El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Boris Arias afirmó que el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, debe ser esclarecido “con transparencia y claridad”.
Sostuvo que dicha acción evitará que la violencia y el crimen organizado profundicen la sensación de inseguridad en el país.
Durante una entrevista con radio Panamericana, Arias sostuvo que la principal preocupación no solo alcanza a las autoridades judiciales, sino también, por ejemplo, a periodistas, dirigentes sindicales y ciudadanos que ejercen funciones sensibles o de riesgo.
Boris Arias
“Si el crimen organizado desborda el control de la Policía y de las instituciones ordinarias, entonces no solamente los jueces se deben sentir inseguros, sino todos los ciudadanos”, afirmó el magistrado.
La autoridad remarcó que la respuesta estatal frente al crimen será determinante para evitar nuevos hechos violentos. “En la medida en la que sepamos con claridad qué es lo que ha ocurrido, cuáles han sido las circunstancias y quiénes son los autores intelectuales y materiales, y estos sean castigados respetando el debido proceso, podremos sentirnos más seguros”, señaló.
Arias consideró que el asesinato de Claure expone debilidades estructurales en materia de seguridad ciudadana y reveló que actualmente no existen protocolos específicos de protección para magistrados y operadores de justicia en casos de alto riesgo.
Víctor Hugo Claure
“En el Tribunal Constitucional vimos que no tenemos protocolos sobre esta temática. Se discutió la necesidad de que magistrados y personal cercano tengan algún tipo de capacitación por parte de la Policía”, explicó.
El magistrado insistió en que la solución no pasa únicamente por custodias policiales o medidas individuales de seguridad, sino por una política pública integral que fortalezca la capacidad investigativa y preventiva del Estado.
“No se trata solo de usar un chaleco antibalas o estar rodeado de policías. Las condiciones de seguridad tienen que ver con una política pública en materia de seguridad ciudadana”, manifestó.
En criterio de Arias, una decisión judicial tomada bajo amenazas o temor pone en riesgo la credibilidad institucional y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
Seguridad
“Nadie cree que una decisión tomada con una pistola en la cabeza o bajo amenazas esté en el marco del derecho”, sostuvo.
Respecto al impacto internacional del crimen, el magistrado reconoció que la imagen de Bolivia puede verse afectada por el asesinato de un juez de alta corte. Sin embargo, afirmó que una investigación seria podría convertirse en una oportunidad para fortalecer la institucionalidad.
“Es una cosa terrible que hayan matado a un juez de alta corte, pero si el Estado responde de manera adecuada, condenando a los auténticos responsables, también puede mostrar que la institucionalidad ha mejorado”, declaró.
Investigación
Finalmente, Arias pidió que el caso no quede en la impunidad y advirtió que la ciudadanía espera respuestas claras de las instituciones encargadas de la investigación.
El magistrado Claure murió a bala la noche del 30 de abril, cuando llegaba a su domicilio en Santa Cruz de la Sierra. Según el reporte oficial, la autoridad judicial recibió cuatro impactos de bala que terminaron con su vida.
Ahora la investigación se encuentra en reserva. Sin embargo, se conoce que el principal sospechoso ya se encuentra con detención preventiva en el penal de Palmasola, en la capital cruceña.
