El Ministerio de Salud y siete instituciones del sector salud suscribieron el sábado un acuerdo de cinco puntos para reforzar la seguridad del personal de salud durante conflictos.
El fin es de precautelar el bienestar del personal y la atención de pacientes en los puntos de bloqueo registrados en la carretera Oruro – Cochabamba.
Las instituciones expresaron su profunda preocupación por los riesgos que enfrenta el recurso humano que continúa prestando servicios en zonas donde persisten los conflictos sociales.
Tras el análisis conjunto, se arribaron a cinco acuerdos que apuntan a proteger al personal de salud. Además asegurar la continuidad de los servicios y denunciar los actos que vulneran el derecho a la vida y la salud de la población. Especialmente de los sectores más vulnerables.
Como primer punto del acuerdo, las instancias exhortan a los grupos movilizados a deponer actitudes de violencia injustificada y desproporcionada contra la población en general. De forma particular, aquellas que atentan en contra de los sectores vulnerables protegidos por la Constitución Política del Estado que requieren el acceso sin restricciones a una oportuna prestación de servicios de salud.
El segundo punto establece sostener un trabajo conjunto permanente entre todas las instituciones asistentes. El propósito es elaborar un plan de ingreso y salida del personal de salud. Y, se garantice su seguridad e integridad. Esta acción se realizará en coordinación con los gobiernos municipales y el Servicio Departamental de Salud de Cochabamba.
COORDINACIÓN
El tercer acuerdo apunta a constituir canales de comunicación ágil para la coordinación en el traslado y repliegue organizado del personal de salud. Se instalará una mesa técnica de coordinación permanente que atienda con inmediatez las situaciones emergentes que resulten del conflicto social.
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Asimismo, las instituciones presentarán las denuncias y querellas ante el Ministerio Público, para su correspondiente investigación sobre los hechos considerados delictivos. También acudirán a instancias internacionales para interponer denuncias.
Finalmente, el quinto punto señala que las instituciones, como las máximas instancias representativas del sector salud, reafirman su compromiso con toda la población boliviana para garantizar el derecho y protección a la vida y el acceso a la salud que se constituyen en derechos fundamentales.
