La Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil expresaron este lunes su preocupación por la crisis que atraviesa Bolivia y alertaron sobre el impacto de los conflictos en la seguridad, la salud y el abastecimiento de la población.
En un comunicado, las instituciones advirtieron que la persistente conflictividad afecta el derecho a la vida y la integridad física de los ciudadanos, además de provocar escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno en varias ciudades del país.
El despacho también alertó sobre una escalada de violencia, una mayor polarización social y la demora en la instalación de un proceso de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados.
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Frente a este escenario, la Defensoría y las organizaciones firmantes convocaron de manera “inmediata y urgente” a autoridades nacionales, departamentales, municipales y actores políticos a instalar un diálogo estructurado y efectivo.
El documento señala que el proceso debe garantizar escucha activa, respeto mutuo y participación sin presiones ni represalias. Asimismo, plantea que el diálogo debe asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos y el respeto a la diversidad de opiniones.
Las instituciones también pidieron construir una “hoja de ruta clara” para enfrentar la crisis y reclamaron mecanismos permanentes de participación ciudadana en la gestión pública.
Según el comunicado, las soluciones no deben limitarse a medidas temporales o coyunturales, sino apuntar a acuerdos sostenibles que permitan fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar gobernabilidad en el país.
Entretanto, el presidente Rodrigo Paz se encuentra en Sucre, Chuquisaca, en los actos protocolares por los 217 años del Primer Grito Libertario de América Latina.
