La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) expresó su preocupación por el agravamiento de la crisis social derivada de los bloqueos que afectan principalmente a La Paz y El Alto, y solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la situación y contribuir a la protección de la población.
La organización advirtió que la prolongación de las medidas de presión ha generado serias dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos, combustibles y servicios de salud, afectando especialmente a sectores vulnerables. Según la APDHB, las restricciones a la circulación y el abastecimiento configuran un escenario de emergencia humanitaria que requiere atención urgente de las autoridades nacionales y de organismos internacionales.
Derechos humanos
El pronunciamiento surge en medio de más de un mes de conflictividad social, marcado por bloqueos de carreteras, movilizaciones y enfrentamientos que mantienen aisladas varias regiones del país. La entidad defensora de derechos humanos sostuvo que la situación está repercutiendo en el ejercicio de derechos fundamentales de la población y llamó a priorizar soluciones pacíficas.
La solicitud coincide con recientes advertencias de la CIDH, que manifestó su preocupación por el impacto de los bloqueos en los derechos humanos y exhortó tanto al Gobierno como a los sectores movilizados a privilegiar el diálogo para reducir las tensiones. El organismo internacional también pidió garantizar corredores humanitarios para el traslado de pacientes, personal médico y el abastecimiento de productos esenciales.
Bloqueos
La APDHB señaló que la crisis no solo afecta a quienes participan directamente en las protestas, sino también a miles de ciudadanos que enfrentan dificultades para acceder a bienes básicos y atención médica. En ese marco, instó a todas las partes involucradas a evitar acciones que profundicen el conflicto y a generar espacios de concertación.
La CIDH, por su parte, recordó que los bloqueos prolongados pueden provocar graves afectaciones a derechos fundamentales y reiteró que el uso de la fuerza por parte del Estado debe ser considerado únicamente como último recurso, dentro del marco de los estándares internacionales de derechos humanos.
La organización internacional mantiene el seguimiento de la situación boliviana y ha expresado su disposición para acompañar procesos de monitoreo y cooperación orientados a la desescalada del conflicto.
