La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Luisa Nayar, instruyó a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Legislativo edil la reestructuración administrativa en el ente que representa. Esto con la finalidad de aplicar una política de austeridad.
“El objetivo de la reestructuración es garantizar la sostenibilidad institucional y el uso responsable de los recursos públicos. El 5 de mayo, el alcalde Manuel Saavedra promulgó el decreto municipal de austeridad y ahorro público del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra’”, se lee en la nota enviada a la MAE.
Nayar señaló que el exalcalde Jhonny Fernández dejó en crisis la situación financiera de la administración municipal. En tal sentido, señaló que se “acabó la agencia de empleos” en el Concejo.
“En mi condición de presidenta del Concejo, solicito la implementación inmediata de una política de austeridad institucional, a través de una reestructuración administrativa y funcional del Concejo Municipal, que contemple la reducción del personal, priorizando criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera”, reza otro fragmento del documento.
DECRETO
El pasado 5 de mayo, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, firmó un decreto municipal de austeridad. Anunció la reducción del personal administrativo hasta en un 20% en el plazo de un año.
“Hoy hemos firmado un decreto de ahorro y austeridad en los recursos, en la plata de la gente. Queremos que se acaben las fiestas con nuestros recursos”, indicó.
Explicó que la norma contempla la reducción del aparato administrativo municipal en un 20% en el lapso de un año. Además de la eliminación de gastos en publicidad y viajes al exterior. Añadió que los vehículos municipales no estarán disponibles para usos no institucionales.
Informó que la norma entra en vigencia desde su emisión y que busca generar un ahorro de recursos en la administración municipal.
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Saavedra cuestionó la gestión del exalcalde Jhonny Fernández. Le atribuyó gastos que calificó de “millonarios e irresponsables”. Entre ellos la compra de material de escritorio y papelería por 100 millones de bolivianos, publicidad por casi 100 millones y 27 millones en combustible.
