El 26 de junio se publicó el artículo “Congreso educativo: ¿En el olvido?”, en el que se afirmaba: “Pensar que el Congreso quede en el olvido es inaceptable. No puede la incertidumbre y la falta de información quedarse como resultados del máximo evento de la educación.” (Aguilar, La Razón). En línea con un enfoque democrático y considerando que el acceso a la información constituye un derecho, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) difundió a través de redes sociales el documento extraoficial de Conclusiones del Congreso Plurinacional de Educación. No obstante, pocos días después, y a solicitud del Ministerio de Educación, el documento fue retirado del acceso público.
Esta situación demuestra que el ente encargado de velar por la educación en el Estado Plurinacional de Bolivia no desea publicar las conclusiones y las deja en la clandestinidad, es decir que las mantiene en secreto, fuera de lo oficial, precisamente para evitar ser conocido o cuestionado públicamente. Gracias a la amplitud de la CBDE, el documento de conclusiones —en su versión preliminar, extraoficial o en proceso de redacción final— permite identificar que las líneas de acción y los formatos técnicos incluidos parecen derivar esencialmente de procesos de consultoría, más que de una construcción social, colectiva, participativa y democrática por parte de los distintos actores sociales y educativos que participaron en el congreso.
Una de las primeras observaciones es que el documento de conclusiones, si bien es una amplia recopilación de datos y un diagnóstico detallado de las problemáticas educativas, es menos propositivo en sus soluciones. Las “políticas y líneas de acción” se limitan a resumir los problemas o a expresar deseos generales, como “fortalecer y garantizar con infraestructura, equipamiento y profesional capacitado”, sin establecer mecanismos concretos de implementación, plazos definidos o responsables claros. Esto contrasta con la magnitud de un congreso que debería trazar políticas educativas precisas para la transformación educativa, con una mirada integral y holística.
Esta insuficiencia es aún más preocupante si se considera la urgente necesidad de fortalecer las políticas educativas de Estado, sustentadas de manera firme en las bases, principios y objetivos de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 070. Ambas normativas establecen un marco transformador para la educación boliviana, con énfasis en el derecho a la educación, la gratuidad, la descolonización, la intraculturalidad, la interculturalidad, el carácter científico y productivo, para una educación de calidad, pertinente social y culturalmente.
Sin embargo, si las conclusiones de un congreso de esta magnitud no logran articular líneas de acción que reflejen la profundidad y el alcance de estos mandatos constitucionales y legales, se corre el riesgo de que las políticas queden en meras sugerencias técnicas y declaraciones, sin la fuerza y la dirección necesarias para impulsar una verdadera revolución educativa que responda a las necesidades del conjunto de la sociedad, en su diversidad económica, social, cultural y regional.
Por ello, la situación actual exige una reflexión crítica sobre la necesidad imperante de políticas educativas más profundas y sostenibles. No basta con identificar los problemas o proponer soluciones técnicas aisladas; es fundamental que las futuras acciones se fundamenten en una visión integral que aborde las causas estructurales de las problemáticas, promueva una participación social genuina y garantice la inversión necesaria en infraestructura y calidad. Solo a través de un compromiso firme con políticas educativas que trasciendan lo coyuntural y se arraiguen en los principios de inclusión, equidad, diversidad y descolonización de la Ley 070, se podrá construir un sistema educativo verdaderamente transformador, capaz de responder a las necesidades y a la diversidad de la sociedad boliviana a largo plazo.
(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación
