Bolivia viene atravesando una delicada coyuntura de profunda incertidumbre económica y política, que afecta significativamente las expectativas de la población en su conjunto y en particular de los agentes económicos.
Diversos estudios y encuestas recientes reflejan un panorama de desconfianza, percepción negativa sobre la economía y una profunda preocupación generalizada. Como es el caso del Monitor de Opinión Pública de Ipsos CIESMORI del primer trimestre de 2025, donde apenas un 7% de los bolivianos considera que el país va en la dirección correcta, una de las cifras más bajas de la región. Además, el 82% califica la economía nacional como “muy débil”, y un 67% percibe su situación financiera personal de la misma manera.
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Complementando estos datos, una encuesta nacional presentada en marzo de 2025 reveló que el 97% de la población percibe que la situación económica ha empeorado en el último año. Asimismo, el 68% afirmó que su situación económica personal y familiar también se ha deteriorado.
A este panorama se suma la “incertidumbre política y desconfianza institucional” en el marco del proceso eleccionario del próximo 17 de agosto, donde gran parte de la población asienta sus esperanzas y expectativas sobre mejores días para nuestra patria.
Lamentablemente, esas esperanzas se ven desilusionadas ante un panorama altamente tensionado y con los ánimos exacerbados. La inhabilitación del expresidente Evo Morales para las elecciones presidenciales de 2025 ha generado movilizaciones y protestas de algunos sectores. Asimismo, el anuncio del retiro de su postulación por parte del presidente Luis Arce, en medio de una baja en su popularidad y divisiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS) han contribuido a un ambiente de fragmentación política, falta de liderazgo, actitud y acción en la conducción y búsqueda de solución a la actual situación económica por la que atraviesa el país.
La actual crisis de institucionalidad también es un factor que genera desconfianza y credibilidad a la vez de alentar la incertidumbre en la sociedad. Según el Latinobarómetro 2024, solo el 10% de los bolivianos está satisfecho con el funcionamiento de la democracia, y la confianza en el sistema judicial se sitúa en un 13%, ubicando al país en los últimos lugares de la región en estos aspectos.
La incertidumbre política tiene un impacto directo y negativo en la economía, ya que desincentiva la inversión, afecta la confianza de los mercados y reduce la capacidad del gobierno para implementar medidas efectivas. A su vez, la crisis económica agrava el malestar social y la polarización política, creando un círculo vicioso.
Ante este panorama, parecería que la población boliviana demanda “actitud y acción” por parte de los actuales y futuros administradores del Estado, en sus diferentes niveles, para no deteriorar aún más la actual situación económica del país. Así como el desprendimiento y liderazgo necesarios para los futuros gobernantes que presenten propuestas claras y efectivas para solucionar temas altamente sensibles para la sociedad como ser: el sostenido crecimiento inflacionario, la alta volatilidad del tipo de cambio, la alta escasez de divisas, combustibles, medicamentos, insumos y algunos insumos de primera necesidad, y la corrupción en el ámbito público.
En momentos de incertidumbre, los gobernantes no deben mostrar desconocimiento o minimización de la problemática actual, eso solo alimenta el miedo y la desconfianza de la ciudadanía; que espera, líderes que hablen con la verdad, aún si es dura, pero que lo hagan de manera clara, frecuente y con empatía, lo cual implica escuchar activamente las preocupaciones de los diferentes sectores de la sociedad, reconocer sus necesidades, expectativas y dificultades. La “acción” ante la inacción siempre será una mejor opción, el comunicar activamente y de forma transparente, implementar políticas económicas y sociales mediante el diálogo y consenso, movilizar recursos y tomar decisiones difíciles sobre recortes o inversiones será menester.
Bolivia enfrenta un significativo desafío para restaurar la confianza de la ciudadanía en los líderes, instituciones y en la economía. Las próximas elecciones serán un momento crucial para definir el rumbo del país y responder a las expectativas de una ciudadanía que anhela estabilidad y progreso.
(*) Gustavo Jáuregui Gonzáles es asesor empresarial, especialista en gerencia de organizaciones empresariales
