Mil imágenes de la detención de Luis Arce inundan los medios: La foto del expresidente enmanillado. Luego declarando, cubierto con un gorrito beige. Marianela Prada, exministra de la Presidencia, denunciando su “secuestro”, con una foto tocando el muro detrás del cual se encuentra el detenido. Las bromas de mal gusto acerca de su cuerpo. Los memes, los videos generados con IA, los “me divierte”. No se ve por ningún lado a los comedidos que hasta hace pocas semanas tenían sus carteles de “Te extrañaremos Luchito”, ni a los virulentos “guerreros digitales” de antaño.
Una imagen que debería estar como marca de agua detrás de todas estas, es la de Marco Antonio Aramayo. Si es la primera vez que estás leyendo sobre él, no te preocupes, no va a ser la última. No debería serlo. La razón por la que Luis Arce está detenido no es por lo que hizo siendo presidente, sino por lo que dejó pasar siendo ministro en el ya infame Fondo Indígena. Es el motivo, además, por el que se somete a la justicia ordinaria y no a juicio de responsabilidades.
Aramayo fue posesionado director ejecutivo del Fondo Indígena el 4 de septiembre de 2013. Ese día, manifestó su compromiso para trabajar por los pueblos indígenas, siendo él mismo de tierras bajas y teniendo al guaraní como segunda lengua. Pidió informes. Quiso poner orden en la casa. Pero apenas llegó al cargo, descubrió la cantidad de cosas que estaban mal ahí. Se dio cuenta que lo habían puesto de fusible: para quemarlo. Su función era firmar y hacer la vista gorda. Pero sabía que si hacía eso, él también era pasible a sanciones. Había irregularidades por todo lado: sobreprecios, proyectos fantasma, contrataciones ilegales, designaciones a dedo, corrupción institucionalizada. Denunció los hechos, pensando que estaba cumpliendo con su deber y que las investigaciones iban a seguir su curso. En lugar de ello, el acusado pasó a ser él: con la justicia cooptada por el partido gobernante, por cada irregularidad denunciada le cayó un proceso distinto. En 2017, lo condenaron a 5 años de cárcel, por causas que él mismo había pedido investigar.
180 millones de dólares se estaban distribuyendo, mientras tanto, de manera ilegal y encubierta entre dirigentes de distintas organizaciones sociales que se estaban favoreciendo, llegando a instancias surrealistas: ovejas pintadas para atestiguar que eran de una raza de crianza cara. Proyectos de “turismo rural comunitario” en comunidades donde no había más que unas cuantas casitas sin agua potable. La creación de un pueblo fantasma para lograr la asignación de recursos. De 6 millones de bolivianos fue el desfalco descubierto a un exsenador del MAS por este pueblo que no existe, de nombre “Curuxa”. Pero solo se le aplicaron medidas sustitutivas.
Por más de 50 cárceles distintas transitó Marco Aramayo en ese vía crucis. Se instalaron 259 procesos en su contra y tuvo que comparecer ante 84 jueces y 91 fiscales distintos. “700 años en la cárcel”, dijo que tendría que pasar para cumplir con todas sus condenas. Mientras tanto, era amedrentado para autoinculparse e ir a proceso abreviado, cosa que nunca hizo. “Prefiero morir antes que declararme culpable y vender mis principios”, declaró. Sufrió 4 formas distintas de tortura: física, psicológica, biológica y sexual, según el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI).
El 19 de abril de 2021, Marco Antonio Aramayo falleció, debilitado por el covid-19, la tortura sistemática y el maltrato de un sistema que se ensañó en su contra, física y psicológicamente. Bolivia le debe una investigación profunda y que sus victimarios sean llevados ante la justicia. El pago de esa deuda solo ha comenzado.
Martin Diaz Meave
es publicista y comunicador estratégico.
