El Ministerio Público formalizó ante Uruguay la solicitud de extradición del excura uruguayo Juan José Sant’Anna, requerido por denuncias de abuso sexual contra al menos 30 menores de edad del internado Ángel Gelmi, en Tapacarí, Cochabamba.
La documentación enviada por la Fiscalía de Cochabamba sostiene que los hechos atribuidos al imputado se mantienen vigentes debido a la declaración de rebeldía dictada en 2011, la cual interrumpió los plazos de prescripción.
El caso fue reactivado tras la difusión pública del paradero del acusado en la ciudad de Salto, en Uruguay. La información oficial indica que las autoridades bolivianas pedirán la pena máxima al excura salteño.
Sant’Anna fue detenido tras cumplirse una alerta roja de Interpol. Las autoridades uruguayas lo trasladaron a detención preventiva mientras se analiza el pedido de extradición.
El tribunal de ese país informó que el caso continúa activo en Bolivia y que los elementos jurídicos presentados cumplen con los requisitos iniciales del proceso, señala un reportaje de Uruguayaldía.
En la primera audiencia, la defensa del acusado solicitó la detención domiciliaria con el uso de tobillera electrónica. Argumentó residencia fija, ausencia de intención de fuga y estabilidad familiar.
ACCIONES
Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo. La defensa también requirió precisiones sobre las edades actuales de las víctimas y datos de nacimiento para evaluar eventuales prescripciones según la legislación boliviana.
El juez aceptó solicitar esos datos para complementar el expediente.
La legislación boliviana establece diferencias relevantes respecto a los plazos de prescripción en delitos sexuales contra menores.
La defensa sostiene que la ausencia de información actualizada sobre las edades podría incidir en el análisis técnico. Aun así, la Fiscalía de Bolivia ratificó por escrito que pedirán pena máxima al excura salteño, aun en caso de recalificación del delito.
Los documentos enviados a Uruguay indican que los hechos investigados ocurrieron entre 2005 y 2007, período en el cual el internado Ángel Gelmi albergaba más de un centenar de menores en condiciones de vulnerabilidad.
La información detalla que psicólogos estatales constataron testimonios coincidentes de agresiones sexuales reiteradas.
También se consigna que, antes de su salida de Bolivia, el excura fue trasladado temporalmente a una residencia religiosa mientras se realizaban indagatorias preliminares.
REGISTROS
Los registros mencionan que Sant’Anna, días antes de la primera orden de aprehensión abandonó el país el 3 de noviembre de 2007.
La Fiscalía sostiene que el acusado reconoció hechos ilícitos ante un delegado eclesiástico previo a su huida. Esto se incluye en los documentos entregados a Uruguay como respaldo procesal.
El municipio de Tapacarí comunicó que inicialmente no disponía de información actualizada sobre la causa, pero que posteriormente estudió la documentación.
Las autoridades confirmaron su apoyo al planteo de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, organización que solicitó recalificar el delito de abuso deshonesto a violación.
Esta recalificación habilitaría la pena máxima de 30 años de prisión. La fiscalía de Cochabamba evalúa el pedido y podría presentarlo en la primera etapa del juicio oral.
Los representantes de la organización afirman que los testimonios reflejan hechos compatibles con agresiones sexuales graves. Argumentan que, en el momento de la imputación original, la figura penal aplicada no contemplaba adecuadamente la magnitud de los hechos denunciados.
