La Ley 1731, que deja sin efecto la polémica Ley 1720, de reconversión de tierras, ya forma parte de la Gaceta Oficial del Estado y ello constituye el cierre formal de una de las normas más cuestionadas de las últimas semanas.
La nueva disposición, promulgada el 13 de mayo por el presidente Rodrigo Paz, establece en un único artículo la abrogación total de la Ley 1720, aprobada apenas un mes atrás. Todo ello, se dio después de protestas, marchas y bloqueos protagonizados por organizaciones campesinas e indígenas que rechazaban el contenido de la anterior normativa.
La Ley 1720 autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir pequeñas propiedades tituladas en medianas propiedades a solicitud de sus propietarios. El argumento señalaba que la medida permitiría a pequeños productores acceder a créditos.
Sin embargo, distintos sectores denunciaron que el cambio abría la puerta a la mercantilización de tierras campesinas y al riesgo de pérdida de predios por endeudamiento, debido a que las propiedades convertidas podían quedar sujetas a hipotecas y embargos.
Lea también: Paz abroga la Ley 1720 y anuncia nuevo pacto sobre tierras
Las críticas derivaron en movilizaciones nacionales y una marcha desde el norte amazónico hacia La Paz.
La presión social llevó primero a la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado y, una vez más, a la Cámara Baja para, por fin, aprobar la anulación de la norma. Finalmente, el Ejecutivo promulgó la nueva Ley 1731 y oficializó su publicación.
El texto aprobado no solo elimina la anterior disposición, sino que además fija un plazo de 60 días para que las cámaras de Senadores y Diputados elaboren una nueva propuesta agraria concertada con sectores sociales y productivos.
La norma también establece que el futuro debate deberá preservar expresamente la protección de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), territorios indígena originario campesinos, comunidades y áreas de reserva natural.
Otro punto central señala que el proceso de concertación tendrá participación de entidades nacionales y departamentales con representación legal reconocida, tomando como base las Comisiones Agrarias Departamentales creadas por la Ley INRA de 1996.
Desde el Gobierno, el presidente Rodrigo Paz sostuvo que la abrogación responde a los acuerdos alcanzados con distintos sectores movilizados y afirmó que ahora corresponde construir una nueva legislación “consensuada y equilibrada”.
La controversia alrededor de la Ley 1720 se convirtió en uno de los principales focos de conflictividad social del país durante las últimas semanas, con bloqueos de carreteras, marchas indígenas y pedidos de derogación impulsados por organizaciones campesinas y sectores sociales.
