgo para los territorios indígenas y campesinos.
En paralelo, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA) se declararon en estado de emergencia en defensa de la norma. La CAO rechazó la marcha campesina y pidió la abrogación del Decreto Supremo 5613, que agiliza la dotación de tierras en Pando y Beni. “El 90% de los títulos individuales del país son de pequeños productores que quieren salir de la pobreza”, sostuvo su presidente, Klaus Frerking.
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La ADA, por su parte, advirtió que la crisis multisectorial amenaza la sostenibilidad de las granjas y exigió a los legisladores proteger el marco legal vigente. También respaldó las acciones de inconstitucionalidad contra el decreto 5613, al que calificó de norma “viciada” que genera inseguridad jurídica.
En medio de estas posiciones encontradas, el presidente Rodrigo Paz convocó a un encuentro nacional sobre tierras para fines de mayo, señalando que la Ley 1720 puede ser ajustada, pero no abrogada. “Ni oriente tiene que imponer a occidente, ni occidente tiene que imponer a oriente, pero tenemos que llegar a un acuerdo”, afirmó.
El escenario marca una creciente polarización: campesinos e indígenas que buscan la anulación de la norma y empresarios privados que la defienden como herramienta para impulsar inversión y competitividad.
