El país está sumido no solamente en una crisis económica desde hace varios años, sino también en una crisis de institucionalidad profunda, cuya consecuencia es el debilitamiento de la democracia.
Las elecciones generales del 17 de agosto serán la prueba crucial: o encauzan el sistema democrático o terminan de hacerlo más vulnerable.
Lamentablemente, la situación es crítica desde hace varios años y hace poco, desde cuando Evo Morales no entendió los resultados del referéndum de 2016, desde cuando el Tribunal Constitucional validó una nueva candidatura del expresidente, desde cuando el exsecretario general de la OEA Luis Almagro se propuso en 2019 impedir la reelección de Morales (mayores referencias en Luis Almagro no pide perdón, editorial Planeta) y lo logró, desde el derrocamiento de Morales, desde cuando Luis Fernando Camacho “cerró” con militares y policías el hecho, desde cuando Jeanine Áñez se creyó la sucesora luego de una reunión extralegislativa y al amparo de un comunicado del Tribunal Constitucional (otra vez), desde cuando Carlos Mesa supuso que la de ella fue una “sucesión impecable”, desde cuando Morales y el presidente Luis Arce desordenaron la institucionalidad del país, desde cuando la Asamblea Legislativa se convirtió en un instrumento de escándalo y boicot político, desde cuando el Tribunal Constitucional (de nuevo) somete al Tribunal Electoral, desde cuando el Tribunal Electoral no hizo sus tareas respecto de las organizaciones políticas, desde cuando un juez puede definir la existencia de partidos o candidatos, desde cuando Morales insiste en ser candidato “por las buenas o por las malas” (Ponciano Santos) y bloquea por eso parte del país… Desde cuando un hombre, Peter Erlwein Beckhauser, pone en vilo la democracia y se propone colapsar el sistema político sin mayores dificultades, como lo dijo oficioso en las últimas semanas…
Desde cuando las organizaciones políticas no tienen vida orgánica y dan paso a las alianzas, que, “desideologizadas” y sin un plan de gobierno serio, improvisan candidatos.
Salvo Manfred Reyes Villa y su partido, APB-Súmate, que más o menos está incólume de problemas, todas las organizaciones y candidaturas sufren conflictos internos, denuncias de terceros y hasta litigios maritales.
También el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), de Eva Copa, que, no obstante, es una organización nueva e irrumpe de manera intempestiva en el proceso.
Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina provienen de la bifurcación de un intento de Bloque de Unidad; Eduardo del Castillo es el fusible de Luis Arce en el Movimiento Al Socialismo (MAS), Jaime Dunn no termina de cuajar su candidatura por Nueva Generación Patriótica (NGP), Rodrigo Paz “alquiló” hace unas semanas el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y perdió en el camino a su candidato a la Vicepresidencial, Paulo Folster acaba de paracaidista en la alianza de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Andrónico Rodríguez improvisa una alianza con el Movimiento Tercer Sistema (MTS) en graves conflictos y Jhonny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), busca auxilio para salvar su futuro político con un acuerdo con el senador.
Así, con tanta improvisación en los bloques de derecha y popular, se prevé que el electorado dispersará su voto y dejará a las representaciones legislativas sin mayoría capaz de sostener al nuevo gobierno. Se avistan una segunda vuelta y acuerdos legislativos cuya vigencia dependerá mucho de la repartición del aparato gubernamental y su convivencia obligada.
