En medio de las campañas electorales, que buscan informar al votante, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia invitó a todos los candidatos al “Foro Económico Nacional Minero-Metalúrgico”, que debía realizarse el 22 de julio; la respuesta por todos los candidatos fue de ignorar la invitación, expresando de esta manera su indiferencia. Esta actitud debe interpretarse como discriminatoria, así evadiendo el debate de un tema de trascendencia nacional.
Este rechazo a una organización sindical no ocurrió con los gremios empresariales, agropecuarios, exportadores, industriales, a cuya convocatoria varios candidatos acudieron con prisa; así, se da una explicación a los patrones y se la niega a los obreros.
En términos teóricos todos somos iguales; sin embargo, la conducta de los partidos responde a intereses de clase; por ello, escuchar razones desde la otra orilla no sólo incomoda, sino que abre paso a visiones alternativas a las posiciones hegemónicas, que hoy se expresan en el desprecio a la fuerza del trabajador; por eso, se habla de trabajadores supernumerarios, de bonos improductivos, de subvenciones. Desde la otra visión, de los trabajadores, la crisis es motivada por la apropiación del excedente económico por una minoría, que lo transfiere al exterior bajo la forma de exportación de divisas.
En el caso de la minería, el dilema es fuerte, los intereses están centrados en los casi $us 7.000 millones que se exporta anualmente, de los cuales sólo una tercera parte retorna al país, para los gastos de operación e impuestos, mientras que el resto se queda en el exterior como ganancia neta. Este saqueo, como lo denominó Marcelo Quiroga Santa Cruz, se debe al carácter de exportador de materia prima, que nos impide dar valor agregado a los metales con la fundición e industrialización. Muy a pesar del clamor de la Constitución Política, donde se encarga este objetivo a la empresa estatal minera (COMIBOL), su cumplimiento está truncado: por una parte, por la serie de maniobras a nivel técnico, político y administrativo de las transnacionales; pero también por la actitud pasiva de los trabajadores mineros que logran impulsar proyectos y recursos, dejando que la burocracia dirija y disponga, sin garantizar resultados. Además, hay que destacar la falta de compromiso del gobierno y sus representantes para hacer cambios profundos. Entre estos podemos mencionar la cadena del estaño Huanuni-Colquiri-Vinto, para producir 18.000 TM de lingotes de estaño, donde se han invertido cerca de $us 200 millones; su parcelación impide que se logre este objetivo, cada uno defiende lo suyo. Por otro lado, Karachipampa ha logrado funcionar temporalmente, están identificados sus problemas, un impulso puede mover este complejo, que costó $us 200 millones y está paralizado desde 1985.
La mina aurífera de Amayapampa es un yacimiento conocido, que requiere la ejecución de un proyecto sostenible, su explotación con métodos artesanales sólo ratifica la pobreza de COMIBOL. El yacimiento de Mallku Khota, cuyas bondades han llevado a su nacionalización, se debate ante la incapacidad de ejecutar el proyecto; por problemas financieros, pero más por limitada capacidad técnica; mantener 150 obreros por más de diez años, no es poca cosa.
El litio parece ser la única preocupación de algunos candidatos; sin embargo, olvidan que hay dos plantas, de carbonato de litio y de cloruro de potasio, que han sido recibidas satisfactoriamente pero que no funcionan, debido a prejuicios políticos, que han fondeado un plan integral de desarrollo de recursos evaporíticos que llegaba hasta la fabricación de baterías.
La presencia del sector cooperativista es relevante en el sector minero. Sus principios de trabajo directo, la distribución equitativa, el desarrollo del hombre son loables y deben ser retomados con decisión y energía para parar la explotación del hombre por el hombre y dejar de ser simplemente los proveedores de minerales de las comercializadoras transnacionales.
Si bien la propuesta de lograr mayor valor agregado en el sector, en vez de seguir exportando materias primas, y lograr que lo ganado por las empresas privadas quede o sea devuelta al país, no ha dado resultado, esto no la quita del tapete al haber un nuevo gobierno, ya que la Constitución sigue vigente. ¡Los recursos naturales son propiedad de los bolivianos y las bolivianas!
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
