El Gobierno gestiona la presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas (ONU) para acompañar y observar la crisis política y social que atraviesa Bolivia, marcada por bloqueos, movilizaciones y episodios de violencia en La Paz y otras regiones.
El canciller Fernando Aramayo informó que Bolivia solicitó el respaldo de organismos internacionales para visibilizar la situación que enfrenta el país y denunciar los intentos de desestabilización contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Gobierno
“Lo que queremos, como bien dice, es transparentar todas las acciones y actuaciones que hemos venido desarrollando, y para eso nos parece fundamental que cualquier tipo de especulación se pueda dilucidar con una presencia internacional de ese nivel”, dijo la autoridad a Fama Poder y Ganas.
La administración de Paz también espera que la comunidad internacional acompañe eventuales procesos de diálogo entre el Ejecutivo y sectores movilizados.
«Lamentablemente están distorsionando lo que está sucediendo en el país, que tiene una sola denominación: desestabilización democrática y sedición”, afirmó el ministro.
Respaldo
Este miércoles, el Consejo Permanente de la OEA tenía previsto analizar la situación política y social de Bolivia en una sesión convocada en Washington.
La reunión fue promovida luego de las alertas generadas por los bloqueos, los enfrentamientos en La Paz y El Alto y las dificultades de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal.
En los últimos días, el Gobierno denunció que parte de las protestas tiene fines desestabilizadores y vinculó algunos hechos violentos con sectores afines al expresidente Evo Morales.
Las movilizaciones dejaron decenas de heridos, daños a instituciones públicas y privadas, además de más de un centenar de personas arrestadas y aprehendidas en La Paz.
Conflicto
El Ejecutivo reiteró que mantiene abierta la posibilidad de diálogo con organizaciones sociales, aunque advirtió que no negociará con grupos que promuevan violencia o actos vandálicos.
En medio de la tensión, organismos internacionales y gobiernos de la región expresaron preocupación por la situación boliviana y llamaron a preservar la democracia, el orden constitucional y los derechos humanos.
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