En el informe se señala que entre el 1 de mayo y el 2 de junio se registraron 365 personas arrestadas en operativos relacionados con bloqueos y movilizaciones en distintas regiones del país.
De ese total, 247 recuperaron su libertad, mientras que las 118 restantes se encuentran en diferentes situaciones jurídicas. La Defensoría del Pueblo mantiene el seguimiento de estos casos para verificar el respeto al debido proceso.
El documento atribuye el escenario de conflictividad a una combinación de factores económicos y sociales, entre ellos los problemas de abastecimiento de combustibles, el incremento del costo de vida, las dificultades para acceder a divisas y el encarecimiento de productos de la canasta básica. A ello se sumó una escalada de demandas sectoriales y políticas que derivó en movilizaciones y bloqueos de carreteras en gran parte del territorio nacional.
Bloqueos
De acuerdo con la entidad, hasta el 2 de junio se contabilizaron 103 puntos de bloqueo en siete departamentos del país, con mayor incidencia en Cochabamba y La Paz. La institución advirtió que estas medidas provocaron dificultades en el abastecimiento de medicamentos, oxígeno medicinal, alimentos y combustibles, además de afectar el funcionamiento de hospitales, hogares de acogida y centros de atención para poblaciones vulnerables.
La Defensoría informó que desplegó acciones humanitarias orientadas a la protección de la vida y la salud, incluyendo gestiones para garantizar el suministro de oxígeno medicinal, la coordinación de atenciones médicas de emergencia, la supervisión del acceso a servicios básicos y el acompañamiento a grupos en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas.
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Fallecidos
El reporte también consigna 10 casos de personas fallecidas presuntamente vinculadas al contexto de conflictividad. Estos hechos se encuentran en proceso de verificación defensorial para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron.
Asimismo, la Defensoría verificó 37 personas heridas durante las movilizaciones y los operativos, entre ellas efectivos policiales, manifestantes, transeúntes y dos periodistas. Los reportes incluyen lesiones causadas por proyectiles, explosiones de dinamita, golpes y afectaciones derivadas del uso de agentes químicos.
En cuanto a la libertad de prensa, la institución registró 28 hechos que afectaron a trabajadoras y trabajadores de la comunicación. Entre ellos se reportaron agresiones, amenazas, restricciones a la cobertura informativa, daños a equipos y otras formas de obstaculización del trabajo periodístico, tanto por parte de actores movilizados como en contextos de intervención policial.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades competentes a investigar de manera independiente, imparcial y transparente los fallecimientos ocurridos durante la crisis. Asimismo, exhortó a todos los actores involucrados a privilegiar el diálogo y garantizar el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso de la población a servicios esenciales.
