El lanzamiento de la convocatoria al Congreso Plurinacional de Educación, realizado el 3 de junio de 2024, estuvo marcado por discursos grandilocuentes que apelaban a su trascendencia histórica. El presidente Luis Arce lo calificó como un «hito en la educación boliviana», mientras que el ministro Omar Veliz aseguró que era una «fecha que marcaría la historia del país». Estas declaraciones generaron una gran expectativa, pues prometían un espacio crucial para la reflexión y el futuro del sistema educativo boliviano.
Han transcurrido doce meses desde aquel lanzamiento oficial y el inicio de la etapa preparatoria. Considerando los datos consignados en la abandonada página web del congreso (Ministerio de Educación) cuya última nota de prensa data del 31 de agosto, los meses posteriores al anuncio se destinaron a realizar eventos participativos en todos los niveles del Sistema Educativo Plurinacional. Se llevaron a cabo 263 eventos distritales, se generaron 2.665 actas de mesas de trabajo y se registró la participación de 40.995 personas.
Como se puede observar, luego de realizados los eventos distritales y departamentales, el Ministerio de Educación contaba con miles de actas y documentos de trabajo que deberían haber servido como insumos fundamentales para el evento nacional. Sin embargo, esta expectativa no se materializó. Un primer esfuerzo en tiempo, recursos y participación fue frustrado.
Toda esa información tenía que haber sido sistematizada para constituirse en la base del debate congresal, pero, sorprendentemente, solo se entregaron reglamentos y guías metodológicas para el desarrollo del congreso. Las comisiones recibieron documentos con diagnósticos elaborados por consultores, lo que diluyó la riqueza de un debate democratizado, horizontal y participativo. Los documentos de conclusión de cada área temática, aunque recuperaron algunos criterios importantes, no reflejaron la profundidad esperada de un proceso tan significativo.
La clausura abrupta del congreso, resultado de las acciones desarrolladas por la Confederación de Maestros Urbanos y la posterior intervención policial, dejaron imágenes lamentables para un evento de tan alto nivel educativo. Este desenlace fue un golpe a la credibilidad institucional y un reflejo de la falta de un manejo adecuado de las expectativas y los conflictos. Nuevamente, tiempo, recursos, esfuerzos y esperanzas fueron desaprovechados, dejando una sensación de oportunidad perdida que pesa sobre el futuro de la educación en el país.
Han transcurrido siete meses silenciosos desde la conferencia de prensa del presidente del Presídium del Congreso, donde informó las conclusiones más importantes: la modificación de la malla curricular para mejorar la calidad educativa; incrementar el presupuesto para educación del 10,8% al 33%. Indicó, además, que el documento sería enviado al presidente Arce y a la Asamblea Legislativa Plurinacional para incluir los reajustes planteados en la Ley 070.
Después de todo este tiempo transcurrido, no existe información clara sobre si se ha cumplido lo indicado por la máxima autoridad del congreso. Mucho menos existen documentos públicos que hayan sistematizado las discusiones, debates y propuestas de las diferentes organizaciones participantes. Esta falta de cumplimiento con los anuncios realizados no puede ser uno más de los eventos que golpeen la educación. Es imperativo que la sociedad y los actores educativos conozcan los documentos de conclusiones. No difundirlos no solo ocasionaría un serio descrédito institucional, sino que también generaría responsabilidades por la omisión en un tema de tanto interés.
Pensar que el Congreso Plurinacional de Educación 2024 quede en el olvido es inaceptable. No pueden la incertidumbre y la falta de información quedarse como resultados del máximo evento de la educación, mucho más en este período electoral, donde las propuestas están sujetas a criterios ideológicamente predispuestos de destruir todo lo construido en el pasado.
(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación
