Según el Primer Reporte Preliminar sobre la Conflictividad Social en Bolivia de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 y el 24 de mayo de 2026 se reportaron siete fallecidos, 23 personas heridas y 321 arrestadas.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dijo que la “conflictividad deja huellas profundas en la vida cotidiana, en la salud y en la convivencia social. Sus consecuencias siguen presentes y latentes en distintos puntos del país”.
El documento describe intervenciones de la Policía en enfrentamientos con personas movilizadas en diferentes puntos de la ciudad de La Paz, así como operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para el desbloqueo de carreteras en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, desarrolladas entre el 16 y el 23 de mayo.
Según datos verificados por la Defensoría del Pueblo, con corte al 24 de mayo, de las 321 personas arrestadas, 221 fueron liberadas y 89 imputadas penalmente.
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Detenidos
Asimismo, 12 personas recibieron detención preventiva, 19 detención domiciliaria, cinco medidas sustitutivas y 10 fueron sentenciadas a tres años de privación de libertad mediante procedimiento abreviado.
El reporte también da cuenta de 23 personas heridas de diversa gravedad, entre ellas tres policías, dos periodistas, cinco terceros afectados y 12 personas movilizadas.
Además, el informe registró siete fallecimientos ocurridos en el contexto de la conflictividad social, algunos de los cuales aún se encuentran en proceso de investigación por el Ministerio Público.
Sin embargo, el Gobierno reportó la muerte de cuatro muertes debido a falta de atención médica productos de los bloqueos que impiden el paso de ambulancias. Además, confirmó el fallecimiento de un joven de 24 años producto de un impacto de bala; el caso aún está en investigación.
“La vida no puede seguir quedando en medio del conflicto”, enfatizó Callisaya al exhortar a las partes a generar espacios de encuentro y soluciones pacíficas en beneficio de la población boliviana.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo activó un protocolo institucional de intervención basado en dos líneas de acción: una humanitaria, destinada a garantizar la protección de derechos fundamentales y la atención de emergencias; y otra dialógica, orientada a promover espacios de encuentro y resolución pacífica de los conflictos.
En la línea humanitaria, la institución realizó gestiones de intermediación que permitieron el ingreso de 40 toneladas de oxígeno medicinal desde Desaguadero y la carretera Oruro–La Paz hacia la ciudad de El Alto.
Derechos humanos
Asimismo, efectuó gestiones para atención médica, verificativos en mercados, estaciones de servicio y hospitales de La Paz y El Alto para supervisar la provisión de medicamentos, fórmulas y alimentos esenciales, además de acciones de protección de derechos humanos, monitoreo territorial y verificación del debido proceso de personas arrestadas.
La institución defensorial también emitió pronunciamientos en resguardo del trabajo de la prensa ante las agresiones registradas durante la cobertura de los conflictos.
Resalta también que, en el ámbito de la gestión de la conflictividad, la Defensoría del Pueblo emitió pronunciamientos conjuntos con la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y provincias, impulsó convocatorias al diálogo y mesas técnicas, realizó monitoreo al cumplimiento de estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y publicó comunicados orientados a resguardar la independencia y transparencia institucional.
