Tras más de seis semanas de bloqueos, escasez de combustibles, encarecimiento de productos y dificultades de abastecimiento, el principal factor que comenzó a inclinar la balanza hacia una salida negociada no fue la victoria de uno u otro actor político, sino el desgaste acumulado de la ciudadanía.
Así coincidieron el consultor político Ricardo Paz y la analista Erika Brockmann, quienes advierten que una eventual desactivación del conflicto abrirá una nueva etapa marcada por mayores exigencias hacia el Gobierno.
Desgaste
En entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta, ambos coincidieron en que la prolongación de la crisis terminó afectando a todos los sectores involucrados. “Todos hemos perdido”, resumió Brockmann.
Así evaluó el balance de los más de 46 días de conflicto. Según la analista, el desgaste golpeó al Gobierno, a los sectores movilizados y, especialmente, a la población de La Paz y El Alto, que enfrentó largas filas, escasez y aumento de precios.
Paz considera que el conflicto debe entenderse dentro de una transición política más amplia. “Estamos viviendo una transición del Estado corporativo que nos ha tiranizado durante 20 años, a un intento de construcción de un Estado ciudadano donde impere la ley, el Estado de derecho y la institucionalidad”, afirmó.
Conflicto
En ese marco, sostuvo que diversos grupos corporativos se resisten a perder privilegios y encontraron en la conflictividad un mecanismo de presión.
El consultor destacó que, a diferencia de crisis anteriores, el Gobierno evitó recurrir a medidas de fuerza. “El gobierno ha mantenido el aplomo, ha mantenido la calma, con un enorme sacrificio ciudadano”, señaló.
No obstante, advirtió que la situación aún no puede darse por superada y que los sectores más radicales continúan intentando forzar una escalada del conflicto.
Para Brockmann, uno de los elementos que terminó debilitando las movilizaciones fue la pérdida de legitimidad de la medida de presión.
Análisis
La analista sostuvo que parte de la protesta fue “contaminada, desgastada y deslegitimada por el efecto tóxico del discurso de Evo Morales” y por posiciones radicales que terminaron alejando a sectores moderados.
Sin embargo, ambos coinciden en que una eventual tregua no significará una victoria política para el Ejecutivo.
Paz considera que el Gobierno llegará a la etapa posterior al conflicto en condiciones mucho más complejas que las que tenía al inicio de su mandato. “Hoy día el estado de ánimo es distinto. Todos hemos perdido, el gobierno también ha perdido una gran legitimidad y la ciudadanía está asustada; la incertidumbre es la norma”, afirmó.
El consultor señaló que el Ejecutivo debe aprovechar esta nueva oportunidad para corregir errores acumulados durante los primeros meses de gestión. “Tiene que reconocerlos y dar un golpe de timón, un giro de 180 grados en su manejo de la estrategia política, de la estrategia comunicacional y de las políticas públicas”, sostuvo.
Erika Brockmann
Brockmann comparte esa evaluación y plantea que el Gobierno debe comenzar por reconocer la magnitud de los daños provocados por la crisis.
A su juicio, la prioridad pasa por mejorar la gestión pública, acelerar reformas e institucionalizar áreas clave del Estado para responder a una ciudadanía que hoy demanda resultados concretos.
Más allá del desenlace inmediato de los bloqueos, ambos analistas coinciden en que la principal lección del conflicto es que la población terminó convirtiéndose en el actor decisivo.
El desgaste ciudadano debilitó la capacidad de presión de los movilizados, empujó a las organizaciones hacia el diálogo y colocó al Gobierno frente a una nueva realidad: la necesidad de recuperar la confianza perdida mediante gestión, resultados y respuestas efectivas.
