El viceministro de Transparencia, Yamil García, cuestionó los pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz y aseguró que este tipo de solicitudes no se enmarcan en la Constitución ni en el orden jurídico.
El funcionario afirmó que estas expresiones constituyen una acción “ilegal, antijurídica y antidemocrática”.
Consideró además que los bloqueos de sectores radicales vulneran los derechos fundamentales vinculados a personas fallecidas y a colectivos ciudadanos afectados por los conflictos.
La noche del miércoles, el Gobierno informó que dos personas fallecieron en medio de los bloqueos cuando necesitaban atención médica de emergencia.
A su vez, La Paz se encuentra cercada debido a que los puntos de bloqueo se instalaron en los límites del departamento. Los manifestantes no permiten el ingreso de alimentos y productos de la canasta familiar.
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De ese modo, García señaló que las instituciones correspondientes deben actuar dentro de sus competencias para identificar a los responsables de estos llamados y someterlos a procesos de investigación y eventual responsabilidad ante la justicia.
El viceministro también diferenció el derecho a la protesta de situaciones que implican vulneración de derechos constitucionales. Afirmó que cuando se afecta la vida de las personas o a sectores vulnerables no se puede justificar bajo el argumento de protesta social.
Indicó que el Estado mantendrá seguimiento sobre estos hechos y que las instancias competentes deberán determinar responsabilidades conforme a normativa vigente.
La Central Obrera Boliviana (COB) exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que ganó en la segunda vuelta de las elecciones generales de 2025.
